A pesar del arresto de seis ciudadanos este viernes, durante una manifestación pacífica en exigencia de la optimización de los servicios básicos, los residentes del sector rural aseguran “no tener miedo”. Más allá de defender el derecho a protestar, demandan mayor eficacia de las autoridades municipales y regionales en la búsqueda de soluciones a los problemas de las comunidades.
José Salazar no pudo dializarse durante cuatro días. La comunidad en la que vive, ubicada en la vía principal del sector Rio Claro en San Félix, estuvo ese tiempo sin servicio de energía eléctrica y 72 horas sin agua potable.
La situación empujó a los vecinos el pasado viernes, después de agotar todas las vías administrativas, a manifestar pacíficamente en la calle, pero la protesta fue disuelta a perdigonazos lanzados por la Policía del estado Bolívar, cuyos efectivos en medio de la acción detuvieron a seis personas.
“Esto parecía el viejo Oeste, se escuchaban detonaciones y la Policía persiguiendo a la gente y hasta echaron plomo”, relata la esposa de Salazar, mientras otro vecino interroga: “¿era plomo o perdigones?” y ella contesta: “plomo o perdigones, da igual, aquí lo que había era gente clamando por agua y luz, mujeres, ancianos y niños”.
El diálogo con las autoridades se agotó cuando los vecinos se negaron a restablecer el paso de vehículos hacia el Delta Amacuro una vez reanudado el servicio eléctrico, alegando que “siempre pasa eso, cerramos la calle, abrimos el paso cuando llega la luz y enseguida se va de nuevo por otras 10 horas”.
Acción policial
Las manifestaciones como medio para canalizar las quejas de los residentes son frecuentes en el país, así lo confirman el festín de marcas de asfalto quemado que adornan el pavimento desde parte del sector 25 de Marzo hasta Altamira II.
“Vamos a Cadafe, a la Alcaldía o a Hidrobolívar a donde sea que vayamos es lo mismo, este sector está olvidado, sólo vienen hasta acá cuando tomamos medidas drásticas como ésta. Meternos presos y arremeter contra nosotros no es la solución, la solución es que las cosas funcionen”, expresó Nelson Rafael Salazar, fundador de la comunidad.
Hace un mes cuatro personas del sector Altamira I -entre ellos niños- que manifestaban junto a un grupo de vecinos por la promesa incumplida de construir tres aulas de clases y un comedor en la Escuela Nacional Rural Ana Emilia Tenor, resultaron detenidas.
El pasado 7 de octubre, en una protesta por fallas en el servicio de electricidad en la comunidad La Porfía, de la parroquia Yocoima funcionarios de la Policía del Estado Bolívar, adscritos a la Comisaría de Vizcaíno arremetieron contra miembros de la familia Machuca, dejando un saldo de seis heridos por perdigones.
Esto sucedió a pesar de la garantía que el comisario de este centro policial, José Gregorio Cordero ha hecho en reiteradas oportunidades sobre el uso de este instrumento, “tenemos instrucciones de que cuando hagamos uso de estos equipos (perdigones de aire) sea al aire”, reiteró el pasado viernes.
Las seis personas privadas de su libertad -entre ellas una menor de edad- están siendo procesadas. Este sábado pasadas las 4:00 de la tarde se presentaron ante el Tribunal de Control, y esperaban la audiencia que, de ser suspendida llevaría nuevamente a los detenidos a la Comisaria de Guaiparo y Vizcaíno.
Derecho a manifestar
“Si se vuelve a ir la luz volvemos a trancar la vía. No es posible que estando aquí cerquita de San Félix, pareciera que somos parte de otro estado, no nos toman en cuenta”, advirtió Arelis García quien vive en el sector hace 30 años y asegura haber visto como pasan los gobiernos “y todo sigue igual”.
Para el investigador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Marco Ponce, las represiones a las manifestaciones pacíficas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado resultan “una violación flagrante de las Leyes” y añadió “se está violando el derecho a la libertad personal y el derecho a la manifestación”.
“Protestar es un derecho y si es en tono pacífico no vemos mayores complicaciones, las complicaciones se presentan cuando los cuerpos de seguridad no dialogan sino que los reprimen y peor aun no hay respuesta de los entes gubernamentales, entonces la gente queda detenida, con procedimientos judiciales abiertos y sin solución a los problemas”, señaló vía telefónica..
El investigador de Provea indicó que en estos casos el apoyo de la comunidad a las personas que resulten detenidas es importante y reiteró el llamado de atención a las autoridades pues “en la mayoría de los casos este es el último recurso de las personas, está demostrado que la gente sale a protestar después de agotar todas las vías legales en busca de soluciones”.
Mariana Alejandra Ramírez
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