El informe de Paz Activa ante Comisión de DDHH de ONU, certifica la falta de políticas públicas contra inseguridad en Venezuela «El Dibise socava la implementación de la propia Policía Nacional Bolivariana», dice Luis Cedeño, director de la ONG
El rol de los militares en Venezuela se ha transformado en trabajo policial para combatir el despunte de la delincuencia, y aunque «pareciera ser un aspecto positivo como respuesta al problema, no parece ser transitorio y consume importantes recursos económicos para su equipamiento en claro detrimento de los cuerpos de seguridad ciudadana civiles, municipales y regionales.
El Dibise socava también la implementación y despliegue de la Policía Nacional Bolivariana» en el país, de acuerdo con el informe alternativo de Paz Activa sometido la semana pasada a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para la Evaluación Periódica Universal que se efectuará en octubre de este año en Ginebra.
Por eso recomiendan la desmilitarización de la seguridad ciudadana, cuyos orígenes se remontan a la tendencia presente en varios países latinoamericanos con pasados dictatoriales, y con prácticas fuertemente represivas de cuerpos de seguridad militarizados.
«Venezuela no escapa a esta realidad, la mayoría de las policías regionales, municipales y las nacionales, tienen directores provenientes del ámbito militar, lo cual les imprime un carácter castrista». Esto fue reconocido por el Estado venezolano, subraya el documento de Paz Activa, con las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol) en 2006, al rescatar las estructuras y los mandos exclusivamente civilistas de los organismos de seguridad ciudadana, sugerencias también contenidas en disposiciones de los organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El marco de esta situación según la ONG, es «la falta de voluntad política respecto al diseño y ejecución de una política pública coherente y orquestada en materia de seguridad ciudadana» por parte del Estado, pese a que reconocen algunos esfuerzos que por débiles no han podido atenuar ostensiblemente el problema, colocándolo en la principal preocupación de la sociedad.
CRIMINALIDAD POCO CALCULADA
Luis Cedeño estima que las cifras generadas por las ONG como Paz Activa, organización que dirige, «no son refutadas por el Estado», y esto les hace suponer que no están lejos de la realidad o son inferiores a las que maneja el Ejecutivo Nacional. En este sentido, refuerza que «el éxito de políticas públicas en seguridad ciudadana tiene necesariamente que pasar por un diagnóstico donde se recoja una cantidad de indicadores importantes sobre seguridad ciudadana», para elaborar los planes de prevención y de contravención del auge de la criminalidad.
Otra lectura del camuflaje inexplicable de las estadísticas de seguridad ciudadana oficiales y la acción del Estado de militarizar la materia, es el propio desbordamiento de la inseguridad y la poca capacidad de respuesta articulada desde el ente central con los diferentes organismos competentes regionales y locales, para contener la delincuencia.
Así, la renovación de un pacto de convivencia social y política, a partir del abordaje que propone el PNUD, citado por Paz Activa, para sociedades con una alta polarización, donde existe la violencia como una fórmula para resolver conflictos, verbigracia Venezuela, luce alterno para la construcción de convenios y acuerdos que tiendan a poder vivir en sociedad y disminuir los choques que obstruyen el logro de metas comunes, es decir el progreso de los venezolanos.
Por: Marianella Durán
@Ciudadano171
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