En EE UU y las democracias europeas sólo aspiran a ser gobierno, quienes tienen bienes de fortuna para financiar sus campañas o quienes son costeados por fundaciones de las grandes empresas transnacionales. El hombre común, que vive de su trabajo: asalariado, profesional, pequeño o mediano propietario, no puede aspirar a ser Presidente ni parlamentario; carece de ese derecho al no tener dinero. Los senadores en EE UU son de la gran burguesía y en la democrática Inglaterra el Parlamento tiene la llamada Cámara de los Lores, por el nombre que se les da a cada uno de sus integrantes: Lord (título nobiliario). La otra cámara es la de los Comunes, quienes de común tienen lo que yo de Lord.
En esos países, la clase social y el financiamiento determinan quiénes son los gobernantes. El pueblo escoge, entre los poderosos que tienen dinero, sus gobernantes. Los otros aspirantes, que los hay, no llegan a ser conocidos por los votantes, al no poder difundir sus aspiraciones. Desearíamos que en Venezuela todos gozaran del derecho a gobernar. Lamentablemente, no es así. En nuestro país las elecciones también están privatizadas y sólo participan quienes puedan financiar sus campañas electorales: Los candidatos del Gobierno, que utilizan dolosamente el dinero del Estado, y los de la oposición, que lo obtienen de empresarios nativos y de grupos extranjeros intervencionistas.
Esta privatización se notó incluso en las primarias realizadas por el PSUV, en las que una minoría de aspirantes gozó del privilegio de tener abundantes recursos, provenientes de alcaldías y gobernaciones, para el pago de propaganda y de activistas, que se movilizaron durante la campaña y llegaron a instalarse en las cercanías de los centros de votación, para realizar sus actividades proselitistas, según las denuncias de militantes y dirigentes de ese mismo partido. Hubo por consiguiente ventajismo de unas postulaciones sobre el resto mayoritario de las mismas, al tener un financiamiento que no llegó a todos sino a unos pocos. El dinero, entonces, se transformó en determinante de los resultados.
Mientras ésta sea la situación que se vive no se puede afirmar que estamos en democracia y mucho menos en la democracia socialista del siglo XXI. Se requiere con urgencia una Ley de Financiamiento de las Campañas Electorales, que garantice la equidad en el uso de los recursos entre las distintas fórmulas y en su disponibilidad de acceso a la gran propaganda. (Luis Fuenmayor, 27.05.10, Correo del Caroní)
