El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, consecuente con su compromiso con la democracia como modelo para la convivencia y con la libertad de expresión como derecho humano fundamental, rechaza las reformas a las leyes de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y a la de Telecomunicaciones, sancionadas ayer por la Asamblea Nacional en un debate que atropelló los lapsos necesarios para que la sociedad pudiera participar de la discusión, tal como lo establece nuestra Constitución.
Las reformas exigidas por el Ejecutivo, y que fueron acogidas de forma complaciente e incuestionadas por el Parlamento, acentúan el carácter punitivo que en los últimos años se ha convertido en la obsesión de un Gobierno que criminaliza la información y persigue a los medios de comunicación independientes y que prestan sus espacios a la pluralidad, la crítica y la disidencia.
La redacción imprecisa de ambos instrumentos otorga una altísima discrecionalidad a los funcionarios encargados de cumplir la Ley y, es la punta de lanza de una propuesta que persigue estimular la autocensura de los medios de comunicación para no aparecer como responsable de la prohibición de informaciones y, menos aún, del cierre de medios.
En el caso de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, se establece multa y/o suspensión de los servicios de radios y televisión para mensajes que “promuevan, hagan apología o inciten a la guerra; promuevan, hagan apología o inciten a alteraciones del orden público; promuevan, hagan apología o inciten al delito”. Aunque son consideraciones incluidas en los instrumentos internacionales, su aplicación exige algunos requisitos que no alcanza esta Ley. Los tipos de delitos señalados deben ser desarrollados y explicitados de tal modo que no haya lugar a interpretaciones ambiguas y que puedan ser revisados por jueces imparciales.
Conceptos tales como “zozobra”, “irrespeto”,” buenas costumbres”, entre otros señalados por la Ley, no se encuentran definidos con precisión y por ende no le brindan al ciudadano la protección adecuada para poder expresarse sin temor a ser sancionado.
La aplicación de estas restricciones en el conjunto de los contenidos que circulan en internet, limita el derecho a la libertad de expresión de todos los ciudadanos y en consecuencia limita seriamente la difusión de ideas y el debate, tan necesarios en una sociedad democrática.
Igual de grave es la declaratoria de servicio público de todo el proceso de explotación de redes de telecomunicaciones, actualmente calificadas como actividades de interés general. Nombrarlas como servicio público supone que se produce una reserva de dicha actividad para el Estado, lo que implica su titularidad de la misma, así como la exclusión de los particulares, lo que implica mayor control por parte del Estado que, en este caso, la delegaría mediante concesiones y somete los contenidos que se divulgan mediante las transmisiones a restricciones y limitaciones.
La reducción de las garantías y protección legal presente en la reforma de la Ley de Telecomunicaciones hace más vulnerable a los medios de comunicación cuya difusión requiera el espectro radioeléctrico, en la medida que pueden ser estatizados o sancionados en virtud de su línea editorial crítica.
Por inconstitucionales, por violatorias al derecho internacional y por significar un retroceso en los derechos ciudadanos de informar y estar informados por los medios que considere más oportuno, así como de opinar abiertamente sobre aspectos de la vida nacional, el SNTP alerta sobre la necesidad de repudiar ambas leyes, así como otras que acorralan la actividad política, universitaria, económica y productiva.
Igualmente, el SNTP ratifica su compromiso de acompañar a los venezolanos en la exigencia de respeto y legalidad y anuncia que, así como pidió junto a la Alianza por la Libertad de expresión un derecho en el Parlamento para aportar al debate, acudirá a las instancias nacionales e internacionales para denunciar los excesos de un Gobierno que promueve la desinstitucionalización de los poderes públicos, en función de avanzar en sus políticas de persecución.
LA JUNTA DIRECTIVA
21-12-10
