El pasado 10.03.2015 la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, presentó ante la Asamblea Nacional el Informe Anual del Ministerio Público, correspondiente a la gestión del organismo durante el año 2014.
En su introducción el informe señala: «En el 2014, la institucionalidad democrática del país y la sociedad en general, se vieron afectadas por planes que atentaron contra la paz social, pretendiendo crear una situación de ingobernabilidad, propicia para tomar posiciones de poder político al margen del ordenamiento constitucional; ante lo cual la defensa de la Constitución y las leyes representó un desafío histórico para el pueblo y sus instituciones».
Con ello, la Fiscal General de la República ratifica la posición asumida por la institución que dirige a propósito de las protestas realizadas entre febrero y marzo de 2014, y recogida en el Informe presentado por el Ministerio Público titulado «Resultados de las manifestaciones violentas febrero-marzo 2014«, en el que se califican como violentas la totalidad de las manifestaciones realizadas en el país durante ese período. Es importante destacar que según los informes presentados por las ONG de derechos humanos del país, el 93,3% de las manifestaciones realizadas entre febrero y abril de 2014 fueron de carácter pacífico.
Más adelante el Informe señala: «Nuestra sujeción al respeto de las garantías fundamentales contrasta claramente con el desprecio que los factores organizadores de estas manifestaciones violentas, denominadas guarimbas, han demostrado hacia el ser humano». Esta afirmación compromete abiertamente la imparcialidad y objetividad que debe tener el organismo rector del proceso penal venezolano para conducir las investigaciones con apego a los principios legales y constitucionales en materia de debido proceso.
El Ministerio Público informó que fueron presentados ante los tribunales de control 3.351 personas detenidas en el contexto de manifestaciones (la cifra más alta de los últimos 25 años), y se alcanzó la cantidad de 911 actos conclusivos que involucran a 2.844 personas. A la presente fecha tan solo se mantienen privadas de libertad 41 personas según informó la Fiscal General.
El Informe refiere que el Ministerio Público acusó a 30 funcionarios de los cuerpos de seguridad por la presunta violación de las garantías fundamentales, tales como homicidio y trato cruel ocurridas en el marco de las manifestaciones, entre los casos menciona a Bassil Da Costa, Asdrúbal Rodríguez, Glidis Chacón, Geraldine Moreno y Jesús Acosta.
Por la muerte de Geraldín Moreno el MP informó que fueron acusados 2 sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes se encuentran privados de libertad, mientras que otros dos 2 sargentos de ese mismo componente militar están imputados y con medidas cautelares. Respecto a la muerte de Alejandro Márquez, fueron libradas 2 órdenes de aprehensión contra dos efectivos de la Guardia del Pueblo, aún no se ha ejecutado la orden. Por la muerte de la funcionaria del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) Glidis Karelis Chacón, fueron acusados tres 3 funcionarios de la Policía Municipal de Chacao, uno de ellos se encuentra privado de libertad.
Por la muerte de Bassil Da Costa Fría, fueron acusados 8 funcionarios policiales, de los cuales seis son del SEBIN, uno de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y uno del Ejército. Los acusados son: José Ramón Perdomo Camacho, José Manuel Benigno Pérez, Egardo José Lara Gómez, Héctor Andrés Rodríguez Pérez, Jimmy Alexis Sáez Osorio y Jonfer Márquez Fernández (todos funcionarios del Sebin), Andry Jaspe López (PNB) y Jonathan José Rodríguez Duarte (Ejército), este último fue condecorado por la ex Ministra de Interior y Justicia Carmen Melendez el 29.10.2014 con la orden Francisco de Miranda en su tercera clase, otorgada «a los ciudadanos y ciudadanos quienes han cumplido una excelente labor, extraordinario desempeño, dedicacion y abnegacion en la mision encomendada», según consta en la Gaceta Oficial 40.529 publicada en la referida fecha. Sólo el funcionario Perdomo se encuentra privado de libertad por este hecho, mientras que el resto de los funcionarios poseen medida cautelar sustitutiva de libertad, consistente en presentación periódica cada ocho días ante el tribunal de la causa.
En el resto de los casos el MP no ofrece detalles.
Asimismo, a pesar de reconocer que 878 personas resultaron heridas y/o lesionadas en el marco de las protestas, el Ministerio Público no ofrece detalles respecto a las averiguaciones por estos casos. Según registros de las ONG sólo la Guardia Nacional Bolivariana fue responsable del 64,6% del total de casos de heridas y/o lesiones ocasionadas como consecuencia del uso indebido de la fuerza. Igualmente de las 153 denuncias de torturas y/o tratos crueles y amenazas de abusos sexuales contra detenidos, el MP no ofrece detalles en su Informe Anual 2014. (Prensa Provea, 13.03.2015)
