Ha transcurrido exactamente un año desde que el pasado 14 de septiembre de 2015, en horas de la madrugada, se activara la Operación Liberación del Pueblo (OLP) en el callejón Ayacucho del sector Santa Rosa de Agua, parroquia Coquivacoa del municipio Maracaibo. En el despliegue del operativo participaron un total de 480 funcionarios adscritos al Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).
Los uniformados ingresaron a las viviendas sin mostrar órdenes de allanamiento, infligieron malos tratos a los vecinos y decomisaron sus objetos personales. Durante el procedimiento resultaron 200 personas detenidas y 6 personas fallecidas, todos habitantes de la comunidad.
Entre las personas fallecidas fueron identificados los cuerpos de Oswaldo Moreno Olivares, Eduardo Molero, Jonathan Olivares, Jorge Luis Olivares y los hermanos Héctor y Néstor García Ortega. “Aún me pregunto, ¿por qué decidieron quitarle la vida a mi hijo?”, exclamó indignada Delia Ortega, madre de Oswaldo Moreno.
Asimismo, entre las personas detenidas se encontraba David Daniel Ortega Barroso, de 22 años, quien en su intento por no ser sometido a castigo durante el operativo policial fue arrestado y acusado de tenencia y distribución de estupefacientes. Por su parte Maricruz Barroso, madre de David Daniel, manifestó: “A mi hijo le sembraron 145 gramos de cocaína, el acta policial establece que fue detenido frente a un concurrido restaurante de la zona y con una actitud sospechosa, pero no fue así porque en ese momento él estaba en mi casa durmiendo junto a su hermano”.
El abogado Carlos González, miembro de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ) y representante de las víctimas, informó que la comisión prestaría asesoría legal a la familia Olivares para facilitar los procedimientos de formalización de denuncias correspondientes ante el Ministerio Público. También, advirtió que mientras no existan controles durante las ejecuciones de la OLP, los oficiales pueden hacer y deshacer a su antojo. En este caso, los funcionarios violaron el derecho a la propiedad privada, irrumpieron en casas sin ningún tipo de orden y golpearon a ciudadanos indefensos.
Meses después, CODHEZ acudió en compañía de los familiares de las víctimas a las instancias de la Fiscalía General de la República para solicitar su diligencia en la resolución del caso. El Ministerio Público designó al fiscal 76°, Alejandro Méndez, con competencia nacional en protección de derechos fundamentales, para conducir la investigación de los seis ciudadanos ajusticiados.
Ante las solicitudes, Elvimar Olivares, hermana de Jonathan y Jorge Luis Olivares, continúa escéptica frente al avance de las investigaciones. “Es evidente que ha existido un alto grado de obstrucción en el desarrollo de las investigaciones por parte de los organismos respectivos, y esto indirectamente origina que los responsables de la muerte de mis hermanos no sean procesados por dichos homicidios”, concluyó Elvimar.
En el caso del ciudadano David Daniel Ortega, tras pasar largos 9 meses de detención, en la audiencia se determinó que era inocente de los cargos que se le imputaban. “A Daniel se le acusaba de distribución de droga y en la audiencia se comprobó que la droga fue sembrada dentro de las instalaciones de los patios del Comando de la Policía Regional”, informó el abogado González.
A pesar de todas las dificultades que los habitantes de la comunidad de Santa Rosa de Aguas han venido atravesando, seguirán dispuestos a agotar todas las instancias posibles para que se haga justicia con sus víctimas, y al mismo tiempo retorne la paz y la tranquilidad en los coloridos espacios de esta histórica comunidad pesquera.
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