Especialistas repudian que el Estado venezolano haya incumplido las medidas acordadas por la CIDH
Deploran muerte de Brito y responsabilizan al Estado
«Su muerte es el resultado de un mandato intolerante, intransigente y negado al diálogo», dijo Marino Alvarado, director de Provea
Franklin Brito tenía 260 días recluido contra su voluntad en el Hospital Militar de Caracas, 183 días sin ingerir alimentos y 7 años reclamando la titularidad de un terreno en el estado Bolívar. La que concluyó el lunes con su muerte era la séptima huelga de hambre que emprendía el también biólogo, que falleció sin obtener justicia: no logró la titularidad del terreno ni que el Instituto Nacional de Tierras revocara las cartas agrarias que sobre su fundo había entregado a otras personas, ni que se legalizara la indemnización que el Estado le dio en 2007.
El desenlace mortal de la protesta pacífica de Brito refleja, según Marino Alvarado, director de Provea, la manera prepotente de gobernar del presidente Hugo Chávez. «Su muerte es el resultado de un mandato intolerante, intransigente y negado al diálogo», señaló.
Alvarado dijo que el fallecimiento del productor agropecuario es responsabilidad de todos los poderes pertenecientes al Estado.
«El Ejecutivo es responsable desde que le quitaron sus tierras (en el 2003). El Ministerio Público es responsable desde que la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz ordenó que fuese trasladado contra su voluntad al Hospital Militar. La defensora del pueblo es cómplice porque confabuló para presentarlo como un demente. El juez que lleva el caso (Lenín Fernández) es responsable porque negó que se cumpliera la orden del director del hospital de dar de alta a Brito (el pasado 1º de marzo), y los diputados oficialistas son responsables porque alentaron a que el Ejecutivo actuara como lo hizo», argumentó.
«Nunca en Venezuela un Gobierno había dejado morir a un huelguista», expresó.
Práctica estalinista. Pedro Nikken, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, calificó de indigno el manejo que el Gobierno le dio a la protesta de Brito.
Criticó que hubiesen declarado que el huelguista había disminuido sus capacidades mentales.
«Su declaratoria oficial como un enfermo mental me recordó al estalinismo. Era una práctica habitual de ese régimen declarar loca a la disidencia», recordó.
Nikken también deploró el «secuestro» de Brito en el hospital. Fue llevado a la fuerza el 13 de diciembre desde la sede de la OEA (donde realizada la huelga de hambre) hasta el centro asistencial.
«Brito fue víctima de una reclusión forzosa, cosa penada internacionalmente», señaló su abogada, Adriana Vigilanza.
«Presumo que había interés de parte del Gobierno en que esto terminara así», indicó, y subrayó que los funcionarios involucrados en el caso fueron ascendidos: Juan Carlos Loyo, ex director del INTI, fue nombrado ministro; y Elías Jaua, ex ministro, fue designado vicepresidente ejecutivo.
La abogada denunció que el 11 de enero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas a favor de Brito que fueron incumplidas por Venezuela: debía ser atendido por médicos de su confianza.
La defensora de derechos humanos Liliana Ortega, directora de Cofavic, lamentó la actitud gubernamental.
«El caso de Brito estuvo acompañado de una gran impunidad y desidia institucional. Brito murió víctima del desamparo», dijo.
Denuncia internacional. La Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de las Américas recibió la denuncia de la muerte del huelguista, que fue presentada por Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones. «Si los Castro, en Cuba, tienen su Orlando Zapata, Chávez tiene su Franklin Brito», afirmó.
La organización Foro por la Vida fijó posición. «La falta de sensibilidad del Gobierno condujo a un resultado que constituye un grave precedente en cuanto a la conducta de los poderes públicos frente al reclamo ciudadano», señala el comunicado.
Fuente: www.el-nacional.com
