Peleles vestidos con toga», «faltos de ética» y «representantes del imperialismo». Estos fueron algunos de los calificativos que estos días representantes de distintos Poderes Públicos lanzaron contra el jurista peruano Diego García-Sayán y los otros seis miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por haber analizado la inhabilitación que la Contraloría General de la República le impuso al ex alcalde de Chacao, Leopoldo López.
Sin embargo, estos improperios no le «quitan el sueño» al presidente del tribunal, con sede en San José (Costa Rica), quien rechazó responderlos alegando que no «es político» y que su función es pronunciarse a partir de «argumentos de hecho y de derecho».
Al culminar la primera sesión de la audiencia oral y pública relacionada con el caso de López, García-Sayán concedió una entrevista a El Universal en su despacho de la pequeña casa blanca donde funciona el juzgado y en ella también se pronunció, aunque de manera muy cautelosa, en relación con las reiteradas amenazas del Gobierno de retirarse de la jurisdicción de la Corte y sobre la posibilidad de que se materialice la propuesta venezolana de crear un nuevo juzgado.
-En los últimos 15 años la Corte Interamericana ha dictado 10 sentencias relacionadas con Venezuela y de ellas, las autoridades apenas han cumplido parcialmente dos (casos masacre de El Amparo y El Caracazo). ¿Cómo evalúan ustedes a esta situación?
-Simplemente debo reiterar lo que está en el tratado, en la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual fue suscrita por decisión soberana de los Estados y no impuesta por ninguna potencia extracontinental o extraplanetaria, en ella los Estados se comprometen a cumplir con los fallos de la Corte. ¿Cuál es el balance que hace la Corte después de más de 30 años? En general las sentencias de la Corte, que son complejas, sí se cumplen. Son complejas no sólo por la realidad a la que se refieren, sino porque las conclusiones de las sentencias, lo que se llama reparaciones dispuestas, incluyen una amplia gama de cosas que pueden ir desde indemnizaciones económicas, actos de reconocimiento de responsabilidad, cambios de normas, investigaciones sobre violaciones pasadas, de manera que son sentencias complejas de ejecutar y supervisar. De todas maneras la Corte constata que la mayoría de las sentencias se acatan. Ejemplo de ello es que el 80% de las reparaciones económicas impuestas a los Estados se han pagado.
-El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inejecutable una de sus sentencias (caso Corte Primera de lo Contencioso Administrativa) e instó al Ejecutivo Nacional a retirarse de la jurisdicción de la Corte. ¿Eso es normal en la región o Venezuela es la excepción?
-No quisiera insinuar ninguna calificación sobre este hecho, porque éste es materia de la supervisión de la Corte y sobre ello la Corte se pronuncia en una resolución y el presidente no puede adelantar un criterio. Pero en líneas generales puedo decir que ese no es el patrón de respuesta de los Estados ni el de Venezuela y pese a todo lo que se ha dicho Venezuela sigue siendo parte de la Convención y comparece regularmente ante la Corte defendiendo sus planteamientos.
-¿No le preocupa que Venezuela siga el ejemplo de Trinidad y Tobago y denuncie la Convención?
-Muchas veces en la vida política, diplomática o en las relaciones de las personas se pueden decir muchas cosas, pero lo que al final prevalece es lo que se hace.
-¿Cuántos países cumplen o hacen esfuerzos por cumplir las resoluciones de este tribunal? ¿Son la mayoría o una minoría?
-Sin lugar a duda son una mayoría los que cumplen, lo que no quiere decir que en todos los casos, todas las sentencias están cumplidas perfectamente, pero sí hay un diálogo permanente con los Estados.
-El Gobierno del presidente Hugo Chávez acusa tanto a la Corte como a la Comisión Interamericana de estar parcializados en su contra y de responder a las órdenes de los Estados Unidos. ¿La Corte le tiene animadversión a la actual administración venezolana?
-La Corte no tiene ningún tema político en debate con el Gobierno venezolano ni con ningún Gobierno, porque la Corte no es un foro político. Si alguien hace apreciaciones políticas en la Corte y sobre la Corte, pues la Corte no tiene nada que comentar sobre eso. Tomamos nota y pasamos a otra cosa.
La Corte es un tribunal que está para conocer argumentos de hechos y derecho sobre los casos que conocemos. La Corte tiene más de 30 años de experiencia y en esa experiencia han pasado muchas cosas y se han dicho muchas cosas en la Corte y sobre la Corte, a favor y en contra. El tribunal se defiende con sus actos, el tribunal ha sido independiente y es independiente y su parámetro de referencia no son los argumentos políticos, sino la Convención Americana. No nos quita el sueño que pueda haber apreciaciones que busquen descalificar a los jueces, porque la independencia de los jueces no está en discusión.
