COFAVIC presenta un estudio sobre el grave fenómeno de los grupos parapoliciales en Venezuela, a través del análisis de 81 casos emblemáticos ocurridos entre el año 2000 y 2009 en los estados Distrito Capital, Miranda, Vargas, Aragua, Carabobo, Falcón, Guárico, Monagas, Portuguesa, Anzoátegui, Lara, Táchira, Yaracuy y Zulia.
Este estudio visibiliza un grave esquema de impunidad y un modus operandi como común denominador en el desarrollo de estas graves violaciones de los derechos humanos, cometidas por grupos parapoliciales. Las cifras reseñadas demuestran, de manera contundente, cómo las ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas, en su mayoría, son atribuidas a las fuerzas policiales y posteriormente son presentados generalmente por éstas como presuntos enfrentamientos.
Las víctimas son hombres jóvenes pertenecientes a estratos sociales muy vulnerables, quienes, en muchos casos, han sufrido delicados procesos de extorsiones y amenazas. Además, otros elementos comunes son los ataques y actos de hostigamiento que sufren las personas que deciden denunciar estos crímenes y buscar justicia.
En el estudio que presenta COFAVIC, la mayoría de las víctimas se encuentran en el rango comprendido entre los 18 y 30 años de edad, representando el 67% de la muestra, por su parte, las víctimas de entre 0 y 17 años de edad representan el 16%, seguido por el 17% de víctimas de violaciones con edades entre 31 y 50 años.
Del total de casos documentados, 93% de las víctimas directas resultaron ser hombres y 7% mujeres, muchas de ellas víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas o sometidas a torturas y tratos crueles. Esto configura un aumento que se hace visible desde el 2003 cuando, en un 6% en los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, las víctimas eran mujeres.
El 72% de las denuncias de casos de violaciones a los derechos humanos son presentadas por mujeres (madres, abuelas, hermanas o esposas de las víctimas), y en ello se puede fácilmente apreciar una feminización de la impunidad.
El 62% de los casos reportó la acción de funcionarios uniformados con distintivos propios de fuerzas de seguridad y, en el 34,6% de los casos, para la comisión de los delitos se utilizó el vehículo oficial del cuerpo de seguridad correspondiente.
Del total de casos analizados, en el 60,5% presuntamente participaron funcionarios policiales. En el 21% de los casos los delitos se atribuyen a presuntos funcionarios del CICPC, en el 12,3% a funcionarios de otros organismos de seguridad como la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Metropolitana, en el 2,5% de los casos a efectivos de la Fuerza Armada Nacional a través de la Guardia Nacional y en el 3,7% de los casos las víctimas y familiares no saben la identidad de los perpetradores del hecho.
Con relación al estado del proceso en las instancias internas, el 49,4% de los casos se encuentra en fase de investigación o preparatoria, es decir, en estos casos las víctimas no han visto a un juez. El 16% está en fase de juicio; el 13,6% en fase intermedia; el 4% en fase de ejecución con sentencia definitivamente firme y en el 17% de los casos las víctimas o familiares no han sido informados de los avances, puesto que han disminuido su seguimiento de la denuncia. Estas cifras reflejan que en el 96% de los casos aún no se ha condenado a los responsables del hecho.
Cada caso pasa un promedio de cuatro (4) años para llegar a una etapa procesal determinada. Sin embargo, COFAVIC ha acompañado casos en los que se tiene más de quince (15) años en etapa de investigación. Por ejemplo, en Aragua existen casos con seis (6) años en etapa preparatoria; en Carabobo un caso tardó seis (6) años en llegar a la fase intermedia, en Zulia un caso tardó once (11) años en llegar a fase de juicio y en Miranda un caso en tardó siete (7) años para que se dictara sentencia.
Vemos con profunda preocupación que en los últimos cuatro años han aumentado los casos de ejecuciones extrajudiciales bajo la modalidad de homicidios múltiples. También, en un número importante de casos, se reflejan víctimas de diferentes delitos contra los derechos humanos afectadas de manera directa. Algunas resultan asesinadas en la misma oportunidad, como ocurrió inicialmente en el caso de la familia Mendoza[i], en Portuguesa, o de forma progresiva diversos integrantes del núcleo familiar son asesinados, como en el caso de la familia Barrios,[ii] en Aragua. En otros casos las víctimas son detenidas ilegal y arbitrariamente y sufrieron violaciones directas a su derecho a la integridad personal.
