Negar el acceso a la información pública va más allá de reservar datos que pongan en evidencia la ineficacia de un sistema o esconder una posible malversación de fondos; no se trata de la reputación de un funcionario o la popularidad de un presidente, lo que se pone en riesgo es la vida de los ciudadanos que dependen del Estado para atender sus necesidades más básicas.
La escasa información pública en materia de salud es uno de los primeros eslabones de una larga cadena que termina, lamentablemente, en cifras rojas. El desconocimiento de cifras, datos, programas, personal encargado, presupuesto establecido, equipos disponibles, entre muchos otros, hace imposible el trabajo de las organizaciones que se encargan de atender e incorporar a las personas en un sistema público que, hoy por hoy, no ofrece garantías de vida a quienes más lo necesitan.
Cuando se trata de personas con VIH – Sida, el caso es aún más delicado ya que los individuos portadores del virus dependen del Estado para recibir los medicamentos antirretrovirales que mantendrán su organismo fuera de peligro. En Venezuela la adquisición de medicamentos por cuenta propia es sumamente costosa, sin contar gastos en pruebas de despistaje, Western Blot, carga viral, recuento linfocitario, serologías, suplementos alimenticios y leche maternizada que deben suministrar las madres infectadas a sus pequeños.
Es deber del Estado garantizar que las personas con VIH reciban la atención necesaria y con la regularidad que exige el tratamiento que, además no puede ser generalizado ya que depende de cada organismo. Aún así, no sólo a los medicamentos sino a la prevención, está muy por debajo de los niveles ideales y el Programa Nacional de Sida del MPPS no ha ofrecido soluciones a esta lamentable situación.
Una forma de atacar la alarma que ha generado la escasez de medicamentos y la infinidad de inconvenientes para obtenerlos, ya sean de parte del Estado o de organizaciones proveedoras como Acción Solidaria, la Coalición Proacceso formuló una serie de peticiones de información al Ministerio del Poder Popular para la Salud y el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, en las cuales se solicitó el gasto previsto en la Ley de Presupuesto de 2009 y 2010 para proyectos, compra de medicamentos, capacitación del personal requerido para realizar pruebas de despistaje, centros de atención, metas a alcanzar, entre otras preguntas que, desde julio pasado que se han ido entregando y hasta la fecha, no han obtenido respuesta.
Por si fuera poco, en días pasados la Ministra del Poder Popular para la Salud, Eugenia Sader Castellanos, declaró para el canal del Estado que se están atendiendo a «más de 3 mil pacientes con VIH» en el país, y este mismo número de personas tienen garantizado el acceso a los medicamentos antirretrovirales. Sin embargo, el Informe País de Ungass1 2010 hace referencia a más de 32 mil personas que recibían tratamiento hasta finales de 2009. ¿Cuáles son las cifras reales y cómo puede trabajarse en un programa de atención si no se da a conocer la magnitud de las necesidades de este sector de la población?. Es la pregunta que muchos nos hacemos.
La Coalición Proacceso, en alianza con Acción Solidaria y toda una red de organizaciones que hoy, además de padecer el gran inconveniente de no contar con información oficial, se han visto cuestionadas por autoridades gubernamentales, lanza una campaña denominada SABER SALVA VIDAS, con la cual se hace un llamado al país a unirse masivamente a esta exigencia de información pública en materia de salud, no solo porque ha sido negada a quienes se han atrevido a solicitarla, sino porque existe un evidente desinterés en atacar estos temas.
La invitación es a sumarse a esta campaña copiando los modelos de solicitudes de información que se encuentran en el Blog de la campaña, al cual puede accederse a través dewww.proacceso.org.ve y enviar cartas masivamente a las instituciones públicas encargadas de suministrar los datos necesarios para trabajar en función de mejorar el sistema de salud. Además se invita a utilizar la imagen de la campaña, que también puede copiarse del blog de la campaña y acompañarla de un comentario que sirva de reflexión sobre el daño que genera no saber, los cuales se difundirán simultáneamente a través de nuestra red en twitter @proaccesocon el hashtag #sabersalva.
Defender el acceso a la información pública es la mejor forma de controlar que las instituciones del Estado cumplan con su labor y atiendan las necesidades de quienes dependen del sistema. Desde la Coalición Proacceso extendemos la invitación a todas las instancias, organizaciones e individualidades a que se unan a esta campaña por obtener los datos necesarios para contrarrestar las debilidades del gobierno nacional y hacer valer un derecho que resguardará y salvará la vida de muchos.
1. UNGASS significa Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estas sesiones se celebran por lo general para darle profundidad a temas específicos.
Coalición Proacceso
Acción Solidaria
