Aunque saludaron que el presidente Nicolás Maduro le dedicara una parte importante de su mensaje a la Asamblea Nacional -los últimos 40 minutos- al que, según todas las encuestas, es el principal problema de los venezolanos: La inseguridad ciudadana, expertos en Derecho Penal y activistas de Derechos Humanos criticaron que la única medida concreta que anunció fuera la de ordenarle a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) revisar la programación de «todas las televisoras de este país, por cable y sin cable».
«Culpar una vez más a los medios de comunicación de extender la violencia no es lógico ni tiene sustento. Los medios deben seguir cumpliendo su labor», afirmó el exdecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela, Alberto Arteaga Sánchez, quien agregó: «El mejorar el funcionamiento del sistema judicial es fundamental para revertir la situación actual. Se requiere de más policías, mejor formados y despartidizados. Hay que formar al Ministerio Público y a los tribunales que están arrinconados y marginados y el sistema carcelario debe dejar de recibir a delincuentes y devolver a la calle a criminales profesionales».
En similares términos se pronunció el director de la organización Paz Activa, Luis Cedeño, quien dijo: «Los medios pueden tener algún impacto sobre la violencia, pero no son el factor determinante. Determinantes son el sistema judicial, el cual no puede seguir dejando impunes el grueso de los delitos. Determinante es sacar a los militares de las calles y enviar más policías formados».
El activista apeló a la historia reciente para sustentar su posición. «Hace unos años las autoridades atribuyeron a los juguetes bélicos la responsabilidad de la situación y se prohibieron por ley. ¿Cómo está la situación luego de esa medida? ¿Ha cambiado en algo? Nada».
La directora del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), Liliana Ortega, también es de la opinión que el presidente Maduro está fijando su mirada en el objetivo incorrecto.
«El auge de la violencia criminal está ligado a la desaparición del Estado y de la ley», afirmó, al tiempo que explicó: «Hay que recuperar el respeto a la ley. En Venezuela ha habido una desaparición de los muros de contención básicos y esta situación de anomia fomenta la criminalidad, porque los delincuentes saben que tras cometer un delito nada les pasará. Esto hay revertirlo».
Que no se las lleve el viento
Para Ortega es muy importante el presidente Maduro haya reconocido el fracaso del Ejecutivo en desarrollar una política de seguridad, pues «cuando se niega el auge de la inseguridad se invisibiliza a las víctimas y se agrava el problema».
También saludó que el mandatario ofrezca un «diálogo nacional» sobre el asunto e hizo votos porque esta oferta se materialice.
«Una política de seguridad ciudadana debe estar pensada y desarrollada desde el consenso. El Estado tiene que asumir que la sociedad civil organizada tiene mucho que decir y que el desprecio a la sociedad civil organizada está ligada al fracaso de todas las iniciativas de seguridad puestas en marcha en los últimos años», agregó.
Cedeño, por su parte, llamó al Ejecutivo a «revertir la tendencia centralista en materia de seguridad» y recordaron que «las mejores políticas vienen desde lo local. Hay que descentralizar el asunto».
Para los activistas el hecho de que el Jefe del Estado no mencionara los resultados arrojados por el polémico Plan Patria Segura, en el cual participan 10 mil militares, es demostración de su fracaso.
¿La Misión A Toda Vida Venezuela tampoco resultó? El Director de Paz Activa no quiso colocar a esta iniciativa, vendida por las autoridades como una política de Estado, en el mismo saco que a Patria Segura porque «solamente el 10% de sus medidas se han adoptado y el grueso de ellas han sido copiadas de planes que han funcionado en otros países».
Por último, el profesor Arteaga rechazó el pedido del mandatario a no politizar el tema. «La seguridad es un tema político por excelencia, que nos interesa a todos y en el que todos tenemos derecho a opinar. Otra cosa es que se partidice, pero no se puede pretender silenciar a nadie en este asunto». (Juan Francisco Alonso, El Universal, 14.01.14)
