Al cumplirse un mes del inicio del Operativo de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), Provea considera necesario hacer un balance a la luz de las numerosas denuncias de abusos y excesos policiales ocurridos en distintas zonas populares del país durante la aplicación de estos operativos. Para Provea la pertinencia de una política, plan o medida implementada por el Estado no es cuantificable desde el punto de vista de la popularidad de la misma en la opinión pública. Así, a pesar de las afirmaciones hechas por altos funcionarios del Estado y agencias encuestadoras sobre la popularidad del OLP, insistimos en que este plan supone graves riesgos para los derechos humanos y constituye un retroceso respecto a los avances alcanzados durante el proceso de reforma policial impulsado por el fallecido Presidente Chávez y encabezado por la Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol). A lo largo de la historia medidas impulsadas por distintos gobiernos han gozado de altos niveles de popularidad y aceptación en la opinión pública, sin embargo, muchas de ellas se han traducido en violaciones de derechos humanos. En nuestra opinión el OLP es una razzia dirigida a criminalizar y estigmatizar a los más pobres, pero también a otros sectores de la sociedad.
Según las cifras suministradas en el portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP) desde el pasado 13.07.15 y hasta el 11.08.15, 5.789 funcionarios de la GNB, Guardia del Pueblo, Sebin, CICPC, Policía Nacional Bolivariana y policías regionales han participado en operativos realizados en distintas comunidades populares de la geografía nacional en el marco del despliegue del OLP.
Presuntas ejecuciones policiales
De acuerdo al MPPRIJP, 52 personas han fallecido durante el primer mes de OLP en “enfrentamientos” con la fuerza pública. La información que suministra el MPPRIJP no da cuenta de ningún funcionario policial o militar herido o fallecido en el contexto de los operativos OLP. No existe actualmente ninguna investigación por parte del Ministerio Público o Defensoría del Pueblo dirigida a determinar la veracidad o no de las denuncias formuladas en medios de comunicación por familiares de fallecidos en OLP sobre presuntas ejecuciones policiales.
En un estudio elaborado en el año 2006 por la Conarepol denominado “Características de la Policía Venezolana” se señaló que un indicador de la letalidad policial es la desproporción entre bajas policiales y civiles, es decir, que se reporten fallecidos y lesionados del lado de los ciudadanos pero no existan dentro de los funcionarios, ello “permite suponer el encubrimiento de ejecuciones bajo esta figura” afirmó la Conarepol. En su Informe Anual 2014, Provea advirtió que el incremento en el número de víctimas de violación al derecho a la vida –el 85,9% bajo el patrón de ejecuciones- encuentra explicación parcial en el aumento de la actuación violenta y letal de los cuerpos policiales, entendidas en muchos casos como un indicador de “eficiencia policial”, advertidamente o no amparados en una perspectiva de “mano dura”.
Detenciones arbitrarias
En 23 operativos reseñados por el MPPRIJP en su web se refleja la cifra de personas detenidas en los mismos. Un total de 4.021 ciudadanos han sido detenidos en los estados Miranda, Distrito Capital, Aragua, Monagas, Carabobo, Portuguesa, Zulia, Anzoátegui, Yaracuy, Barinas y Lara durante el primer mes de ejecución de OLP. Del total, sólo 368 personas han sido puestas a la orden del Ministerio Público debido a su presunta vinculación con la comisión de hechos punibles. De acuerdo a estas cifras, el 90,8% de las detenciones practicadas en el marco del OLP han sido arbitrarias e ilegales y apenas en el 9,1% se presume la vinculación de los aprehendidos con hechos delictivos.
Entre los testimonios recogidos por Provea en la comunidad de la Cota 905 destaca el de Rafael Jiménez: “El pasado lunes 13 de julio, funcionarios policiales ingresaron a mi vivienda y me robaron el celular y el DVD y causaron destrozos. Mi hijo Liander Jiménez de 32 años de edad fue detenido y trasladado a la comandancia de la GNB desde la 6:30 de la mañana hasta la 1 a.m. del siguiente día. Liander fue golpeado por los Guardias. Mi otro hijo Oscar Jiménez, también fue detenido y golpeado. El tercero es menor de edad, tiene 17 años y también fue detenido y golpeado. Todos tienen libertad plena”. Al igual que lo denunciado por el señor Jiménez, en la mayoría de los casos las detenciones han sido practicadas sin orden de detención y sin las personas haber sido aprehendidas en flagrante delito. En este y otros casos no se comunicó a los detenidos o sus familiares las causas de la detención. A esta situación se añaden los testimonios sobre tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos a los detenidos y que son recurrentes en la mayoría de las denuncias registradas por Provea.