Otro hecho demostrativo de este grave esquema de impunidad, es que un número creciente de familias afectadas en estos casos son obligadas a desplazarse de sus hogares, por efecto de las diversas amenazas y hostigamientos, lo cual acarrea un cambio brusco en su modo de vida con daños importantes a nivel físico y moral.
La práctica de detenciones ilegales y arbitrarias, seguidas de ejecuciones extrajudiciales, así como del uso excesivo e indiscriminado de la fuerza atribuible a los órganos de seguridad, es un fenómeno que se ha ido profundizando en Venezuela. El Ministerio Público ha reconocido que la mayoría de los responsables de estas acciones son miembros activos de organismos de seguridad que tienen una gran experiencia en detenciones y levantamiento de pruebas, lo que ha dificultado la identificación clara de los responsables[iii].
Por la magnitud de las actuaciones de los grupos parapoliciales en el país, diversos organismos del Estado han reconocido progresivamente la problemática, aunque lamentablemente esto no se ha traducido en una reducción significativa de la brecha de impunidad que ha prevalecido en estos casos.
[i] En su primera etapa, se relataban las acciones de un grupo de presuntos funcionarios adscritos a la policía regional del estado Portuguesa, quienes según el relato de los familiares de las víctimas, se valían de sus armas y uniformes de reglamento, para cometer delitos contra los derechos humanos, tales como asesinatos y desapariciones forzadas de jóvenes. Uno de los casos más emblemáticos en Portuguesa son los asesinatos de varios miembros de la Familia Mendoza. El 28 de noviembre del 2000, un grupo de funcionarios policiales del Estado Portuguesa allanó la vivienda de la familia Mendoza en Araure, llevándose detenidos a tres de los hermanos: Ender (16 años), Gonzalo (28 años)y Alexander Mendoza (25 años). Horas más tarde sus familiares los encontraron sin vida en la Morgue del Hospital J.M Casal Ramos, tal y como quedó demostrado en la sentencia de fecha 31 de agosto de 2005, dictada por el Tribunal Decimo Séptimo de Juicio del Área Metropolitana. El 15 de octubre de 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA otorgó medidas cautelares en favor de Mariela Mendoza Carvajal y Carlos Gilberto Mendoza Carvajal, junto a un grupo de familiares de víctimas de los grupos de exterminio que operan en Portuguesa, debido a las amenazas recibidas presuntamente por funcionarios activos adscritos a la Policía de Portuguesa. El 16 de julio de 2004, fue herida por arma de fuego en la puerta de su casa, en la población de Araure, estado Portuguesa, Mariela Mendoza, quien había asumido la denuncia pública de los asesinatos de sus hermanos. El 18 de mayo del 2010 fue asesinado por funcionarios policiales en su lugar de trabajo, el cuarto integrante de la familia, Elvis Mendoza.
[ii] En 1998, fue asesinado el primer integrante de la familia Barrios, Benito Antonio. El 11 de diciembre de 2003 fue asesinado Narciso Barrios por presuntos agentes policiales del Estado Aragua. Posteriormente, el 19 de junio de 2004 Jorge Barrios y Oscar Barrios fueron detenidos por una comisión policial y amenazados de muerte, además de golpeados a puntapiés en el rostro y el cuerpo. El 20 de septiembre de 2004 fue asesinado Luis Barrios en su casa en el estado Aragua. El 9 de enero de 2005, Rigoberto Barrios, otro integrante de 16 años de edad murió como consecuencia de múltiples impactos de bala, presuntamente causados por tres personas encapuchadas. La familia Barrios ha sido víctima, también, de amenazas, hostigamientos e intimidaciones; allanamientos, robo de enseres y quema de enseres; privaciones arbitrarias de su libertad; violación de domicilio; atentados contra su integridad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos les otorgó, el 24 de septiembre de 2004, medidas provisionales de protección de la vida y la integridad personal. El 28 de noviembre de 2009, el Sr. Oscar Barrios fue atacado por dos hombres vestidos con ropa de color negro y pañoletas de color negro, según las denuncias del mismo tipo que emplea la policía de Aragua para cubrir la cabeza, quienes sin dirigirle la palabra le dispararon en numerosas ocasiones. Este caso permanece impune en las instancias nacionales y por ello la Organización Justicia y Paz Aragua, y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) lo presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 14 de marzo del 2007. El 26 de julio del 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
[iii] Revista del Ministerio Público. Número II, Año III. Pág. 32. http://www.ministeriopublico.gob.ve/revista/revista_II/Default.html.
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