Las elecciones de alcaldes y concejales, realizadas el pasado 8 de diciembre de 2013 en Venezuela, se realizaron con los mayores desequilibrios históricos en el acceso a los medios de comunicación y con una cobertura informativa afectada por las amenazas, inhibición y censura.
Los medios de comunicación y periodistas, durante el año 2013, fueron sometidos a diversos mecanismos de intimidación directa e indirecta. Incluyeron la apertura de procesos judiciales, agresiones a periodistas y recurrentes declaraciones de altos funcionarios con descalificaciones y criminalización de la tarea informativa y de opinión.
Recientemente altos funcionarios del gobierno e instituciones como la Defensoría del Pueblo han denunciado y criticado a diarios por la publicación de imágenes que reflejan una realidad violenta: El Universal, Hora Sero y el Diario La Voz han sido blancos del poder; igualmente Tal Cual fue amenazado de investigación judicial por la publicación de una caricatura del Alcalde Jorge Rodríguez.
Entre los hechos registrados durante la campaña se observó una recurrente invisibilización de los candidatos identificados con la oposición especialmente en los canales de televisión. Las estrategias de castigo se desplegaron contra medios privados que procuran mantener una perspectiva independiente o crítica al gobierno nacional.
Adicionalmente se registró un abusivo uso de los medios gubernamentales como canales de propaganda de los candidatos próximos al gobierno nacional. En los diversos medios gubernamentales se sobredimensionaron las propuestas e intervenciones de los candidatos del partido de gobierno. La acción de los medios públicos gubernamentales solo permitía la mención de los candidatos de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) o de otros sectores no identificados con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para su descalificación unilateral y sin mediar réplica alguna.
Los actos gubernamentales y las cadenas obligatorias de radio y televisión se utilizaron para la promoción de los candidatos del PSUV. Durante las cadenas se mostraban actos de gobierno con la presencia de los candidatos y se hacía promoción abierta estimulando el voto a favor de los mismos.
Todos los hechos ocurrieron con la deliberada omisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que se inhibió frente a las condiciones asociadas el acceso a los medios de comunicación por parte de todos los candidatos. Igualmente toleró las diversas cadenas obligatorias de radio y televisión aunque en ellas había elementos asociados a la campaña de los candidatos progubernamentales.
Reflejo de la ausencia de información en los canales regulares, emergieron medios basados en plataformas de Internet para la difusión de información independiente y relacionada con las perspectivas de la oposición. Los canales especializados en noticias se convirtieron en una de las pocas opciones para obtener información. Adicionalmente la campaña también sufrió el impacto de las limitaciones para el acceso al papel prensa que sufrieron medios regionales pequeños y medianos.
Durante el 8 de diciembre de 2013 la cobertura informativa de los medios audiovisuales, especialmente la televisión, reflejó un desequilibrio a favor de los candidatos del PSUV y recurrentes omisiones de información sobre los identificados con la MUD.
La realidad de los medios venezolanos avanza en el sentido contrario de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Cada vez hay menos pluralismo en la esfera mediática con una mayor concentración gubernamental discursiva y de los contenidos.
Los funcionarios gubernamentales tienen la obligación de prevenir amenazas y agresiones, sin embargo contribuyen al aumento de las mismas con el discurso descalificador. Al mismo tiempo el Presidente de la República mantiene una intolerancia a la crítica que se refleja en sus recurrentes descalificaciones a los medios y periodistas. La impunidad es estructural y con ello el entorno para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión está marcado por la hostilidad.
El CNE renunció a su obligación de controlar los abusos electorales en los medios y sus omisiones contribuyeron a la inequidad en la presencia pública de las propuestas de los diversos candidatos.
Los medios gubernamentales dejan de estar al servicio público cada vez más: durante el período preelectoral no contribuyeron a garantizar que los electores conocieran las propuestas de los distintos partidos y candidatos; no organizaron ningún debate entre los postulados a distintos cargos; su propuesta informativa acentuó la inequidad y no permitió la cobertura igualitaria para todos los candidatos. Se constituyeron en medios parciales y discriminatorios.
El Estado venezolano incumple sus obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión en los contextos electorales, situación que demanda un mayor escrutinio por parte de los organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo a las organizaciones de la sociedad civil y a las instancias de los sistemas de protección universal e interamericano.
Por su parte la sociedad venezolana debe exigir claramente unas condiciones que garanticen la equidad en la propuesta informativa para la realización de elecciones libres y justas. Esta desigualdad en los medios obliga a las personas a mantenerse atentas ante las restricciones que se apliquen contra los medios y a rechazar contundentemente los atropellos. La sociedad venezolana debe exigir democráticamente el respeto al derecho a la libertad de expresión ya que genuinamente constituye una herramienta para alcanzar la justicia y mejorar la calidad de la institucionalidad en el país. (Prensa Espacio Público, 10.12.13)
