“En el país existen más de 11 millones de armas de fuego en la calle, sobre las cuales no se mantiene ningún control, de hecho, más del 40% de los 5 millones 850 mil beneficiarios del porte de armas no poseen el arma de reglamento”, señala Leonardo Prieto, vocero de Redes por la Vida.
En Venezuela no existe un registro balístico, tampoco la tenencia de armas en manos de civiles y funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. “El hecho que existan armas de fuego en manos de niños y adolescentes, algunos de los cuales las ingresan a los colegios, nos evidencian que no se realizan los controles necesarios por parte del Estado para evitar su tráfico”, destaca Jackelin Fernández, coordinadora del instituto Red Bolívar y representante de Amnistía.
Amnistía Internacional considera positiva la aprobación de la Ley para el Desarme y Control de Municiones por parte de la Asamblea Nacional. Igualmente, Fernández afirma que están en desacuerdo con que las armas recuperadas se conviertan en parte del parque de armamento de los cuerpos policiales, según lo contemplado en la Ley. “Consideramos que deben ser destruidas y que la ciudadanía ejerza la verdadera contraloría social en la destrucción de estas armas”, enfatizó.
Por su parte Prieto asegura que: “mientras el Poder Legislativo crea leyes para desarmar a la población y evitar la violencia de los jóvenes y adolescentes a través de la Ley Desarme y la Ley para la Prohibición de Vídeos, Juegos y Juguetes Bélicos, vemos cómo el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de la Defensa arma a la población mediante la conformación de las milicias y la asignación de armas a grupos afectos al oficialismo”.
El vocero de Redes por la Vida subrayó que las principales víctimas de esta violencia son los hombres menores de 35 años de edad, quienes perecen de acuerdo a los informes policiales a consecuencia de heridas provocadas por armas de fuego.
Redes por la Vida propone una nueva Ley Desarme que mantenga lo aprobado por la Asamblea Nacional sobre la participación de los Consejos Comunales en las políticas de desarme, pero que contengan la eliminación por completo del uso de armas de fuego en manos de la sociedad civil, así como la destrucción de las armas incautadas. (Nueva Prensa Guayana, 11.05.10. cuerpo A, página 4)
Ley para el Desarme y Control de Municiones
El 28 de enero de 2010 fue aprobada por la Asamblea Nacional la Ley para el Desarme y Control de Municiones en primera discusión. El objeto de la ley es el registro, control y recuperación de las armas y municiones, así como el desarme de las personas que ilícitamente las porten, detenten, oculten, fabriquen o introduzcan al país.
Destacan aspectos controversiales como que la ley aprobada por la AN justifica la existencia de un porte de arma de fuego por ciudadano, la utilización de 50 cartuchos anualmente y la reincorporación de armas ilegales a los cuerpos de seguridad del Estado. Así como también, la ambigüedad por la conformación de milicias civiles armadas para la defensa de la nación sin la existencia de mayores controles
En el mundo mil personas mueren diariamente por causa de las armas de fuego. Sin embargo, América Latina es la región con el más alto índice (42%) de muertes violentas producto de la violencia armada.
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