La creación de la Brigada Especial contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (BEGV), formalizada por la Presidencia de la República en la Gaceta Oficial número 4.440 del 25 de junio, ha generado reacciones -tanto a favor como en contra- en los distintos sectores de la sociedad venezolana.
La BEGV, según establece el decreto número 1.014, tendrá como objeto coordinar, analizar, evaluar, organizar, dirigir, ejecutar y recabar las informaciones y acciones provenientes de todos los órganos de seguridad ciudadana e inteligencia del Estado y otras entidades públicas y privadas.
En la Red Nacional de Derechos Humanos ven con beneplácito que se haya generado un espacio como este, “donde se tome en consideración un tema tan importante como la seguridad ciudadana”, afirma Asdrúbal González, coordinador de dicha organización.
Señala que, partiendo del artículo 62 de la Constitución Nacional, que establece que “todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas”, se hace necesario que el Poder Popular se organice “para trabajar coordinadamente, tanto con el Estado como con las organizaciones de base, para abrir espacios de discusión y trabajo articulado”.
Las comunidades, destaca el vocero, “son el órgano inmediato que puede suministrar información acerca de lo que esté sucediendo en cualquier lugar del país”. Sin embargo, en el caso de que estas puedan sumarse la referida brigada, considera que primero deben recibir la formación necesaria para que el objetivo de la misma no se distorsione.
“Es importante la participación, pero también es importante que esa participación sea formada y de acuerdo a la información que manejamos, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz ya está diseñando los planes de capacitación para los comités o brigadas que van a participar en este plan especial”, apuntó.
CORRESPONSABILIDAD
La intención de contrarrestar la violencia mediante esa brigada, según González, denota que hay una política de Estado que busca enfrentar ese flagelo, que no solo se plantea propiciar la paz, sino que lo hace articuladamente con el Poder Popular.
“El Estado está preocupado en generar unas políticas en materia de seguridad, y por tal motivo no se aísla del poder popular, sino que trabaja con él de forma articulada para lograr ese objetivo”, expresó.
Además, piensa que la iniciativa también permite entender que la seguridad es un asunto de corresponsabilidad social que no le compete únicamente al Gobierno. “Si bien es cierto que el Ejecutivo cuenta con todos los recursos materiales y humanos, también es importante que la población se involucre de forma directa en la formulación de políticas en materia de seguridad”, precisó.
Para el representante de la Renaddhh, esta es una buena oportunidad para que el Poder Popular, así como las y los activistas de los derechos humanos puedan integrarse para dar sus opiniones en lo que respecta a materia de seguridad.
ALTERNATIVA CONTRAHEGEMÓNICA
De acuerdo con Asdrúbal González, la Red Nacional de Derechos Humanos nace con la intención de unificar esfuerzos y crear una alternativa de visión contrahegemónica, para demostrar que hay factores, que no son el Estado, que pueden atentar contra estos.
“El año pasado cuando fue electo Nicolás Maduro como presidente de la República, hubo un sector desconoció los resultados y generó una serie de acciones violentas. Recientemente, amparándose en la mala visión del derecho a la protesta, estas mismas personas han generado una situación de zozobra y angustia en la población”, denunció.
A raíz de estos hechos, argumentó, las organizaciones que forman parte de la red se han visto en la necesidad de agruparse para decirle al pueblo venezolano que “existe otra visión de los derechos humanos y que hay una fuerza que no comparte la teoría hegemónica, sino que se orienta hacia lo social y lo humanista”.
Si bien es cierto que el Estado es el garante de que no los Derechos Humanos no sean violentados, “porque tiene todos los mecanismos para impedirlo”, también es cierto que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece claramente la corresponsabilidad que tenemos todos y todas en torno a ese y otros aspectos, declaró el activista.
“Una cosa son los episodios puntuales de funcionarios, especialmente en materia de seguridad, que hayan infringido la ley y cometido alguna violación de derechos humanos, y otra muy distinta es hacerlo como práctica sistemática de Estado, como ocurrió en el periodo comprendido entre 1958 y 1998”, contrastó.
En la actualidad, refirió el vocero, cuando algún funcionario comete una irregularidad, los órganos del Estado actúan de manera inmediata: “Existen funcionarios del Sebin y de la Guardia Nacional que están siendo investigados por presuntas violaciones de DDHH en los hechos de protesta, lo que quiere decir que hay una voluntad política para garantizar los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos”.
CRIMINALIZAR LA PROTESTA
Inti Rodríguez, coordinador de medios del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), ve con preocupación la formación de esta brigada: “Creemos que por medio de la misma se va intentar criminalizar aún más el derecho a la protesta pacífica en Venezuela”.
Consultado por el Correo del Orinoco, señaló que el mensaje que se ha construido desde el Ejecutivo en torno a las y los manifestantes opositores, “es que todos estos actores de la sociedad venezolana están involucrados en planes golpistas y conspirativos”.
