Resulta evidente la crisis en materia alimentaria y en el sector salud. Eso sin contar con los problemas de servicios básicos, la inseguridad y la alta inflación en el país, donde Ciudad Guayana ocupa el segundo lugar, colándose en el ranking de las ciudades más violentas del mundo al ocupar el puesto número 11. Mientras tanto el Gobierno, lejos de ofrecer una pronta solución, sigue optando a la represión para intentar frenar un descontento social que se incrementa en la medida que se agrava la escasez de casi todo lo que se pueda comprar.
“El Estado venezolano, con relación a los derechos humanos, tiene tres obligaciones: garantizar el acceso, cumplirlos y respetarlos. Si revisamos lo establecido en nuestra Constitución, nos damos cuenta que la salud y alimentación son derechos humanos que el Estado debe garantizar, hacer cumplir, y respetar (…) vemos que el Estado ha dejado de cumplir con sus obligaciones”, señala Esperanza Hermida, coordinadora de Exigibilidad de Provea.
En los últimos días han sido continuas las protestas en todo el país, bien sea por falta de agua, por el racionamiento eléctrico, por la inseguridad, por escasez de medicinas o porque no hay comida.
Ciudad Piar es ejemplo de ello: en dos días consecutivos se originaron dos saqueos a establecimientos de venta de alimentos, tras lo cual fue detenida la concejala opositora Lourdes Carreño por acusaciones del gobierno regional y la alcaldesa de Angostura, la oficialista Yusleiby Ramírez. La detención devino en su imputación por el delito de instigación pública además de una medida cautelar con régimen de presentación cada 15 días y prohibición de salida del país.
Varios sectores de Ciudad Guayana, hasta Upata, en el municipio Piar, llevan meses sin agua; en el sector Buen Retiro, en San Félix, la comunidad protestó contra los abusos de funcionarios policiales, y en las colas sobran las denuncias de maltrato por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
“Se ha venido gestando un clima de alta tensión, y que se justifica que la gente se moleste; la repuesta del Gobierno es también una respuesta desproporcionada porque la gente está desesperada, la gente no encuentra alimentos para los niños, medicinas para sus familiares, y trae como consecuencia un caldo de cultivo para el clima de violencia”, agrega Hermida.
El 19 de febrero funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron a la concejala opositora en Angostura, Lourdes Carreño, luego que la alcaldesa Yusleiby Ramírez la acusara de propiciar los saqueos que tuvieron lugar en Ciudad Piar. El diputado a la AN, Américo De Grazia, también fue acusado por el gobernador Francisco Rangel Gómez de propiciar estos hechos.
Hoy la edil está en libertad con medidas cautelares de régimen de presentación cada 15 días y prohibición de salida del país. Las reacciones de rechazo se dieron en todo el país. La Asociación Venezolana de Concejales aprobó un acuerdo en rechazo a la persecución política contra ediles de la Unidad, a la vez que el caso fue elevado hasta la Asamblea Nacional (AN).
Pero con lo que no contó el gobierno fue con el descontento de la población en Ciudad Piar, que reclamó al gobernador, durante su visita al municipio, no solo por la detención de la concejala, sino por el acaparamiento y presunta desviación de alimentos de Mercal, hecho por el que son acusados trabajadores este establecimiento, de la Alcaldía, la GNB y hasta la alcaldesa.