Tal como lo hemos afirmado, durante la ejecución del OLP se están repitiendo patrones similares a los registrados en las razzias y abusos masivos ocurridos como consecuencia de anteriores planes de “mano dura” como el Plan Unión en los años 80 o las practicas de cuerpos policiales como la Policía Metropolitana.
En este sentido la Conarepol expresó en sus recomendaciones generales publicadas en 2007 las normas de actuación de los funcionarios policiales indicando: “Son normas generales de actuación de todos los funcionarios civiles o militares que cumplan funciones policiales: […] Respetar la libertad personal y practicar solo las detenciones autorizadas por el orden constitucional. En caso de detención, explicar suficientemente las razones, facilitar comunicación con familiares, amigos y abogados, así como observar estrictamente los trámites, lapsos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico. Asimismo, comprometerse a velar por la vida e integridad física, psíquica y moral del ciudadano detenido o que se encuentre bajo su custodia, respetando sus derechos y dignidad humana”.
Por su parte en la sentencia sobre el Caso Servellon García y otros vs. Honduras la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) dijo: “una detención masiva y programada de personas sin causa legal, en la que el Estado detiene masivamente a personas que la autoridad supone que podrían representar un riesgo o peligro a la seguridad de los demás, sin indicios fundados de la comisión de un delito, constituye una detención ilegal y arbitraria”. Y en su decisión sobre el Caso Bulacio Vs. Argentina señaló: “Las razzias son incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales, entre otros, de la presunción de inocencia, de la existencia de orden judicial para detener – salvo en hipótesis de flagrancia- y de la obligación de notificar a los encargados de los menores de edad”.
Allanamientos ilegales
De acuerdo a lo reseñado por el MPPRIJP, 3.463 viviendas han sido allanadas durante la ejecución de OLP. En operativos como el realizado el 13.07.15 en la Cota 905 y el 10.08.15 en el complejo urbanístico de la GMVV en Vidoño, estado Anzoátegui, se realizaron allanamientos en todas las viviendas de dichas comunidades. En ninguno de los casos, estos allanamientos -denominados “inspecciones” y “auditorias” por los funcionarios actuantes-, contaron con una orden judicial. Igualmente en muchas de las situaciones de allanamientos masivos, los habitantes de las comunidades dijeron que no hubo presencia de fiscales del Ministerio Público durante la realización de los mismos. Se han reportado numerosas denuncias de hurtos y destrozos ocasionados a viviendas que han sido objeto de estos allanamientos ilegales. Provea registró el testimonio de un habitante de la Cota 905 que pidió resguardar su identidad: “El CICPC ingresó en mi casa sin orden de allanamiento, tumbaron la puerta, robaron pañales, alimentos y otras cosas. El día 18 de julio regresaron a mi casa y hurtaron otras cosas que habían quedado”.
Uso de la vivienda como mecanismo de castigo
245 viviendas de la GMVV han sido “recuperadas” durante el primer mes de ejecución de OLP a nivel nacional. Esto sugiere la ocurrencia de dos situaciones ya advertidas por Provea. La primera es el uso de la vivienda como posible mecanismo de castigo a familias en las que alguno de sus miembros esté presuntamente involucrado en la comisión de delitos. El Presidente Maduro afirmó el pasado 27.07.15: “aquel que utilice su casa de la Misión Vivienda para atracar, para bachaquear o para narcotráfico ya se las voy a quitar”. Provea ratifica que las responsabilidades de los delitos deben individualizarse y no se puede criminalizar a todo el núcleo familiar, donde hay diferentes normativas que protegen a las personas de tercera edad o a los niños, niñas y adolescentes en su derecho a contar con un techo propio para el desarrollo de su personalidad. La segunda situación advertida por Provea es el permanente y creciente discurso xenófobo para amparar los abusos de OLP y criminalizar a personas de origen colombiano que habitan en complejos urbanísticos de la GMVV o en zonas populares. El propio presidente Maduro ha encabezado una campaña a través del sistema nacional de medios públicos dirigida a estigmatizar a la población colombiana residente en el país acusándola de “paramilitares” y “bachaqueros”, generando con ello una situación de riesgo para la garantía de su derecho a la vivienda, a la libertad y a la integridad personal. Provea ha recibido denuncias de personas de nacionalidad colombiana residentes de urbanismos de la GMVV, quienes señalan trato discriminatorio y atropellos por parte de funcionarios policiales y militares debido a su nacionalidad.