-El problema está en que las autoridades consideran que la Corte tiene un «especial interés» en lo que ocurre en Venezuela y afirman que ella no actúa con la misma prontitud en casos referidos a otros países.
-Hoy día todos los países de América Latina han tenido o tienen un caso ante la Corte, de manera que nadie podría decir que hay una focalización en algunos países, porque además la Corte, como cualquier tribunal, no escoge los casos, los casos nos llegan y nos llegan de todos los países. El que dice que hay una onda persecutoria contra algunos países se equivoca, porque hay una pluralidad de casos.
-En el marco de los ataques y descalificaciones que ha lanzado el Gobierno contra el sistema interamericano de Derechos Humanos, pues el año pasado lanzó la propuesta de crear un nuevo sistema. ¿Le preocupa este anuncio?
-En lo absoluto me preocupa esta propuesta, mientras más gente haya defendido los derechos humanos en el mundo, mejor. Sin embargo, creo que cualquier propósito que haya en ese sentido, por noble que sea, se puede enfrentar a una serie de problemas prácticos muy importantes.
Este tribunal, que no ha sido creado por disposición de ningún país sino como un esfuerzo colectivo de los países América Latina, pasados más de 30 años todavía requiere un mayor compromiso y consolidación de los Estados que lo crearon. Si este tribunal pudiera sustentarse adecuadamente con los recursos de los países que crearon a la Corte y más adelante surge otro, pues perfecto, pero soy escéptico en esa materia.
-¿No teme que el objetivo real de esta propuesta sea simplemente debilitar al actual sistema?
-Podemos especular mucho, pero la complejidad de la creación de un tratado que se traduzca en la fundación de un tribunal internacional es muy grande. Yo no sé si hay una propuesta en ese sentido.
Los países de la Unión de Naciones de Suramérica (Unasur), que son de donde provienen los casos que conoce la Corte, son a la vez los países que expresan en público y privado su compromiso con la Corte. Con la mayoría de esos países no solamente hay un diálogo constructivo para el cumplimiento de las sentencias sino que también son los que aportan directamente recursos para el sostenimiento de la Corte.
-¿No sería mejor tomar medidas para perfeccionar el sistema actual en lugar de crear otro?
-Sí y creo que eso es lo que en los hechos ocurrirá, porque este tribunal tiene dificultades para funcionar, por problemas de presupuesto; y por eso me preguntaría quién o quiénes financiarían ese posible nuevo tribunal.
-¿Cuánto cuesta mantener operativa esta Corte?
-Este es el tribunal internacional con menos recursos en el mundo y es el único en el que los magistrados no tienen un sueldo para dedicarse a tiempo completo a sus funciones. El presupuesto ordinario proveniente de la Organización de Estados Americanos (OEA) es de dos millones de dólares y a ello hay que sumarle una cantidad parecida que se obtiene a través de la cooperación internacional con países de la región, como México, Brasil o Colombia; o de otros países de fuera del continente, tales como España.
Lo que digan en San José es ley
En varias ocasiones, durante la conversación, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el magistrado Diego García-Sayán, dejó en claro que las resoluciones de esa instancia son de obligatorio cumplimiento para los Estados de América, incluida Venezuela, pues ellos así lo decidieron al firmar el tratado que lo creó.
«Las sentencias son vinculantes», afirmó el jurista peruano. Estas palabras contrastan con las de algunos funcionarios públicos, en especial la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Luisa Estella Morales, quien indicó que un eventual fallo que favorezca al ex alcalde de Chacao, Leopoldo López, deberá ser analizado por ellos para determinar si se aplica o no.
El jurista peruano demandó de las autoridades de todos los países de la región que acaten los dictámenes del juzgado, pues indicó: «La verdadera potencialidad del sistema interamericano de no está en su capacidad institucional de procesar todos los casos de Derechos Humanos del continente, su repercusión está en que los Estados vayan incorporando los criterios ya sentados, porque lo que no podemos hacer es decirle a los jueces del continente que sentencien de acuerdo como lo que hemos hecho».
Pese a los problemas, se mostró optimista sobre el futuro de la región. «El proceso de democratización en casi todos lados plantea demandas que hace 15 o 10 años eran irreales. Ahora llegan a la Corte ciudadanos que reclaman al Estado acceso a documentos o pueblos indígenas que exigen respeto a sus derechos colectivos al momento de que los Estados entreguen concesiones mineras o forestales en sus territorios. Antes teníamos una percepción de derechos más limitada, que nos dejen votar o acceso a la libertad de expresión, hoy día queremos más cosas», remató.
Juan Francisco Alonso.
Fuente: El Universal. 05.03.2011
