Desde el pasado 24 de septiembre del año 2009, el secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, fue apresado en la sede de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), mientras rendía declaración como testigo en una investigación que se le seguía al ex alcalde del antiguo municipio Raúl Leoni, Gilberto Villarroel.
Al dirigente lo trasladaron hasta los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) donde permaneció durante tres días sin que ningún juez quisiera conocer del caso.
Finalmente el Tribunal Primero de Control, a cargo del juez Arsenio López, dictó una medida cautelar de arresto domiciliario el 28 de septiembre. Al dirigente se le acusó de instigación a delinquir, agavillamiento y violación de la zona de seguridad por la protesta de 16 días en Ferrominera Orinoco (FMO).
Desde el 29 de septiembre de 2009 permaneció con casa por cárcel en Ciudad Piar, hasta el 20 de enero, cuando en un procedimiento calificado como «irregular» por sus defensores se le trasladó hasta Patrulleros de Caroní, lugar en el que aguarda una sentencia.
La juez Magda Hidalgo, del Tribunal Sexto de Juicio, tendrá en sus manos decidir sobre la causa del secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, quien está privado de libertad desde el 29 de septiembre de 2009.
Este caso, ha sido calificado por Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y demás organizaciones sociales ha calificado como icono de la criminalización de la protesta.
El 26 de agosto de 2009, Radwan Sabbagh -presidente de Ferrominera Orinoco- acordó en un hecho público la finalización del paro, así como la reactivación de las fichas de un grupo de trabajadores que habían quedado fuera de la empresa. Entre otras medidas establecidas en el acta firmó no tomar represalias en contra de quienes acataron el cese de actividades, evaluar el pago de los salarios caídos de quienes no laboraron durante los 16 días de manifestación y la cancelación de las reivindicaciones laborales.(CorreodelCaroní; 24.09.2010)