En opinión del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), la principal responsabilidad de la violencia en manifestaciones es del Ejecutivo Nacional.
Al impedir y reprimir el ejercicio de la protesta pacífica; al no reconocer los excesos en la actuación tanto de la Guardia Nacional Bolivariana como de la Policía Nacional Bolivariana; el emitir mensajes contradictorios sobre la investigación y sanción de los casos de asesinatos, heridas por armas de fuego, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos; al tolerar y estimular la actuación de grupos paramilitares y convocar al pueblo a enfrentar a las manifestaciones el gobierno del presidente Nicolás Maduro es el principal responsable de los hechos de violencia ocurridos en el país.
Sin embargo, al no condenarlos explícitamente y sin titubeos, los líderes políticos y sociales también tienen una cuota de responsabilidad en los focos de violencia que se han registrado en diferentes ciudades en el país.
La falta de pronunciamientos claros para aislar a las personas que hayan incurrido en hechos violentos, quienes se han colocado al margen de las garantías que protegen el derecho a la manifestación en el país, puede interpretarse como un aval para el ejercicio de la violencia.
Tanto la movilización ciudadana como cualquier proceso para resolver antagonismos y canalizar demandas ciudadanas debe enmarcarse en lo dispuesto por la Constitución.
Provea exige al conjunto de actores políticos emitir mensajes que contribuyan a bajar los niveles de la confrontación invitando a la ciudadanía a exigir sus reclamos sin violencia y mediante la manifestación pacífica.
Una vez más reiteramos nuestra exigencia al Ejecutivo Nacional para que garantice el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica. Como Provea observó en la mañana del 10.03.14, la Guardia Nacional Bolivariana impidió la realización de la marcha convocada por el gremio de la salud, lo cual es una violación al derecho a la manifestación garantizado en la Constitución.
Al negar el ejercicio de este derecho, el gobierno estimula que sea mediante focos violentos que los ciudadanos puedan expresar su inconformidad y demandas ante los poderes públicos.
Por último, Provea exige la no utilización de armas de fuego y gases tóxicos contra los manifestantes, así como la liberación inmediata e incondicional de personas víctimas de detenciones arbitrarias en el contexto de las protestas. (Prensa Provea, 10.03.14)
