Como un “atropello” catalogaron los residentes de Río Claro la detención de 2 hombres, 4 mujeres y una menor de edad durante la mañana de ayer, luego que salieran a protestar porque el sector rural tenía 4 días sin energía eléctrica y agua. Los afectados trancaron la noche del jueves la vía que comunica al estado Delta Amacuro por la carretera del municipio Caroní, pues reclamaban que Corpoelec no daba respuestas a sus necesidades.
Fueron arrestados la mañana de este viernes luego de una protesta ocurrida en la comunidad Río Claro, en la parroquia 11 de Abril.
Un grupo de vecinos trancó el paso en la vía principal del sector desde el jueves en la noche, pues denunciaban que llevaban cuatro días sin agua y electricidad. «No podemos vivir así, por eso aquí está la comunidad en pleno», dijo Asam Piñero, vocero del Consejo Comunal Manganesio.
Apostados en los alrededores de la calle, los habitantes exigían la presencia del Alcalde José Ramón López o de un representante de Corpoelec. Señalaron que se trató de una manifestación pacífica que fue arremetida por funcionarios de la Policía del estado Bolívar (PEB), adjuntos al Centro de Coordinación Policial Ramón Eduardo Vizcaíno.
El comisario José Gregorio Cordero, jefe del comando policial de Vizcaíno, indicó que a primeras horas de la mañana un grupo de efectivos se dirigió a Río Claro para dialogar con la comunidad con el fin de reactivar el tránsito vehicular, pero tiempo después los vecinos se negaron a abrir el paso.
«En la mañana se logró con el apoyo de Corpoelec restituir el fluido eléctrico, pero las personas se negaron a liberar la vía porque entonces estaban pidiendo el arreglo de las aguas, de las calles, situación que no pudo ser soportada por el tiempo que tenía el cierre de la vía así que procedimos, autorizando los medios coercitivos necesarios».
Pero los habitantes señalaron que los uniformados llegaron de manera agresiva. «Nos dijeron entonces vamos a actuar por las malas, se fueron y trajeron camionetas llenas de policías», señaló Nelson Salazar.
«Fue un atropello»
«Estos señores en vez de resguardarnos vinieron a maltratarnos y golpearnos, aún estando niños aquí», indicó Gabriel Tovar. Según contaron, los efectivos penetraron las instalaciones del Núcleo Escolar Rural Nº 211 Miguel Antonio Caro, ubicado cerca del lugar donde se produjo la manifestación.
«Se metieron y dispararon (perdigones) para sacar a los representantes que entraron para resguardarse de ellos y había niños de por medio. Yo reclamo por mis alumnos, es una falta de respeto hacia la escuela», señaló Mirla Monagas, docente de la institución.
Aclaró que en ese momento los maestros se encontraban cumpliendo horario de trabajo, pues las actividades escolares habían sido suspendidas por la protesta, sin embargo dijo «muchos niños de la escuela» estaban en el centro educativo y sus alrededores.
Aseguraron que los uniformados dispararon perdigones en contra de los manifestantes y golpearon a uno de ellos. Enardecidos por la forma en la que actuó el cuerpo policial, dijeron que harían las denuncias respectivas. «Fue un atropello, nosotros estábamos protestando pacíficamente por el agua y luz que no tenemos ahorita», enfatizó Salazar.
Los funcionarios se retiraron del lugar y cargaron en sus unidades con unos arcos de fútbol que fueron utilizados para cerrar la calle, uno de ellos deterioró la carrocería de un vehículo que estaba pasando por la localidad.
Decomisos
Cordero informó que además se incautaron botellas de bebidas alcohólicas y una roca con la que fue agredido un policía. «El oficial que se encargó de la comisión manifestó que en el sitio estaban ingiriendo bebidas alcohólicas y que utilizaron material de la escuela para cerrar la vía, asimismo durante la detención de estas personas resultó lesionado en el brazo el inspector Ramón Monagas».
Desmintió las denuncias hechas por la comunidad en contra de los efectivos. «El uso de perdigones fue en todo momento persuasivo, tenemos instrucciones precisas de que cuando hagamos el uso de estos equipos sean al aire. No hay ninguna persona lesionada».
Recordó que según el Código Penal venezolano el cierre de las calles es un delito. «Toda protesta debe hacerse con las limitaciones que establece la ley». Indicó que los detenidos serán puestos a la orden del Ministerio Público.
A las afueras de la comisaría, los familiares de una de las aprehendidas manifestaron su preocupación por el hecho. Héctor López, señaló que su madre sólo estuvo en la protesta como observadora, por lo tanto no tuvo nada que ver con lo que pasó. «Cuando pasan cosas así siempre se llevan al que está sin hacer nada, porque los demás se van. Ellos tienen que saber actuar y explicarle a la gente las cosas porque hay muchas personas que no saben». (Andreína Carrasco, Correo del Caroní)
