En América Latina más de once países aprobaron la Ley de Acceso a la Información que garantiza el conocimiento público de las gestiones gubernamentales. En Venezuela, aún se espera trascender en este aspecto que desde hace algunos días está siendo estudiado desde la Asamblea Nacional, informó el Correo del Caroní.
Activistas de derechos humanos fijaron posición ante la presentación por parte del bloque parlamentario de la Unidad del Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, en una reunión de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.
“Esta ley es un paso para poder combatir las irregularidades administrativas pero no va a solucionar las trabas de acceso a la información pública en Venezuela” afirmó Mariana Belalba, representante de Espacio Público.
Belalba aplaude la introducción de este proyecto de ley, que se había estudiado desde la ONG que representa pero que no se pudo materializar ya que necesitaban un número de firmas para lograr presentar la propuesta legislativa.
“Con esta ley se permitirá aplicar la política de participación y representación, no creo que políticamente haya alguien que se pueda oponer a ella se podrá mejorar lo que ya está establecido en la Constitución y técnicamente aportar los plazos de espera y va establecer como un ente único que será la defensoría”, agregó.
Para el coordinador de Provea, Marino Alvarado, en Venezuela existen normas que dan la posibilidad de acceder a la administración pública: la Constitución, la Ley de la administración pública, la Defensoría, y otras normas que garantizan el derecho a obtener información de interés para el colectivo. Sin embargo, a su parecer la cultura de los secretos no permite que se trascienda en el conocimiento y acceso a la información, “muy pocas cosas se hacen públicas, incluso existen mandatos establecidos de que las instituciones y organismos deben crear una página web y en esa página dar información de las gestiones que llevan a cabo los ministerios, alcaldías, gobernación o cualquier otro ente, debería existir la posibilidad de acceder al presupuesto y a la rendición de memoria y cuenta”, agregó.
Este problema de ausencia de acceso a la información pública perjudica de manera directa el ejercicio de la contraloría social. “Resulta contradictorio que un gobierno que se plantea estimular la contraloría social restringe el derecho a la información, es una situación lamentable que el ciudadano no pueda ver qué se está haciendo en el ámbito de gestión pública y reclamar y hacer propuestas”, puntualizó. (Diana Pérez Gámez, Correo del Caroní, 12.04.11)
