“En el país están protestando los pobres. Sí, se puede protestar, pero hay una tendencia del Estado de reprimir, obstaculizar y castigar la protesta”, afirmó Marino Alvarado, Coordinador General del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea). La información fue difundida en el foro Criminalización de la protesta organizado por el Centro de Estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la UCV.
“Los sectores laborales son los que más se están movilizando en el país, el 50% de las manifestaciones están vinculadas con personas que apoyan las políticas gubernamentales”, aseveró Alvarado. En 2009, el 36% de las protestas fueron estuvieron vinculadas a reivindicaciones laborales y el 14,4% por servicios públicos. En tal sentido, adelantó que en el 2010 se repite el mismo patrón. Hasta los momentos el 40% de las manifestaciones son por el tema laboral, sin embargo, las protestas por servicios públicos aumentan significativamente por la situación eléctrica, abarcando el 37%.
En el 2009, Provea contabilizó 3.297 protestas, la cifra más alta en la última década, con un saldo trágico de 7 víctimas, por actuación de funcionarios policiales y particulares, número que no se había registrado en los últimos años. Por otra parte, señaló “se comenzó a encarcelar personas como los 11 trabajadores de Pdvsa Gas, los 11 trabajadores de la Alcaldía Metropolitana y al estudiante Julio Rivas”.
“La forma más viable que ven los venezolanos para protestar es el cierre de vías, a pesar que se reformó el Código Penal para castigar a todo aquel que obstaculice una calle”, comentó. Provea sostiene que desde el 2005 se comenzaron hacer reformas legales que restringen este derecho.
El representante de Provea recordó que la Ley de Seguridad y Defensa prohíbe las manifestaciones en las zonas de seguridad. “En 30% del país está prohibido protestar porque corresponde a zonas de seguridad, y te pueden abrir un juicio con pena de prisión si manifiestas, y un 50% en el caso del Distrito Capital”. Por otra parte, la Ley de Defensa de personas en el acceso de bienes y servicios establece penas a los trabajadores que paralicen sus labores. “Si los trabajadores de la salud o el transporte quieren hacer un paro por reivindicaciones laborales pueden ser enjuiciados y privados de libertad”, sentenció.
Existen alrededor de 2.400 personas sometidas a alguna medida judicial, o están encarcelados, por ejercer este derecho, de los cuales 1.507 son campesinos partidarios de la política agraria gubernamental. “Acusan a los ciudadanos de resistencia a la autoridad, porte ilícito y uso indebido de armas, el Código Penal venezolano cataloga de arma cualquier objeto como una papelera”, recalcó.
Al ser consultado sobre la complicidad de los poderes del Estado, Alvarado sostiene que es una política planificada. No sólo la Asamblea Nacional hace layes que restringen el derecho, también los tribunales están ejecutando medidas cautelares que inhiben a los lideres sindicales, estudiantes y lideres a no hacer llamados a la protesta, a no participar y no opinar acerca de los procesos judiciales abiertos.
Resaltó que “lo mejor que le puede pasar a la democracia del país es que la oposición gane la Asamblea Nacional, pues si actúan con responsabilidad, se convertiría en una institución que contrarreste esta tendencia autoritaria en el Estado venezolano”.
Daniel Goncalves
Prensa Provea, 20.05.10
