A pesar que la Constitución garantizó en el año 1999 el derecho a la manifestación pacífica, en su artículo 68 y el derecho a huelga en el artículo 97, desde el 2002 algunas leyes y reglamentos promulgados por el Ejecutivo Nacional o la Asamblea Nacional vienen colocando obstáculos para el ejercicio de estos derechos. Este ordenamiento jurídico, inconstitucional, forma parte del contexto de pérdida de la paciencia gubernamental frente a la protesta en un momento que, ante la ausencia de respuestas, las comunidades, sindicatos y movimientos sociales aumentan sus acciones de calle para exigir derechos.
En el año 2009 se realizaron 3.297 manifestaciones pacíficas en el país, la mayor cantidad de los 10 años de gobierno del presidente Chávez. Asimismo, más de 2400 personas se encuentran sometidas a juicios penales bajo régimen de presentación en tribunales por haber participado en protestas, bajo cargos estipulados en el Código Penal, la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, entre otras normativas promulgadas recientemente. Con fundamento en esas normas, miles de personas han sido juzgadas por cerrar una calle –una estrategia histórica del movimiento popular venezolano- para exigir agua, energía eléctrica y otros servicios; cientos de campesinos tienen hoy restringida su libertad por ocupar un terreno en la demanda de resultados en la lucha contra el latifundio, y diversos lideres sindicales han sido encarcelados por participar en huelgas y protestas para presionar por el cumplimiento de contrataciones colectivas. Este último es el caso del Secretario General de Ferrominera, Rubén González, encarcelado desde septiembre del 2009, vulnerando su derecho al debido proceso, por apoyar la lucha de sus agremiados por alcanzar mejores condiciones laborales. La intolerancia del Ejecutivo Nacional frente a la protesta de derechos sociales ha venido agravándose en los últimos días, como lo evidencian los casos de las trabajadoras de la Maternidad Concepción Palacios en Caracas y los manifestantes de Higuerote.
El derecho constitucional a manifestar pacíficamente, el derecho a huelga, la libertad de expresión, son precondiciones para el disfrute de todos nuestros derechos humanos. La protesta social está siendo limitada y criminalizada en el país por el Poder Ejecutivo, la Fiscalía General de la República y el sistema de administración de justicia, así como por la omisión de la Defensoría del Pueblo al ser complaciente ante la criminalización. Provea viene alertando sobre el proceso creciente de vulneración del derecho a la protesta en Venezuela y estableciendo acciones para defender el derecho a exigir derechos, participando en una campaña junto a diferentes sectores sociales del país.
Provea invita a las diferentes comunidades y organizaciones a unirse a esta iniciativa, o desarrollar sus propias acciones pacíficas; a realizar las denuncias pertinentes frente a las instituciones estatales, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos, así como al ejercicio activo de la contraloría social para velar por el cumplimiento de este y otros derechos consagrados en nuestra Constitución.
Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (PROVEA) [email protected]
https://archivo.provea.org
http://www.protestarnoesundelito.blogspot.com/
saludos,somos una organizacion audiovisual y estamos tomando los respectivosa contactos para,promover,educar sobre los derechos humanos,asi como tambien denunciar todo aquello que nos afecte en la violacion de nuestros dd.hh. en todos los ambitos ,estamos buscando el debido asesoramiento para efectuar cortometrajes y buscar al apoyo de patrocinantes para solventar los costos.
Alonso recibe un cordial saludo;
La misión de tu organización concuerda con la de nosotros, con mucho gusto podremos darte todo el asesoramiento necesario, inclusive material en DDHH. Para cuadrar detalles podemos cuadrar una reunión y poder intercambiar información. Puedes escribir a [email protected] para mayores detalles.
Quien suscribe,
Federico Zaá