Caracas, 16 de marzo de 2011. Desde COFAVIC vemos con suma preocupación que la eliminación de la Policía Metropolitana (PM) se ha hecho a cuenta gotas y sin parámetros claros que permitan en primer lugar, suprimir las funciones que esta policía venía desarrollando para no dejar vacios ni posibilidades de uso de sus funciones para delinquir y en segundo lugar bajo una enorme ambigüedad e incertidumbre para los funcionarios que aún permanecen bajo esa institución.
La PM ha sido el segundo cuerpo en importancia con poder de fuego del país, llegando a tener en sus filas a más de 12 mil funcionarias(os). Una vez tomada la decisión de suprimir sus funciones y pasar a un nuevo modelo policial, esta es una situación que exige de soluciones concretas y ciertas, cuya búsqueda no puede ser postergada ni hacerse de la manera que se está haciendo y es llevando al límite de de la desesperación y e incertidumbre a miles de funcionarios que no conocen aún su futuro.
Lamentablemente, la desmovilización de la PM no ha estado acompañada de medidas integrales para aliviar y dar posibilidades objetivas a sus integrantes de que reelaboren su proyecto de vida. La desmovilización de este grupo armado ha estado plagada de una enorme inseguridad jurídica laboral y de una profunda incertidumbre sobre el futuro de estas personas, las cuales por ellas y por sus familias requieren reelaborar su proyecto de vida.
En la PM hay mucha gente honesta y de enormes capacidades profesionales que deben ser valoradas por la sociedad y por el Estado venezolano que en varios casos coadyuvó a su formación profesional.
El Estado ha llevado de manera no responsable al límite a los integrantes de esta institución, manteniéndoles en los últimos cuatro años en una situación terminal, con sueldos inferiores, en varios casos, al salario mínimo, con primas de estudio para sus hijos irrisorias, con seguros médicos que con frecuencia están inactivos en una profesión de alto riesgo y sin el pago correcto de sus pasivos laborales. Esta situación no debe ser avalada por nadie y mucho menos por quienes abogamos por los derechos humanos.
El Ejecutivo Nacional debe presentarles a todos los funcionarias y funcionarios activos de manera inmediata un cronograma para su final desincorporación, el cual debe contener: 1) pago total de sus pasivos laborales conforme a la legislación vigente; 2) jubilaciones que correspondan y algunas de carácter gracioso por causas justificadas; 3) ofertas concretas de créditos a bajo interés para que los funcionarias y funcionarios que no sean objeto de jubilaciones puedan rehacer su proyecto de vida, a través de microempresas, créditos para compra de bienes muebles que puedan servir para el sustento, etc; y 4) oportunidades de empleo de acuerdo a sus capacidades profesionales y preferencias dentro del Estado Venezolano o bajo coordinación con la empresa privada para una reinserción laboral adecuada y efectiva.
Vemos totalmente inconveniente tanto para la seguridad de los funcionarios de la PM como para la situación penitenciaria que a los funcionarios cesantes de la PM se les ofrezca la remisión como funcionarios de prisiones. Ya es suficientemente grave y delicada la situación penitenciaria como para agregar elementos que no van a beneficiar en nada esta crítica situación. En las cárceles solo deben actuar profesionales especializados en materia penitenciaria para generar mejores condiciones penitenciarias y bajar los altos niveles de violencia que presentan nuestras cárceles.
COFAVIC insta firmemente al Ejecutivo a rediseñar de manera inmediata el plan de finalización de las funciones de la Policía Metropolitana con absoluto respeto de los derechos humanos de los funcionarios y con condiciones claras sobre su reinserción en el ámbito laboral para minimizar los problemas de que se han venido presentando por el manejo a cuenta gotas de este proceso.
Si es importante la creación de un nuevo modelo policial también es prioritaria la desmovilización de la PM como grupo armado con parámetros claros que permitan un proceso con mínimos traumáticos para los funcionarios que allí permanecen y para la ciudadanía.
Es evidente que el mecanismo de desmovilización de la PM no ha logrado el impacto necesario para romper con el círculo de la violencia que se ha venido estableciendo porque ha estado signado por la confusión y graves violaciones de los derechos de los funcionarios que permanecen activos en esta institución.
Bien estamos conscientes que, dada la magnitud, duración y complejidad del proceso de eliminación de la PM no existen soluciones fáciles, pero si pueden buscarse mecanismos serios, respetuosos de los derechos humanos de todos y que fomente confianza en nuevos proyectos de vida para estos funcionarios que serán desmovilizados, que impidan que se promueva el delito y la violencia. (Cofavic)
