«La grave crisis económica que atraviesa Venezuela pudiese ser el gran detonante para el aumento del descontento y la protesta popular en los meses venideros», advierte el Observatorio Venezuela de Conflictividad Social (OVCS) en su reciente informe semestral, que da cuenta de 6.369 protestas en los primeros seis meses del año. De ellas, 647 laborales.
El alerta que deja ver la organización al final de su trabajo, no deja de ser menos importante. Concentra justamente el núcleo de los conflictos, asegura Marco Ponce, coordinador del OVCS.
El activista de Derechos Humanos valora lo económico como el motor de las protestas. Advierte que pese al entramado jurídico, y el uso de la fuerza pública, para contrarrestar los efectos de la protesta; los ciudadanos no se han dejado dominar y seguirán demandando cada vez más sus derechos.
-Hasta hace poco los conflictos laborales repuntaban el ranking de conflictividad, ¿esto se mantiene?
-El tema laboral es el que siempre está en el ranking. Cuando hay conflictos políticos muchos sectores laborales tratan de que no los identifiquen con esa dinámica, pero no quiere que decir que no estén allí. A partir de mayo y junio, vemos a los trabajadores activos. Este segundo semestre probablemente los trabajadores van a estar más movilizados, sobre todo después de septiembre.
-¿Hay características determinantes?
-La tendencia nos refleja ese comportamiento histórico. Pero adicionalmente por las consecuencias de la crisis económica. Ahora estamos esperando unas medidas económicas, cuyos resultados no se van a ver de inmediato, sino dentro tres o cuatro semanas.
-¿Considera que el Gobierno tiene claro esos posibles efectos?
-El Gobierno debería estar claro. Tiene una infraestructura que pudiera decirle que hay un grupo de personas que tiene tiempo movilizándose y que frente a las crisis económica el sector laboral va a estar activo.
-¿Lo económico determinará los reclamos?
-Sí. El tema económico ha sido el gran motor. Son muchas cosas, pero el tema económico es clave porque afecta todo el entramado de la vida nacional.
-¿Tiene razón el Gobierno cuando califica a los sindicatos de «locheros»?
– El Gobierno siempre ha tenido un discurso descalificador contra quienes han expresado públicamente sus diferencias. Este discurso de criminalizar, de utilizar expresiones como «anarco-sindicalistas» o «mafiosos», no es solo contra el sector sindical, sino con todos los que han expresado críticas. Y nosotros no vemos a los trabajadores pidiendo situaciones extraordinarias. Lo que hemos visto nosotros siempre ha estado en el marco de la ley.
-Específicamente, ¿cuáles son las luchas que defiende la clase obrera?
-Una de las cosas que vemos más frecuente es el pago de deudas, cuando esos compromisos no fueron alcanzados o no se cristalizan es uno de los puntos que más moviliza a los trabajadores. El tema del contrato colectivo también.
-¿Y discrimina entre oficialistas y opositores?
-No. Para nosotros todos están incluidos. Cualquier persona que exija sus derechos entra dentro de las estadísticas de sindicalistas que están exigiendo reivindicaciones.
Ahora, los sectores sociales que se identifican con el Gobierno han sido los que más han protestado en los últimos años, incluso con su camisa roja, pancartas de Hugo Chávez o Nicolás Maduro, porque ven esto como un derecho.
-Durante la entrevista, usted habla que el discurso del Gobierno ha sido muy efectivo en estigmatizar a quienes salen a exigir derechos, ¿es esta una forma de criminalizar de la protesta?
-Al principio la hemos definido como la conducción del conflicto. Este tipo de discursos que utiliza el Gobierno no es nuevo. El presidente Chávez era muy astuto en eso y conducía los conflictos de esa manera, es decir, no traiciones a la patria, tienes que esperar que nosotros te demos la respuesta. El discurso lo que busca es conducir los conflictos para el tiempo político que el Gobierno está manejando.
-¿Ha funcionado esa estrategia en 2014?
-En 2014 vimos el tema de la criminalización de la protesta de manera consolidada. Este tipo de medidas son astutas para tratar de dirimir la lucha social y hacer que los sectores sientan temor.
-Conducir los conflictos de esta forma, ¿le ha funcionado al Gobierno?
-No, ha tenido efecto contrario y por eso cada vez más se inventan nuevas leyes. Este tipo de planteamiento de criminalización ocasiona una solidaridad inmediata en los sectores. En febrero, vimos la detención del secretario general de la Futpv, José Bodas, en Puerto La Cruz (Anzoátegui) y cuando ocurrió otros sectores se movilizaron haciéndole frente a esta medida. Tenemos el caso de Rubén González, secretario de Sintraferrominera, que logró cohesionar al movimiento sindical. La protesta social y pacífica viene a responder la criminalización.
-¿El Observatorio de Conflictividad teme un recrudecimiento del comportamiento oficial?
-Ya el Gobierno ha puesto en práctica la política de represión en las manifestaciones. Vemos con preocupación que cuando los trabajadores salgan a las calles los próximos meses la respuesta, aparte de la criminalización, sea la represión que vimos con los estudiantes, por ejemplo.
-¿La descalificación a la protesta laboral es exclusiva del Gobierno?
-No. Esta política de estigmatización ha venido no solo de las máximas autoridades, sino incluso por pares de los sindicalistas y trabajadores por su relación con el Gobierno. Buscan querer decir estos son los sindicalistas apátridas y nosotros somos los leales.
-Y, de acuerdo a su experiencia en el mundo de la investigación de los conflictos, ¿están a salvo de cualquier arremetida quienes están hoy plegados al Gobierno?
-En lo absoluto. No hay garantía para que los sectores que se identifican con el Gobierno, o que son complacientes con alguna medida, no puedan sufrir luego los embates de esas políticas de criminalización.
-Se ha dado una especie de alianza sindical, que incluye a distintas corrientes políticas de pensamiento, ¿la agudización de la crisis llevará a su fortalecimiento?
-Las acciones que se están viendo ahorita apuntan a eso, pero tienen que ocurrir muchas cosas.
-¿Considera importante el diálogo social?
-Sí. Yo creo que todas estas comisiones que tomen con sinceridad el planteamiento de todos los sectores es fundamental en una democracia.
-¿Cuál recomendación le haría al Ejecutivo?
-El Presidente de la República principalmente debe tener un discurso transparente, sincero y directo con el sector laboral. Plantear cuáles son las condiciones de la realidad económica y cómo los trabajadores se verán afectados. Hemos visto un gobierno indolente frente a las necesidades laborales.
-¿Y a los trabajadores?
-Hay que dejar de un lado el compromiso político partidista y ceñirse a su principio de exigencia de derecho. (Yaneth Fernández, El Universal, 27.07.2014)
