Es común que las víctimas de violaciones de derechos humanos decidan sumar sus esfuerzos en la exigencia de justicia a través de la creación de una organización no gubernamental.
Lo que no es común es que otro vínculo fundamental entre sus miembros sea haber sido imputados y acusados por el Ministerio Público de la presunta subversión del orden público con una estrategia de delincuencia organizada.
Ese es el caso de la Asociación Civil Fundación Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz 2013), que agrupa a 20 de las 120 personas que fueron reprimidas durante las manifestaciones que se llevaron a cabo en Barquisimeto contra los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del 14 de abril.
“Ninguno de nosotros nos conocíamos. Nos vimos por primera vez cuando coincidimos en las protestas y después en las instalaciones militares a donde nos mantuvieron presos y nos torturaron durante cuatro días”, asegura Jackson Escalona, presidente de Funpaz 2013.
A cuatro meses de los hechos, Ivonne Echenagucia exhibe como prueba de la tortura a que fue sometida las marcas que todavía tiene en un brazo: “Me detuvieron el 16 de abril a las 4:30 pm. Me llevaron al Destacamento 47 de la Guardia Nacional a punta de golpes y peinillazos. En el destacamento me mantuvieron en cunclillas durante seis horas y me daban golpes en la cabeza con botellas de agua congelada. Al día siguiente me aplicaron electricidad dos veces. Me querían obligar a firmar una carta de reconocimiento del triunfo electoral de Nicolás Maduro. En vez de firmar, yo dibujé una casa y me clavaron el bolígrafo en la mano”.
Echenagucia, que trabaja como chef, estuvo detenida con otras dos mujeres: Sondra Barreto y Marvic García.
Las tres están acusadas del delito de ultraje a funcionario y el 28 de agosto se realizará la respectiva audiencia ante el Tribunal Noveno de Control, a cargo de Leyla de Jesús Zicarelli de Figarelli.
En total son 71 los acusados por el Ministerio Público y en algunos casos se les responsabiliza de delitos tan graves como la utilización de menores de edad para cometer delitos.
Invisibilizados.
Escalona precisó que la idea de constituir una ONG surgió durante una reunión de cinco de los afectados por la represión militar en Barquisimeto los días 15 y 16 de abril con el obispo Antonio López Castillo, el rector de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Fracesco Leone, y representantes de otras ONG larenses de defensa de derechos humanos como Esperanza Activa.
“De la indignación por los atropellos pasamos a la acción. Decidimos hacerle frente al intento del Estado de criminalizar la protesta y eludir responsabilidades por los excesos cometidos por los militares. Somos víctimas, no victimarios, y nuestro primer objetivo es vencer la invisibilización de nuestras denuncias en las instancias encargadas de administrar justicia, específicamente en el Ministerio Público y en la Defensoría del Pueblo”, reafirmó el presidente de Funpaz 2013.
En tres oportunidades se han trasladado a Caracas. La última vez para verificar el estado de una solicitud de entrevista con la fiscal general de la República, Luisa Ortega. Temen que el Ministerio Público avance en su intento de condenarlos y mantenga engavetadas las denuncias de detenciones arbitrarias y torturas.
“Tenemos algunas evidencias de denegación de justicia”, comentó el abogado de Funpaz 2013, Manuel Vírguez. Aseguró que cuando Ivonne Echenagucia pidió a la Fiscalía que le informaran sobre las diligencias realizadas para sancionar el maltrato que recibió de militares, la Fiscalía le dijo que debía someterse a una nueva evaluación médico forense. “Nos preguntamos: ¿qué pasó con el primer examen que le hicieron para certificar la tortura? ¿Es que acaso están jugando a que el caso se caiga por falta de pruebas?”.
Otros activistas de la recién creada ONG pudieran impedir la impunidad por falta de elementos de convicción que fundamenten una eventual imputación contra funcionarios militares.
Es el caso del estudiante de ingeniería Rafael Suárez: “Yo fui herido con una bala calibre 9 milímetros. Me dañó el intestino y el hígado. Cuando me intervinieron quirúrgicamente sufrí un paro respiratorio y no pudieron sacar la bala. La tengo dentro de mi cuerpo, bien guardada, como otra prueba de la brutalidad de los militares que nos reprimieron”.
En busca de aliados
La Iglesia, la universidad, los gremios de abogados y psicólogos y varias ONG larenses fueron los primeros en mostrar solidaridad con los afectados por los excesos que se habrían cometido el 15 y el 16 de abril en Barquisimeto.
La mayoría de los detenidos ha recibido asistencia jurídica gratuita de abogados privados. Además, el Colegio de Psicólogos atendió los casos más graves de estrés postraumático.
En Caracas han recibido apoyo de Cofavic, Provea y Foro Penal Venezolano, entre otras ONG de reconocida trayectoria. Las primeras lecciones tienen que ver con la necesidad de fortalecerse para desarrollar una lucha por la justicia que, por lo general, es larga y difícil.
En la búsqueda de aliados, los activistas de Funpaz promueven la organización de otras víctimas de los excesos policiales cometidos después de las elecciones: “Ya hicimos contacto con un estudiante de ingeniería de la Universidad de Carabobo.
Su nombre es Jesús Matute, recibió más de 30 impactos de perdigones y está dispuesto a dar la pelea con nosotros”.
La Cifra.
71 manifestantes del estado Lara han sido acusados por el Ministerio Público. (Edgar López, El Nacional, 19.08.13)
