Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), Acción Solidaria contra el Sida (Acsol) y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) introdujeron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la finalidad que se revoque la medida que restringe el horario de servicio de los tribunales.
Humberto Prado, director de OVP, explicó “vinimos a interponer una medida de amparo intercalada y nominada solicitando la desaplicación de la resolución que recorta el horario de trabajo al poder judicial, en vista que aquí se está viendo afectado derechos fundamentales y constitucionales, como es el acceso a la justicia”.
El abogado penalista y asesor de la organización, Juan Carlos Gutiérrez, explicó “lo que existe es un racionamiento de la justicia y no se puede producir violaciones a los derechos fundamentales, por parte del Estado, argumentando razones económicas. El Estado tiene todos los mecanismos de endeudamiento, de financiamiento internacional para solventar situaciones de esta naturaleza sin necesidad de recurrir a la violación sistemática de derechos fundamentales, especialmente en materia de justicia y eso es fundamentalmente la esencia del amparo”.
Sobre el plan de racionamiento y sus efectos sobre el sistema judicial, Gutiérrez, afirmó “se tiene que abrir fuentes alternativas de energía (…) plantas eléctricas son respuestas y alternativas que el estado venezolano tiene la obligación de darle a la colectividad, más allá de un racionamiento que nos afecta a todos”. Por su parte, Prado agregó “la situación se trata no de paralizar la justicia, si no, que la justicia inmediatamente esté dentro del horario normal, para qué, por lo menos no se vean afectados derechos fundamentales”.
En el informe anual de Provea las cifras que ofrece el sistema judicial venezolano en materia de condenas es deficiente, en efecto, para el período octubre 2008-septiembre 2009, “sólo 34% de las persona privadas de libertad estaban condenadas”, por otra parte, el 66 % de las personas en situación de encarcelamiento se encuentra en proceso, lo cual identifica como una grave problemática el retardo procesal. Esta situación se pudiera agravar con la medida que limita el horario de trabajo del poder judicial.
Prensa Provea, 01.02.10
