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Transparencia Venezuela manifiesta su rechazo a la decisión del Tribunal Sexto de Juicio del estado Bolívar, extensión Puerto Ordaz, a cargo del juez Beltrán Javier Lira, contra el director de Correo del Caroní, David Natera Febres, con motivo de la cobertura informativa que hizo este medio en 2013 sobre el caso de corrupción en CVG Ferrominera Orinoco.

Natera Febres fue condenado a cuatro años de prisión por los delitos de difamación e injuria continuada. A ello se suma una multa de 1.137 unidades tributarias, y la imposición de una medida vigente: la prohibición de publicar noticias relacionadas con un empresario de la región, en cuanto al caso de corrupción en FMO.

La investigación periodística por el que hoy se castiga al presidente editor reveló la existencia de un proceso de extorsión emprendido por el coronel de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Juan Carlos Álvarez Dionisi, a la alta gerencia de CVG Ferrominera y sus contratistas. Según los testimonios recogidos en el expediente de la Dgcim, el militar extorsionó a directivos de la estatal ferrífera y empresarios de la región a cambio de no incluirlos en una supuesta investigación que emprendía Álvarez Dionisi, según la cual los extorsionados formarían parte de una llamada mafia del hierro.

Desde Transparencia Venezuela denunciamos que se utilizó la legislación para castigar la verdad informativa y silenciar a periodistas y medios de comunicación que cumplen con el deber de llevar a los ciudadanos información veraz y oportuna.

También condenamos que el Estado venezolano, representado en el juez Beltrán Javier Lira, haya dado curso a un juicio que representa la violación de las garantías para el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, yendo así en contra de lo que establece la Constitución venezolana y los principios internacionales de derechos humanos.

Por otro lado, el periodismo y los muy especialmente los periodistas de investigación son aliados centrales en todo el mundo en la lucha contra la corrupción, los políticos no deben enfilar medidas para coartar la libertad de expresión, sino todo lo contrario, deben actuar con probidad y transparencia.

Lea aquí una síntesis de la investigación desarrollada por la periodista Clavel Rangel publicada en nuestra sesión Misión Impunidad

El tráfico de mineral de hierro en Ferrominera Orinoco
Sidor y el tráfico de cabillas

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