Otras dos personas imputadas por los ataques y destrozos causados en la Residencia de Gobernadores fueron trasladadas este domingo, a primera hora de la mañana, hasta la cárcel de Punto Fijo, en el estado Falcón.
La audiencia de presentación de la pareja de adultos se llevó a cabo el sábado a últimas horas de la tarde, en el Edificio Nacional, donde ante el Tribunal Tercero de Control la Fiscalía Quinta del Táchira le imputó los mismos delitos que a los tres primeros estudiantes, que horas antes enviaron a la cárcel de Coro, por orden del juez Segundo de Control.
La decisión tribunalicia causó reacción entre los familiares, que consideran que “se han convertido en víctimas de una situación injusta e ilegal, toda vez que contra estos, ni contra los tres estudiantes, existen pruebas contundentes que los involucren con los hechos violentos registrados en la residencia oficial”.
Se dijo que, la imputada Patricia Josefina Sarmiento, de 21 años de edad, no es estudiante universitaria. Es una joven madre y comerciante que, junto a su esposo, son propietarios de un negocio situado detrás de la Universidad Católica del Táchira, Ucat. Según testigos, de allí salía cuando efectivos de la Guardia Nacional la detuvieron, el jueves, sin darle mayor explicación.
En cuanto a Gerard Alejandro Rosales, de 20 años de edad, estudiante del Instituto Politécnico Santiago Mariño, sus familiares garantizan que tampoco estuvo relacionado con el ataque protagonizado el jueves por un grupo de encapuchados, que apedreó, quemó y causó destrozos en parte de esas instalaciones gubernamentales.
Consideran que ambos, junto con los primeros tres estudiantes ya imputados, y los dos adolescentes de 16 y 17 años de edad, aprehendidos por la misma causa, por una comisión de la Guardia Nacional “están siendo utilizados como chivos expiatorios, pues al no conseguir identificar a los verdaderos partícipes en el hecho, salieron a pescar a los primeros que hallaron en el camino para acusarlos”.
Con relación al caso de los dos adolescentes, se dijo que también el sábado, la Fiscalía 19 les imputó al menos siete delitos y pese a que les otorgaron una medida cautelar, hasta tanto no entreguen al tribunal los recaudos necesarios para su liberación, permanecerán recluidos en albergues para menores por algunos días, pues los trámites podrían tardar un tiempo.
En el caso de la joven de 16 años, su progenitora ha declarado que los funcionarios de la Guardia Nacional la detuvieron cuando salió de casa de su abuela, para hacerle una diligencia. Seguidamente, aseguran, hallaron en la vía al muchacho de 17 años, que se dirigía a un gimnasio e hicieron lo propio contra él, detenerlo, aparentemente sin ninguna razón.
Es válido recordar que la audiencia de presentación de los hermanos Leonardo y Reinaldo Manrique, así como de Jesús Gómez, se hizo en un salón del Comando Regional número 1, supuestamente por solicitud del Ministerio Público, que argumentó que era “por seguridad”, pero esta medida, de que civiles fueran juzgados en una instalación militar y no en su fuero natural, como lo es el Edificio Nacional, sede de los tribunales, generó distintos pronunciamientos y críticas por parte de conocedores de la materia jurídica, pues a juicio de muchos, es ilegal que esto ocurra.
Todas estas supuestas irregularidades han provocado en los estudiantes, familiares y en general, en algunos sectores de la colectividad regional, rechazo, por lo que desde el sábado han participado en misas, “cacerolazos”, concentraciones y manifestaciones de calle pacíficas.
En este sentido, algunos de estos manifestantes advirtieron que en la concentración efectuada el sábado en la noche en la intersección de la avenida Carabobo con avenida Ferrero Tamayo, hubo una intentona de infiltración de provocadores de oficio, que conminaban a la gente a quemar cauchos, provocar violencia y dirigirse hasta la Residencia de Gobernadores, “que a esta hora no tiene mucha seguridad”, para atacarla.
La intención de los antisociales fue rápidamente advertida por la gente que se negó a seguirles el juego, por lo que al verse descubiertos, los vándalos optaron por correr, subir a unos vehículos donde los esperaban, y abandonar el lugar.
Se informó que las manifestaciones de calle pacíficas continuarán y se aseguró que permanecerán en vigilia permanente en esa misma intersección de las dos avenidas antes citadas, en demanda de la libertad plena de los siete jóvenes imputados.
Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Cicpc, practicaron algunos allanamientos en residencias de varios estudiantes vinculados de alguna manera a los imputados, y entregó citaciones para hoy lunes. Y de manera extraoficial, se asegura que existen otras órdenes de captura por el mismo hecho. (Diario La Nación, 20.02.14)
