A lo largo de la semana que recién termina, ciudadanos firmantes de la petición de referendo revocatorio presidencial entregada al Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado 2 de mayo, acudieron a validar sus firmas en los centros determinados por la autoridad electoral. Cumplieron así, afirman sus promotores, en todas las entidades federales del país, con otro requisito determinado por el CNE para poder ejercer un derecho que se encuentra consagrado en la Constitución Nacional.
El país debe celebrar que este proceso refrendario esté teniendo lugar, pues representa el respeto y respaldo a la vía pacífica y democrática para resolver la profunda crisis que, en diversos planos, vive nuestra sociedad. Es este, sin duda, un hecho que para el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), tiene la mayor relevancia en el actual contexto venezolano.
Por otro lado, el OEV debe señalar con preocupación que el CNE en esta semana mantuvo un desempeño similar al que ha venido mostrando desde que se presentó la solicitud del referendo revocatorio. Contrariando lo que debería ser un comportamiento imparcial al servicio de los ciudadanos, no generó las mejores condiciones para que el proceso se llevara a cabo con normalidad, sino que colocó trabas de diversa índole que tendían a hacerlo más demorado y complicado, e incluso impidiendo que numerosos ciudadanos pudieran ejercer un derecho consagrado en el artículo 72 de la constitución.
En particular, cabe mencionar al menos cuatro hechos. En primer término, desde el 2 de mayo cuando recibió la solicitud, el CNE no mostró la debida celeridad para completar los pasos siguientes, sin que quedaran claros los motivos. En segundo lugar, no se informó debidamente a los ciudadanos firmantes acerca de cómo y dónde acudir a validar sus firmas. Tercero, el número y ubicación de los centros y de las máquinas pereciera haber sido establecido sin tomar debidamente en cuenta cómo se distribuían los firmantes en los diferentes estados y sin considerar las opiniones y propuestas de los promotores de la iniciativa. La distribución decidida generó colas y retardos que fácilmente pudo haberse minimizado y que, en no pocos casos, impidieron a ciudadanos validar su firma. Y, por último, la imposición de que el requisito de 1% de firmas validadas, sería contabilizado separadamente en cada estado, siendo que la circunscripción electoral que eligió al funcionario público involucrado, el Presidente, es todo el país.
En síntesis, el OEV reitera lo que ha señalado en otras oportunidades con relación al referéndum revocatorio en curso: el CNE debería poner todo su empeño con el propósito de que, cumpliéndose los requisitos fijados en la Constitución, éste pueda realizarse. No es políticamente saludable para el país que pueda quedar la sospecha de que el referendo revocatorio no pueda llevarse a cabo porque el Poder Electoral no hizo su mejor esfuerzo en esa dirección y que, por el contrario, lo dificultó.
En el mismo sentido, el OEV estima que el Gobierno Nacional, así como la dirigencia política que lo respalda, deben asumir el referendo revocatorio como una herramienta constitucional ideada para resolver desencuentros políticos graves. Se trata de un dispositivo institucional que forma parte del menú democrático incorporado en la Constitución de 1999 y que quienes se muestran partidarios de promoverlo no incurren en ninguna acción políticamente indebida que deba ser condenada u objeto de sanción alguna.
El OEV considera que, por encima de nuestras preferencias políticas, adelantar, con celeridad y transparencia, las fases siguientes de este proceso, es necesario para Venezuela. Y, de alcanzarse los requisitos legales necesarios para su celebración, el referendo revocatorio, independientemente de los resultados que arroje, contribuirá sin duda a la preservación de la paz en el país y dirimir nuestras diferencias democráticamente.
Caracas, 25 de junio de 2016.
