Robin Rodríguez, dirigente social del oriente del país declaró recientemente a días de cumplirse un nuevo aniversario de la Masacre, sobre la impunidad del crímen del Caño Las Coloradas: «El 29 de octubre de 1988 se efectuó la conocida masacre de El Amparo; pero resulta que PROVEA denunció que el Coronel (Ej.) Enrique Vivas Quintero (Comandante militar de la zona implicado en el suceso), terminó siendo director de finanzas del MVR en Caracas y posteriormente diputado en el Parlamento Andino por esta organización política. Omar Antonio Pérez Hudson, sargento técnico de primera, quien participó directamente en la masacre, fue nombrado director nacional de Investigaciones de la Disip en el año 2002. Celso Rincón Fuentes, funcionario de la Disip, quien engañó a los pescadores al solicitarles que le pescaran unos Coporos para llevarlos a San Cristóbal, siendo que ya tenían pensado emboscarlos para pasarlos como guerrilleros; ocupó el cargo de subdirector y jefe de Seguridad de la cárcel de Yare en el año 2002. El coronel (E) Ricardo Pérez Gutiérrez, quien actuó como juez militar en el caso, y falló a favor de los agresores y en contra de los sobrevivientes, era en el 2006 consultor jurídico del Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social».
Rodríguez agregó que «durante el cargo de José Vicente Rangel como ministro de la Defensa, había sido asesor jurídico del Ejército y ocupó luego la Consultoría Jurídica de ese despacho durante la gestión del general Jorge García Carneiro».