Desalojos forzosos de viviendas
200 viviendas ubicadas en el Km. 3 de la carretera Panamericana fueron desalojadas forzosamente y demolidas el pasado 24.07.14 en el marco del OLP. Los afectados denunciaron que los funcionarios actuantes afirmaron que la medida obedecía a que la zona estaba controlada por “células paramilitares”. En este caso el Estado irrespetó las garantías procesales en el caso de desalojos forzosos adoptadas por la ONU en el sentido que no realizó una consulta con las personas afectadas y no otorgó un plazo razonable de notificación previa y, por el contrario, realizó el desalojo y demolición de forma sorpresiva. Además los afectados reportaron abusos, malos tratos y detenciones arbitrarias.
De acuerdo a un Informe elaborado por Amnistía Internacional y titulado “¿Seguros en casa? Demoliciones Israelíes de viviendas Palestinas” se registra la actuación de las fuerzas de seguridad israelíes quienes acompañan a equipos de demolición “que pueden presentarse en cualquier momento, avisando con muy poca antelación a las familias afectadas y sin darles la oportunidad de sacar sus cosas del edificio” para practicar desalojos forzosos y demoliciones de viviendas en zonas calificadas como ilegales según las autoridades de Israel. Según destaca el Informe, durante 2009 las autoridades israelíes demolieron más de 270 estructuras en Cisjordania, lo que supuso el desplazamiento de más de 600 palestinos. Esta práctica que afecta a centenares de familias palestinas habitantes de territorios ocupados por Israel, está sustentada en la constante estigmatización y criminalización de la población árabe por parte del estado israelí. En Venezuela, lo ocurrido en la Panamericana no es muy diferente a lo registrado por AI en su informe sobre Palestina.
Doctrina de seguridad nacional y estado policial-militar
El OLP ha sido empleado también como un mecanismo para fortalecer el concepto de seguridad del Estado en detrimento del concepto de seguridad ciudadana y de las obligaciones y limites que –para el Estado- derivan de esta última. La justificación discursiva y práctica del OLP amplifica la visión del enemigo externo e interno propia de la doctrina de seguridad nacional. Además, la lógica belicista y la estigmatización y criminalización de amplios sectores de la sociedad, no sólo intentan amparar el uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios policiales y militares, sino que también constituyen un paso más hacia la construcción del Estado policial y militar que hemos advertido y que supone la primacía de los intereses del Estado por encima de los derechos ciudadanos. Según ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el concepto de seguridad ciudadana refleja la transición hacia formas democráticas y consensuadas para la construcción de políticas públicas por parte de los Estados para abordar el fenómeno de la criminalidad y la violencia. El concepto de seguridad ciudadana es la superación de la visión autoritaria y militarista que guió la actuación de buena parte de los Estados latinoamericanos durante el siglo pasado y cuya actuación –durante mucho tiempo- estuvo amparada por la doctrina de seguridad nacional. Lamentablemente el presidente Maduro ha anunciado la incorporación de figuras inconstitucionales como el SP3 y los “patriotas cooperantes” para fortalecer la ejecución del OLP. Ello abre las puertas a más violaciones de derechos humanos y refuerza la visión militarista y autoritaria del Ejecutivo para abordar los distintos fenómenos y conflictos presentes en la sociedad venezolana.
Reiteramos nuestro llamado a que el Ejecutivo y las instituciones del Estado venezolano detengan el proceso de regresividad y amenaza para los derechos humanos que supone la militarización de la seguridad ciudadana y la aplicación de operativos como OLP. A lo largo de nuestra historia ha quedado demostrado que las políticas de “mano dura” generan más problemas que soluciones. Con estas medidas se criminaliza la pobreza, se cometen arbitrariedades y no se avanza en la solución del terrible fenómeno de la violencia y la criminalidad. A un mes del OLP afirmamos que el Ejecutivo está echando por tierra todos los esfuerzos y avances surgidos durante el proceso de reforma policial del año 2006 y que fueron materializados a través de la Misión a Toda Vida Venezuela.
Provea ratifica su disposición a contribuir en la construcción de políticas que contribuyan a superar la impunidad, la criminalidad y la violencia en Venezuela, pero sobre todo que contribuyan a fortalecer la garantía y la plena vigencia de los derechos humanos para todas y todos. (Prensa Provea)
