Ante la realización en Caracas, los días 1 y 2 de septiembre, del XI Congreso de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), la Alianza para la Libertad de Expresión se dirige a los periodistas extranjeros que participan de dicho evento, realizado gracias al financiamiento del gobierno nacional, para ponerlos al tanto de las condiciones hostiles y extremadamente limitantes en las que deben desarrollar su labor los periodistas y los medios de comunicación en Venezuela.
Deben saber los integrantes de la FELAP, cuyo código de ética establece como deberes imperativos del periodista: “Impulsar, consolidar y defender la libertad de expresión y el derecho a la información” que no han llegado precisamente a un país donde se permita a los periodistas ejercer a plenitud esos derechos y que incluso la propia ciudadanía padece impedimentos como la censura y la discriminación para expresar sus reclamos populares a través del Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP).
De estas incontrovertibles afirmaciones dan fe los innumerables informes, reportes, declaraciones, medidas y pronunciamientos emanados de organismos nacionales e internacionales, incluidos la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), que han sido receptivos a las denuncias de los gremios periodísticos y organismos defensores de los derechos humanos y han reclamado y exigido garantías para el derecho constitucional a ejercer libremente la profesión periodística con respeto para el producto de su labor y con seguridad para su integridad física. Varias son las denuncias que cursan ante instancias internacionales para reponer esos derechos.
Como hombres y mujeres de medios seguramente no ignorarán ustedes las agresiones físicas y verbales que a lo largo de catorce de años de gobierno del presidente Hugo Chávez Frías han padecido los periodistas y comunicadores venezolanos, el cierre de las fuentes de información por medio de la discriminación y la prohibición del acceso a las sedes de instituciones y organismos oficiales, así como los ataques con saldo de lesionados provenientes de agentes del gobierno y del partido oficialista que por su gravedad han trascendido al ámbito internacional.
Deben saber los periodistas visitantes que el actual gobierno de nuestro país dice llevar adelante un proceso revolucionario, cuyo principal efecto hasta ahora ha sido la división y la confrontación entre los venezolanos, y no oculta su intención de monopolizar todas las instancias de representación y de poder. Por tanto aspira también a instaurar una hegemonía comunicacional, como lo ha asegurado el titular del Ministerio de Comunicación e Información, el mismo organismo que ha asumido el costo total de vuestro congreso internacional en Caracas. Esa hegemonía comunicacional, como ustedes entenderán, no significa otra cosa que la desaparición de la más elemental diversidad y pluralidad consustancial a toda democracia.
El gobierno, buscando instaurar esta hegemonía comunicacional, no ha dejado de cercar con instrumentos “legales” la libertad de expresión. La Ley Resorte y la Ley Orgánica de Telecomunicación y sus respectivas reformas, junto con la sentencia 1.942, el Código Penal, la Ley de Educación, la creación del Cesna, y otras normativas, forman parte de ese cerco legal contra la sociedad democrática y a favor del poder del Estado y del partido de gobierno.
Motivo de escándalo mundial fue la oprobiosa medida de cierre de Radio Caracas Televisión, el canal más antiguo con más de 50 años de existencia y el de mayor audiencia nacional, al cual adicionalmente se le despojó arbitrariamente de su red de antenas y repetidoras sin explicación ni resarcimiento alguno. Más de tres mil familias quedaron sin su fuente de ingresos y se perdieron más de 7 mil empleos indirectos por esta medida que todavía es objeto del mayor repudio por parte de la población.
Tan condenable como el cierre de RCTV, lo fue la clausura en el año 2009 de treinta y dos radioemisoras, varias de ellas de las más importantes del país, y dos canales de televisión regional. Todo ello con la consiguiente desaparición de puestos de trabajos para los periodistas y otros trabajadores y la reducción del espectro comunicacional para la información, la cultura y el entretenimiento.
Registros documentados rigurosamente por nuestras organizaciones dan cuenta que en los últimos catorce años se contabilizan más de dos mil ataques a medios y periodistas, caso único en la historia reciente de América Latina y tal vez del mundo. Y a pesar de las denuncias llevadas ante los organismos competentes nacionales, la totalidad permanece en absoluta impunidad.
Mención aparte merece el funcionamiento del llamado Sistema Nacional de Medios Públicos, financiado con altísimo dispendio del dinero de todos los venezolanos, pero convertido en propiedad exclusiva del presidente de la República e instrumento colocado unilateralmente al servicio de su campaña a la reelección presidencial.
Al mismo tiempo se jacta la “revolución” de haber hecho surgir decenas de medios alternativos, pero lo cierto es que no soportan el más mínimo escrutinio en contraste con los estándares internacionales que rigen para ese tipo de medio: la gran mayoría no tienen independencia editorial ni económica y por tanto su mensaje está cautivo y a merced de los dictados del gobierno.
Por supuesto, no nos hemos hecho la idea de algún pronunciamiento sobre este historial de agravios y atropellos por parte del congreso en que participan. No somos ingenuos. Conocemos muy bien la identificación de la FELAP con los delirios ideológicos del gobierno venezolano y su silencio cuando no sus justificaciones a algunos de los atropellos aquí descritos.
Pero no podíamos dejar pasar por alto vuestra presencia en Venezuela para decirles que los periodistas, investigadores, activistas y académicos venezolanos vamos a seguir cumpliendo con nuestro deber, por encima de todas las dificultades y los cercos oficialistas, anteponiendo nuestra apego a la verdad, el respeto a nuestro código de ética y en concordancia con los anhelos de paz, libertad, progreso y democracia del pueblo venezolano.
Caracas, 2 de setiembre de 2012
Miembros de la Alianza por la Libertad de Expresión que suscriben esta declaración:
Colegio Nacional de Periodistas (CNP)
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP)
Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela (CRGV)
Espacio Público
Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS)
Expresión Libre
Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público
Ser Comunicación e Investigación.
Transparencia Venezuela
Proacceso
Un Mundo sin Mordaza
Instituto de Investigaciones de la Comunicación (ININCO)
Programa de Postgrado en Comunicación Social de la UCAB
Centro de Derechos Humanos de la UCAB (CDH-UCAB)
Centro de Investigación de la Comunicación de la UCAB (CIC-UCAB)
Tiziana Polesel, directora de la Escuela de Comunicación Social de la UCAB
Miguel Ángel Latouch, director de la Escuela de Comunicación Social de la UCV
Revista Comunicación
