A dos años de las multitudinarias manifestaciones anti y pro gobierno en el país, es inaceptable que los familiares de las cuarenta y tres personas que perdieron la vida, incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad; y los cientos de personas que fueron víctima de lesiones, maltratos y detenciones arbitrarias, sigan esperando justicia, verdad y reparación.
La falta de avances significativos en las investigaciones y en el procesamiento de los responsables de estas violaciones de derechos humanos, son muestras claras de la falta de voluntad política para garantizar la protección y promoción de los derechos humanos de todos y todas, sin discriminación alguna.
Es lamentable que tras dos años de los asesinatos de Bassil Alejandro Da Costa, Juan Montoya y Roberto Redman, todavía no se haya condenado a los presuntos responsables.
Las protestas y los enfrentamientos violentos ocurridos desde principios de febrero ha dejado como resultado más de 30 muertos, más de 300 personas. Entre las víctimas hay civiles que se manifiestan a favor y en contra del gobierno, y también miembros de las fuerzas de seguridad. Más de 1.300 personas han sido detenidas, aunque la mayoría han quedado en libertad bajo fianza.
Mientras la inmensa mayoría de quienes cometieron violaciones de derechos humanos siguen sin rendir cuentas ante la justicia, decenas de personas todavía enfrentan cargos por delitos supuestamente relacionados con las protestas, entre ellos personas que llevan ya detenidas cerca de dos años sin que exista ninguna evidencia de que hayan cometido ningún delito.
Tal es el caso de Leopoldo López, líder del partido de oposición Voluntad Popular; y de Rosmit Mantilla, miembro de Voluntad Popular y activista por los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales o intersexuales (LGBTI). La encarcelación de ambos es políticamente motivada, sin evidencias fehacientes que sustenten los cargos contra ellos y con claras violaciones al debido proceso y un juicio justo. Ambos son presos de conciencia y deben ser liberados inmediata e incondicionalmente.
Es fundamental que las autoridades tomen medidas inmediatas para garantizar que ninguna persona enfrenta procesos judiciales basados en cargos motivados políticamente, no sustentados en evidencias sólidas y fehacientes.
Tanto el Ejecutivo, como la recientemente nombrada Asamblea Nacional, deben asimismo adoptar medidas urgentes y decisivas para poner fin a la persistente impunidad y garantizar que los lamentables hechos de hace dos años no vuelvan a repetirse.
Hasta que las autoridades no manden una señal clara e inequívoca a las fuerzas del orden para que actúen de acuerdo con el derecho internacional y los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, continuarán recibiéndose denuncias de uso excesivo de la fuerza.
Desde principios de febrero de 2014, Venezuela se ha visto conmocionada por la violencia desencadenada por las manifestaciones a favor y en contra el gobierno. El resultado de esta agitación es la muerte de más de 37 personas, incluyendo a seis miembros de las fuerzas de seguridad. Más de 500 personas han sido lesionadas y más de 2.000 han sido detenidas. La mayoría de las personas detenidas han sido liberadas condicionalmente mientras se llevan a cabo las investigaciones, pero enfrentan cargos que comportan penas que pueden resultar en años en prisión. Hay indicaciones de que las fuerzas de seguridad habrían hecho un uso excesivo de la fuerza, así como informes de violencia por grupos armados pro gobierno y por focos de manifestantes anti gobierno. Algunas personas detenidas han reportado haber sufrido malos tratos y torturas.
Es asimismo fundamental que se priorice el fortalecimiento del sistema de justicia, piedra angular de todo Estado de Derecho, garantizando su independencia e imparcialidad para poner fin a los altos índices de impunidad que existen en Venezuela.
Las autoridades no pueden continuar negando verdad, justicia y reparación a quienes perdieron a sus seres queridos, a aquellos que continúan encarcelados injustamente y a quienes fueron víctima del uso excesivo de la fuerza o de tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas del orden, durante los seis meses en que Venezuela se vio conmocionada por protestas multitudinarias.
Es ahora el momento de que las diferentes fuerzas políticas busquen soluciones basadas en la cooperación y el diálogo, para dar respuestas concretas a la difícil situación que vive el país, protegiendo y promoviendo la labor de las y los defensores de derechos humanos; y poniendo al frente de la agenda política la protección de los derechos de todos y todas, sin discriminación alguna.
