Vecinos del sector La Acequia, barrio Mamera I, en Antímano, bailaban y conversaban la madrugada del pasado domingo 27 de marzo. Celebraban un cumpleaños. Pero la fiesta, en cuestión de segundos, se convirtió en una masacre.
Varios sujetos llegaron en un carro, se bajaron y dispararon por doquier hacia los invitados. Cuatro personas murieron, entre ellas una niña de seis años de edad, y siete resultaron heridas.
A los dos días, fueron detenidos dos oficiales de la Policía Nacional Bolivariana, un ex funcionario de la Policía de Sucre y dos civiles por su presunta participación en el tiroteo.
Este no es un hecho aislado. De acuerdo con la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, en el año 2010 las denuncias relativas a privaciones arbitrarias de la vida por parte de cuerpos de seguridad sumaron un total de 97 casos.
Las cifras de la Defensoría del Pueblo no llegan ni a la mitad de los números que maneja Provea, pues según esta ONG, ese año fueron 237 las víctimas de violación al derecho a la vida, donde los responsables son funcionarios del Estado, a pesar de que el primer compromiso de los policías es proteger y garantizar la vida de todas las personas.
Es importante tomar en cuenta que una denuncia puede tener varias víctimas, por lo que los números de la Defensoría podrían incluso duplicarse.
«El hecho de que sean al menos 97 las denuncias de violaciones al derecho a la vida por los cuerpos policiales significa que sigue existiendo una grave situación», expresa Marino Alvarado, coordinador de Provea.
IMPUNIDAD DESATADA
Alvarado reconoce que se están haciendo esfuerzos con la creación de la Policía Nacional Bolivariana, pero «todavía está muy lejos de tener los funcionarios ideales que respeten los Derechos Humanos de los ciudadanos».
A su juicio, los cuerpos policiales del país tienen un grave deterioro desde hace más de 25 años, además los niveles de impunidad dan luz verde a los funcionarios para que cometan violaciones a los DDHH una o más veces.
También considera relevante que «la reforma policial se asumió muy tarde»; la creación de la PNB debió iniciarse cuando comenzó el gobierno del presidente Chávez.
En cuanto a la impunidad, el coordinador de Provea destaca que el Ministerio Público creó el año pasado una Unidad de Investigación para los casos de violaciones a los DDHH, pero que en su informe 2010 no se hace referencia al avance de esta unidad. «La medida es positiva, pero hay un vacío de información», asegura.
Probablemente, el silencio quiera ocultar que por cada cien homicidios que se registraron en 2009, sólo hubo nueve detenciones, cifra que ha ido empeorando.
Así lo estima el investigador del Comité de Víctimas contra la Impunidad de Lara, Pablo Hernández, quien en su libro Impunidad y Violencia Policial en Venezuela 2000-2009, publicado en septiembre de 2010, revela que en 1998 por cada cien homicidios se detenían a 100 sospechosos o imputados; en el año siguiente las detenciones se redujeron a 58; en 2000, a 18; hasta llegar a la «insólita cifra» de 2009.
«El grado de impunidad es de 91%, lo que significa que los asesinos en Venezuela tienen por cada cien homicidios 91% de probabilidades de cometer un crimen perfecto», agrega Hernández en el texto.
La propia Fiscalía reconoce que son muy pocos los casos en los cuales los victimarios son condenados por sus delitos. En su Informe Anual 2008, el Ministerio Público, anunció que de enero de 2000 a noviembre de 2007, se registraron 7.243 ejecuciones por parte de uniformados, pero sólo fueron detenidos 412.
Asimismo, en los siete años evaluados por la Fiscalía, se presentaron 350 violaciones mensuales (12 al día) a los Derechos Humanos por parte de cuerpos policiales y militares.
CULTURA DEL ABUSO
Los policías suelen realizar los conocidos «falsos positivos» para que sus asesinatos aparenten ser parte del combate contra la delincuencia común.
«En la mayoría de los casos se asesina a personas que no están vinculadas a la delincuencia y se simula que murieron en un enfrentamiento. A esa persona le suman antecedentes penales que no ha tenido para encubrir legalmente el asesinato, ya sea por ajuste de cuentas o por equivocación», explica Alvarado, quien también destaca que el deterioro policial es tan grave que en oportunidades los propios funcionarios se asesinan entre ellos.
