Alexander Fuentes lo comprendió, y la indignación que el 5 de noviembre lo invadió y lo llevó a trancar la vía principal del sector Río Claro para exigir mejoras en los servicios básicos, se transformó en la más absoluta sumisión.
«Me arrepiento por haber llevado a mi familia a esto, no es muy bueno estar preso y sinceramente le digo que más nunca protesto y si se va la luz bueno… prenderé una vela», declaró unos días después de haber sido detenido, junto con su esposa, su hija y su cuñada.
Pero la guinda del pastel vino cuando Fuentes, en esa misma declaración, señaló que eso que él y sus vecinos habían hecho «fue un delito el que cometimos de trancar una vía pública. Nosotros desconocíamos la ley».
«Más nunca protesto». «Fue un delito el que cometimos». El mea culpa da para mucho ¿Son, entonces, Fuentes y otros cinco habitantes de Río Claro detenidos ese mismo día, tan culpables como él lo reconoce? El tema se torna, sin lugar a dudas, delicado, y arroja varias conclusiones, que dependen, claro está, desde cuál óptica sea vista. La criminalización de la protesta es una de ellas.
Sin dudas: represión
Para el presidente regional de Un Nuevo Tiempo, Luis Manuel Esculpi, no existe ningún tipo de dudas con respecto a la situación que vivieron en Río Claro o en la estación Propatria del Metro de Caracas: todas son ejemplos de la criminalización de la protesta, y detrás de ello se esconde una clara tendencia gubernamental a silenciar a quienes pongan en evidencia el descontento popular.
«Hay una represión política. Lo mismo lo vimos el domingo en el Estadio Olímpico (Caracas), cuando la Policía Metropolitana reprimió a los asistentes a un juego. Todo esto que ocurre no es característico de regímenes democráticos», agrega.
Precisa que el descontento oficial por los resultados del 26 de septiembre (el chavismo, a fin de cuenta, no logró la mayoría calificada) se ha traducido en el aumento de estas medidas.
«Después de ese resultado nació una estrategia, con vista a las elecciones de 2012, y tiene un propósito definido, pues cada vez que hay una derrota electoral, el chavismo pretende inhibir a la población, pero puede salirles el tiro por la culata», advierte.
Nada que reprobar
Esculpi observa que en la Constitución, el derecho a la protesta está garantizado. Empero, el ex coordinador parroquial de Universidad por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Leazer González, considera que hasta los momentos no ha habido violaciones a la carta magna.
«Yo creo sinceramente que, cuando hay una protesta, hay que tomar medidas, pero no practicar detenciones. Sin embargo, cuando se trata de un bien público (como una vía o el Metro de Caracas) no se puede paralizar», opina.
Observa que, además de ello, en Venezuela no se justifican las protestas actualmente por una simple razón: no existen motivos para ello.
«Sí hay un descontento es en las clases media y alta, pero es porque han perdido espacios. Lo que nosotros queremos es que haya igualdad, como dice el socialismo, y el socialismo es como el cristianismo: se trata de ayudar a los pobres», concluye.
En el medio
Las palabras de González no merman las ideas de Mairis Balza, abogada y catedrática de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho.
«Respecto a la protesta, vemos que ha habido un debilitamiento significativo de los derechos humanos. Podemos decir que Venezuela es vanguardista en derechos humanos, pues tenemos una constitución que los defiende, pero en la práctica no se cumple. En cambio, hay abusos por parte del poder público», refiere.
¿Qué concluye, entonces, Balza? Sin vacilaciones, que la protesta sí está criminalizada en Venezuela.
«La ciudadanía tiene el derecho a protestar, y no hay excusas para el uso de la fuerza pública. Ahora, mi derecho a la protesta no puede confundirse con excesos, ni por parte de la ciudadanía ni por parte de las fuerzas públicas», finaliza. (CorreodelCaroní; 22.11.2010)
