Nunca en la historia de Venezuela ha habido tantas personas procesadas judicialmente por ejercer legítimamente el derecho a protestar, según asegura el director de Provea, Marino Alvarado, quien manifiesta que desde 2005 hasta la fecha, la lista de personas con apertura de procesos legales ya sobrepasa los 4.000. Es decir, que matemáticamente es casi una acción penal diaria.
Alvarado señala que ni en la década del 60 y de los 80, el Estado había actuado con tanta represión. Recuerda que durante el gobierno de Jaime Lusinchi, en las jornadas de manifestaciones por presupuesto universitario, 22 estudiantes fueron procesados por la justicia militar
«Pero ahora tenemos estudiantes en las cárceles y cantidad de personas con medidas cautelares y regímenes de presentación», señala, al tiempo que manifiesta que la propia Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, reconoció que desde que comenzaron las protestas el pasado 4 de febrero van más de mil personas con expedientes.
POLÍTICA VIOLATORIA
En estos meses de febrero y marzo, a juicio de Alvarado, se ha venido aplicando un marco jurídico creado con la intención clara de criminalizar la protesta pacífica. «El Ministerio Público y los tribunales continúan siendo instrumentos para la represión social en el país», agrega.
Dice que la protesta va a seguir, no sólo por la convocatoria de los dirigentes políticos sino por los malestares y exigencias de los derechos y servicios públicos, y cree que cualquier intento de diálogo no va a tener efecto mientras se sigan abriendo juicios penales a los protestantes.
Por ello, durante la reunión que sostuvo Provea con la Fiscal la semana pasada, la mayor exigencia fue justamente una rectificación de esta política violatoria, tal como asegura Alvarado.
«Expusimos que comprendemos que en el caso de protestas violentas el Estado debe actuar, pero también dijimos que la represión no está orientada a los focos de violencia sino que ahora está siendo generalizada».
Alvarado explica que también se señaló que era inconstitucional imponer al procesado la medida cautelar de no poder declarar sobre su caso.
«Hubo un compromiso de la Fiscal de que eso se iba a eliminar y nos informaron que incluso a quienes ya se les había planteado se las iban a quitar, que eran más de 200».
Provea también aprovechó la reunión para plantear casos emblemáticos en los que líderes sindicalistas están siendo procesados injustificadamente.
En el caso de los trabajadores de Trasporte Camila, que tenían 7 años con régimen de presentación, luego de un compromiso de revisión, se logró levantar la medida. «Saludamos que el MP haya revisado los casos puntuales que planteamos, pero poco hacemos si día a día van creciendo otros casos de criminalización de la protesta». (Keilyn Itriago, Diario Tal Cual, 11.03.14
