La detención, hace 10 días, de 35 personas por manifestar ante el mal servicio del Metro de Caracas y la decisión de la Fiscalía de solicitar la revisión del dictamen judicial que determinó esas personas qu e no habían cometido delito y que los liberó es una demostración más de la política que el Estado viene poniendo en práctica en el último lustro para criminalizar la protesta en Venezuela.
La afirmación la hizo el coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, quien no obstante aseguró que este tipo de acciones contra quienes salen a manifestar parecen no estar dando los resultados que las autoridades esperaban. «A pesar de que los funcionarios descalifican a quienes protestan y los acusan de desestabilizar, de que se ha ido creando un marco jurídico para obstaculizar que la gente proteste y que ya hay más de 2.400 venezolanos procesados por ejercer su derecho constitucional a manifestar, la gente sigue saliendo a la calle.
El Estado no logra frenar la protesta», afirmó el vocero de la agrupación, quien recordó que en el primer trimestre de este año contabilizaron 1.581 manifestaciones, lo cual representa un incremento de 14% en comparación con las que se registraron en el mismo período de 2009.
Para Alvarado las cifras antes mencionadas son producto del «descontento social» y del hartazgo ante «la ineficiencia de la gestión pública», pues «el grueso de las protestas están relacionadas con la falta de respuesta de las autoridades ante problemas como vivienda, salud, educación o seguridad». El coordinador de Provea también advirtió que han constatado que en los últimos meses se ha producido un proceso de radicalización de las manifestaciones y como prueba de ello mencionó que desde la muerte del productor agrícola Franklin Brito, en agosto pasado, producto de la huelga de hambre que mantuvo en reclamo por sus propiedades, han contabilizado 15 ayunos similares en todo el país. «En la planta baja del Ministerio del Trabajo hay un trabajador (John García) que tiene más un mes en huelga de hambre, en protesta contra una resolución de ese organismo.
En Lara hace no mucho un sacerdote dejó de comer y beber en protesta contra el director de la policía de ese estado; y, por último, conocimos el caso del padre Korta, quien se puso en huelga de hambre frente a la Asamblea Nacional en solidaridad con los yukpas», mencionó, al tiempo que agregó: «¿Por qué la gente está haciendo huelgas de hambre? ¿Por qué arriesga su salud e incluso su vida? Porque la gente está desesperada y sienten que han agotado todas las otras formas de hacer sentir su descontento».
Una cosa digo, otra hago
El presidente Hugo Chávez ha invitado a los venezolanos a manifestar su descontento contra su gestión. «Triste de un país en silencio. No, que hablen hasta las piedras, que nos critiquen», dijo en el ¡Aló Presidente! del pasado 14 de noviembre, el cual también fustigó la actuación de las administraciones anteriores frente a las acciones populares de calle, al decir: «Aquí hubo gobiernos hace poco que protegieron a esos estafadores y dejaron al pueblo a la deriva. Y si el pueblo protestaba, plan y plomo».
Esta misma semana la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, también dijo que el derecho a la protesta está plenamente garantizado en Venezuela. Sin embargo, el panorama antes reseñado pone de manifiesto una situación distinta, de acuerdo con Alvarado, quien de paso denunció que no hay trato igualitario para quienes manifiestan. «Si es un grupo de estudiantes de la Universidad Central que quiere protestar contra las autoridades de esa casa de estudio, pues tendrán todas las garantías de que van a poder llegar a cualquier organismo, pero si es un grupo estudiantil que quiere movilizarse en rechazo a alguna autoridad o decisión seguramente se le obstaculizará», afirmó y puso como ejemplo de esta disparidad el que los opositores no puedan congregarse en las cercanías del Palacio de Miraflores.
Por su parte, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, el constitucionalista Jesús María Casal, calificó de grave el proceso contra quienes protestaron en el Metro, pues considera que de prosperar «tendrá un efecto intimidatorio y reducirá más espacios a la población». Por último, fustigó el hecho de que tanto desde el Gobierno, la Fiscalía como la Defensoría se haya pretendido descalificar los motivos de la acción de los usuarios del subterráneo. «Las autoridades no tienen porqué analizar las razones que provocan una manifestación. Ese no es su deber, su deber es escuchar y tratar de dar respuesta lo más rápido posible a esas demandas».
Datos de interés
¿Qué hago de ser detenido por protestar?
En caso de ser arrestado por ejecer su derecho a manifestar activistas de Derechos Humanos recomiendan seguir los siguientes pasos:
1) Exigir a la policía que le permita realizar una llamada para notificarle a un familiar que fue arrestado o para contactar a un abogado.
2) Exigir que lo registren en el libro de novedades de la comisaría (a qué hora entró, quién lo detuvo y por qué). Trate de memorizar el nombre de los agentes que lo arrestaron, pues en caso de cualquier denuncia este dato es imprescindible. La Ley obliga a los funcionarios a portar identificación visible.
3) Si fue golpeado debe pedir que lo vea un médico forense.
4) Si lo interrogan nada lo obliga a declarar.
5) Exigir hablar con su abogado en privado. En el caso de no poder costear un abogado, entonces debe pedir que llamen a la Defensa Pública para que le designe a uno y a la Defensoría del Pueblo para notificar que se encuentra allí. JFA
La reseña
El marco legal no favorece la manifestación
Aunque este Gobierno juró ser distinto a los anteriores, en los últimos años ha demostrado tener la misma intolerancia hacia las manifestaciones que los demás. Desde 2004 las autoridades han venido edificando un marco legal que obstaculiza el derecho de protestar.
Hace seis años se aprobó una reforma al Código Penal que sanciona los cierres de vías, el principal recurso de las comunidades para hacer sentir su descontento.
Posteriormente se aprobó la Ley de Seguridad de la Nación, la cual autoriza al Gobierno a decretar zonas de seguridad, en las cuales se restringen las acciones de calle.
Más recientemente la Ley contra el Acaparamiento y el Boicot estableció penas de cárcel para quien paralice de las actividades de las empresas de alimentos y de servicios. JFA
La cifra
90 de 100 manifestaciones ocurridas en el primer semestre fueron en reclamo de servicios
La frase
«Triste de un país en silencio. No, que hablen hasta las piedras, que nos critiquen»
Hugo Chávez
Presidente de la República
Juan Francisco Alonso.
Fuente: El Universal 21.11.2010
