“Aquí tengo tiempo para todo. Hasta para morirme”. De ese modo, William Saud da a entender que dispone de todos los minutos del mundo para ofrecer entrevistas.
El líder minero que se encuentra recluido en la sede de Patrulleros de Caroní, y cuyo estado de salud lo convirtió en noticia este lunes, sabe, además, que es una bomba de tiempo: la obstrucción coronaria que padece puede, de un momento a otro, hacerle una mala jugada. La última, inclusive, y eso él lo sabe.
“Ya el cardiólogo me había indicado hacerme el cateterismo diagnóstico para determinar el grado del daño que tiene el corazón”. Enseguida lee el informe. Tras una retahíla de términos médicos, surge una conclusión: “se recomienda revascularización quirúrgica mediante injertos”.
Saud debería someterse a la operación durante las próximas semanas. De lo contrario, como señala su compañero de presidio Carlos Chancellor, “podría ser otro Franklin Brito”. Se refiere, claro, al desenlace que tuvo el conflicto del productor agropecuario: la muerte.
La exigencia
William Saud niega que el Tribunal Supremo de Justicia se haya pronunciado sobre su caso. Al contrario, por el silencio del ente judicial, no ha podido someterse a la intervención quirúrgica que requiere.
“Hay un silencio absoluto, sepulcral. Tengo ya quince meses preso, y fue a finales de diciembre del año pasado cuando llegó una autorización del tribunal de Ciudad Bolívar, una orden abierta para que me trasladaran al médico”, destaca.
Lo que Saud y el médico tratante esperan es el beneficio de una medida que le permita permanecer fuera de su celda.
“La única medida que me pudiera favorecer sería un beneficio de libertad bajo presentación, por lo menos, cada quince o 30 días. Sería por razones humanitarias y de salud, porque inclusive la de casa por cárcel no me serviría. Yo vivo en Las Claritas, y allí hay un módulo asistencial rural. Ni siquiera hay ambulancia. Si Crystallex hubiese cumplido su responsabilidad, quizás estuviésemos mejor allá, pero por eso estoy preso: por exigir el cumplimiento de ese contrato”, expone.
Utopías
En una Venezuela en la que se promoviera el estado de derecho, el Gobierno hubiese respondido por el estado de salud del dirigente minero. Pero la realidad, lamenta Saud, es otra.
“Deberían tenerme bajo vigilancia especializada, y deberían estar operándome a corazón abierto, como lo requiero. Eso sería en un estado de derecho, pero no lo hay. ¿A quién le reclamo si me muero? El Estado no está asumiendo su responsabilidad”, manifiesta.
Los días de Saud transcurren entre cansancio excesivo, mareo, fallas en la respiración e irregularidades en la presión arterial. Reconoce al comandante de Patrulleros de Caroní, Saúl Cordero, por haber acondicionado, para él y Carlos Chancellor, una celda de condiciones regulares.
Sin embargo, no es adecuada para su condición.
“Aquí no hay condiciones. Lo más humanamente posible nos ha apoyado el comisario, pero hay problemas graves. No puedo hacer una dieta aquí, y esa es mi situación”, señala.
“El estado de salud es crítico. Lo que arrojó el resultado, que nos preocupa mucho, además, es que tiene un alto costo de dinero (alrededor de 250 mil bolívares). Yo hago un llamado al Poder Judicial y al mismo presidente Hugo Chávez Frías para que tomen medidas humanitarias”, solicita Carlos Chancellor, su compañero de prisión.
Mientras estaba atento a la visita del recién excarcelado Rubén González, Saud, una vez más, se manifiesta consciente de su situación. No se altera, no suplica. Sólo procura ser realista: “El infarto puede ocurrir en cualquier momento, y por el estado en el que está la arteria, un infarto sería fulminante”.
Caridad como vía
William Saud señala que, de no ser por la caridad de muchas personas, quizás en este momento su situación sería peor. ¿Podría serlo más? Claro, al menos en sus condiciones, por no decir que, inclusive, podría haber fallecido.
“Ayer, gracias a la colaboración del doctor Gustavo Turmero, pude hacerme el cateterismo. Sólo pagamos 5 mil bolívares en gastos de clínica. Nos disminuyeron los costos. Debo mencionar a Jackeline Fernández, de Amnistía Internacional, a los jóvenes y estudiantes de la Mesa de la Unidad de Upata, quienes hicieron un potazo. Los partidos políticos se han solidarizado también”, reconoce. (Marcos David Valverde, Correo del Caroní, 09.03.11)
