Hoy se cumplen 2 meses y 13 días de manifestaciones continuas contra el gobierno nacional. 2 meses y 13 días en los que la noticia, además del descontento de un sector del país, son los casos de violación de Derechos Humanos en Venezuela durante este período de tensiones.
Es por ello que un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG), como Amnistía Internacional, Observatorio Venezolano de Prisiones y Espacio Público, iniciaron una gira nacional para exponer el estatus de las garantías fundamentales a partir de los hechos iniciados el pasado 12 de febrero.
Esa gira comenzó la mañana de este jueves en Ciudad Guayana, con ponencias como la del representante de Espacio Público, Oswaldo Cali, quien expuso sobre el estado de la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información; la de la doctora Telma Fernández, abogada de la ex magistrada María Lourdes Afiuni, quien versó sobre las detenciones arbitrarias y la violación del debido proceso; a esto le siguió la del vocero del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, sobre la tortura, tratos crueles y degradantes, y la del abogado Luis Manuel Guevara, quien expuso sobre el uso desproporcionado de la fuerza en las manifestaciones.
Cali inició su presentación ilustrando ejemplos de cómo se puede violar el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información: una variedad de casos que van desde la agresión, detención o amenaza del Estado a cualquier persona por expresar una idea, hasta la imposición de sanciones a medios de comunicación por mantener una postura editorial.
Informó que en el primer trimestre registraron un total de 249 violaciones a estas garantías fundamentales, entre las que destacan casos de intimidación a trabajadores de la prensa, infociudadanos y personas en general (50), agresiones (48), amenazas (41) y hostigamiento verbal (33). Comparó estas cifras con el total de casos en 2013, que apenas llegaron a 287.
“Estamos seguros de que a final de año las violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información serán mucho mayores a las del año pasado”, vaticinó.
Todo por su nombre
La doctora Telma Fernández definió una detención arbitraria como aquella que se realiza sin que el individuo haya cometido un delito o no se tengan elementos suficientes para presumir su culpabilidad en un hecho punible.
Trajo esto a colación para aseverar que muchas de las detenciones realizadas en el contexto de las protestas han sido bajo este esquema.
Pero no se trata solo eso, sino también de las diversas violaciones al debido proceso, como el no informarle ni al detenido, ni a sus familiares y abogados los motivos de su aprehensión y el impedimento al acceso de las actas sino hasta el momento de la presentación. “Es en ese momento cuando el abogado puede ver el acta y tiene solo unos minutos para preparar la defensa. Eso también es violatorio del debido proceso”, explicó.
También se refirió a los allanamientos, muchos de los cuales, a su juicio, también se hicieron fuera de la ley. Primero citó los procedimientos hechos sin orden judicial, luego otros tantos que, aún con el beneplácito de un tribunal, son nulos por alejarse del procedimiento legal.
“Una orden judicial debe tener una dirección de residencia exacta, para buscar a una persona o un conjunto de personas en particular, plenamente identificadas, o para buscar determinados objetos o pruebas. No puede allanarse un edificio completo sin saber a quién se busca o para hacer una revisión porque se tengan sospechas o se suponga algo”.
Luego de recordar el derecho de la inviolabilidad de la vivienda, de considerar que la negación de la llamada telefónica a los detenidos para informar sobre su estado es una desaparición forzada de personas, y que la flagrancia debe tener suficientes motivos de convicción como para aplicar detenciones y allanamientos sin órdenes judiciales, la doctora concluyó que en Venezuela hay claros indicios de que la protesta está siendo criminalizada. (Ramsés Ulises Siverio, Correo del Caroní, 25.04.14)