De hecho, refiere que los discursos pronunciados por la mayoría de los altos funcionarios del Gobierno “evidencian que hay toda una matriz de opinión que busca catalogar a este sector -que ejerce su derecho a la manifestación pacífica- como parte de un plan violento”.
Si bien es cierto que constitucionalmente el Estado tiene facultades para crear organismos policiales, en este caso particular, según el vocero, “la situación se complica por la absoluta discrecionalidad y autonomía con las que va a actuar esta brigada frente a los sectores sociales que son precalificados por el Gobierno como violentos”.
Al respecto, precisó que esos elementos “hacen que los funcionarios que forman parte de estos cuerpos de seguridad incurran, no solo en violaciones de derechos humanos, sino también en actos de corrupción”.
PROPORCIONALIDAD
Con base en el último informe de Provea, indicó que “alrededor de 94% de las protestas que se realizaron en el país durante los últimos meses fueron de carácter pacífico, mientras que 6% restante han sido violentas”.
En ese sentido, condenó la violencia y rechazó que estas manifestaciones “hayan perdido su carácter pacífico”, tal y como está consagrado en la Constitución, pero también exigió al Estado un “tratamiento acorde a los principios establecidos en los estándares internacionales” de derechos humanos y en la propia Carta Magna.
“El Estado venezolano no puede responder mediante el uso excesivo de la fuerza a determinadas manifestaciones que considere violentas, y ese ha sido uno de los patrones más reiterados de violación de los derechos humanos en los últimos cuatro meses”, denunció.
Para el representante de Provea “no basta con que se investigue y sancione a los presuntos responsables, sino que el Estado debe adoptar políticas y desarrollar programas dirigidos a que no se repitan estos hechos”. Eso implica formación en materia de derechos humanos para las y los funcionarios policiales.
PARTICIPACIÓN PELIGROSA
Para Inti Rodríguez, la participación colectiva dentro de la brigada, en el caso de que llegara a implementarse, “sería muy peligrosa porque induce al enfrentamiento pueblo contra pueblo; además, es inconstitucional porque viola el artículo 332 de la Constitución”.
Recordó que el pasado 5 de marzo, durante un discurso ofrecido en Los Próceres, el Presidente exhortó a las organizaciones revolucionarias a que ejercieran labores de seguridad ciudadana para enfrentar a las guarimbas.
A partir de ese llamado, agrega el representante de Provea, se creó el Comando Popular Antigolpe, que en su opinión “indujo a que civiles afectos a ese grupo participaran en la detención arbitraria de ciudadanos, incluso golpeándolos”.
El activista por los derechos humanos insistió en que “esta brigada es la continuación del afianzamiento de una mentalidad represiva y del afianzamiento de la filosofía contenida en la doctrina de seguridad nacional”.
Explicó que esta teoría determina que “la seguridad del Estado está por encima de los derechos ciudadanos”, lo que a su parecer “justifica que agrupaciones de civiles armados participen en conjunto con los cuerpos policiales en labores de contención, vigilancia y delación”.
En uno de sus artículos, afirma, el decreto destaca la obligación que tienen no solamente las instituciones públicas, sino también las privadas, de brindar información y prestar colaboración al nuevo organismo de seguridad.
“Eso recoge elementos de la llamada ‘ley sapo’ que fue rechazada en el año 2012 y de alguna forma institucionaliza la figura de los patriotas cooperantes, que no es otra cosa que convertir a toda la sociedad en una especie de delatora”, fustigó.
A su criterio, todas esas acciones, además de constituir un “grave riesgo para la democracia y para los derechos humanos”, fortalecen la “militarización de la sociedad” que presuntamente ha venido promoviendo el Estado.
VIEJA DATA
En opinión de Rodríguez, la brigada contra grupos violentos “guarda mucha similitud con organismos policiales creados en el pasado, en Venezuela y otros países de América Latina, que cometieron importantes violaciones a los derechos humanos”.
En el plano nacional, citó como ejemplo el Comando Específico José Antonio Páez, instaurado durante el gobierno del presidente Jaime Lusinchi: “Ese grupo, que aglutinó a distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional y cuerpos policiales, fue el responsable de la masacre del Amparo”, en la que fueron asesinados 14 pescadores.
De igual forma, se refirió al grupo Gato, conocido por las atrocidades que cometió, “que data más o menos de la misma época y fue parte de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ), el cual nació bajo el mismo concepto que están naciendo ahora estas brigadas especiales”.
Respecto a los grupos internacionales, hizo referencia al Destacamento Colina, “creado durante el gobierno de Alberto Fujimori, en Perú, para combatir la subversión y a lo que ellos llamaban grupos violentos”. Destaca que ese grupo, además de ser el autor de la masacre de Barrios Altos, que dejó 15 muertos y 4 heridos, “evidenció el carácter represivo del gobierno de Fujimori”. (Correo del Orinoco, 06.07.2014)
