Durante todo el año 2009 diversas organizaciones sociales entre ellas sindicatos y organizaciones de derechos humanos denunciaron la creciente criminalización de la protesta en Venezuela. Más de 2400 personas están sometidas a juicio penal por ejercer el derecho a la protesta. El derecho a exigir derechos cada vez se restringe más y el gobierno va incorporando nuevas medidas para restringir la posibilidad de que las personas puedan reclamar mejora de los servicios públicos, cumplimiento de contrataciones colectivas, culminación de obras inconclusas solo para nombrar algunas exigencias comunes de los sectores populares.
De los juicios penales en libertad pasó a enviar a luchadores sociales a la cárcel. La primera experiencia ocurrió con once trabajadores que laboraban en la industria petrolera todos ellos simpatizantes del gobierno que tomaron de manera pacífica la sede del Ministerio del Trabajo. Meses después, otro grupo de once trabajadores que laboran en la Alcaldía Metropolitana de Caracas controlada por la oposición, fueron enviados a la cárcel por participar en una manifestación.
Sin embargo uno de los casos más sobresalientes es el del dirigente sindical Rubén González secretario general del sindicato de la empresa estatal Ferrominera del Orinoco una de las principales empresas metalmecánicas de Venezuela. Este dirigente sindical es además dirigente del Partido Unido de Venezuela, el partido que preside el presidente Hugo Chávez.
A Rubén González se le abrió un juicio penal por haber convocado una un paro reclamando el cumplimiento de la contratación colectiva. Los tribunales, a petición del Ministerio Público ordenaron su encarcelamiento, estableciendo la casa por cárcel prohibiéndole además declarar sobre su caso. Hace dos días ese mismo tribunal decidió enviarlo a una cárcel.
El jueves 21 de enero más de trescientos trabajadores de Ferrominera Orinoco y una buena representación de trabajadores de las empresas básicas de Venezuela y varios dirigentes, de reconocida trayectoria sindical, tomaron hasta altas horas de la noche las instalaciones de los tribunales en Puerto Ordaz, para manifestar que Rubén González no está solo y exigir su libertad.
Todo parece indicar que durante el año 2010 seguirá creciendo la criminalización de la protesta en Venezuela afectando a trabajadores, estudiantes, campesinos, habitantes de las zonas populares y todo aquel de manera decidida exija sus derechos.
Marino Alvarado
Coordinador General del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos Provea.
Sábado 23 de enero de 2010
