Hace más de seis años de los hechos que se conocen en el edo. Aragua como la “Masacre de Santa Rosa”, en la que murieron Mario Lindomar Buroz, Francisco Urelis Mora y Edgar Soterán Martínez, funcionarios de la Policía de Aragua, presuntamente abaleados por efectivos de una comisión de inteligencia de la Guardia Nacional (GN).
A las 11:40 pm del 03 de junio de 2005, Buroz, Mora y Soterán se encontraban en la calle Prolongación del barrio Santa Rosa, en Aragua, realizando un trabajo de inteligencia encomendado por la Fiscalía 19 del Ministerio Público, cuando recibieron múltiples disparos que les quitaron la vida.
Comunicado de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
El juez del Tribunal 5° de Juicio Mixto de Aragua, Nelson García, declaró la interrupción del segundo juicio iniciado en el caso de la masacre de Santa Rosa, lo que trae como consecuencia la anulación de lo actuado y la necesidad de iniciar nuevamente un tercer juicio. Con esta acción, se fomenta la impunidad al declarar la interrupción del segundo juicio de la masacre de Santa Rosa.
El pasado 24 de noviembre, día en que estaba fijada la continuación del juicio oral y público seguido en contra de César Omar Peña, Andrés Aguilera, Antonio José Galea y Adonai Rafael Díaz Molina, funcionarios de la GuardiaNacionalBolivariana, presuntamente responsables de la masacre de Santa Rosa en la que murieron Mario Lindomar Buroz, Francisco Urelis Mora y Edgar Soterán Martínez, funcionarios de POLIARAGUA, el juez Nelson García del Tribunal 5° de Juicio Mixto de Aragua, declaró la interrupción del juicio por no haberse reanudado el debate en el undécimo día desde la última suspensión. De conformidad con el artículo 337 del Código Orgánico Procesal Penal, “Si el debate no se reanuda a más tardar al undécimo día después de la suspensión, se considerará interrumpido y deberá ser realizado de nuevo, desde su inicio.”
La interrupción del juicio se debió a la incomparecencia de los abogados defensores privados, Manuel Biel Morales y Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, quienes estando debidamente notificados no acudieron al tribunal para participar en la continuación de juicio fijada para el 24 de noviembre de 2011.
Sin embargo, el juez Nelson García pudo declarar el abandono de la defensa y compeler a los funcionarios Antonio José Galea y Adonai Rafael Molina a nombrar otro defensor de su confianza o nombrar defensor público para garantizar la continuidad del juicio, pero no lo hizo.
El Ministerio Público solicitó también la separación de la causa para los acusados César Omar Peña y Andrés Aguilera, quienes sí estaban debidamente asistidos por su abogado defensor, presente en la sala, de manera que el juicio continuara para ellos, tal como lo prevé el Código Orgánico Procesal Penal.
No obstante, el juez Nelson García negó la solicitud sin dar ningún tipo de argumento jurídico para sostener su decisión.
Es importante aclarar que el primer juicio en este caso de la masacre de Santa Rosa comenzó el 22 de abril de 2009, pero se interrumpió el 29 de septiembre de 2009 debido a que la jueza Betty Alcántara, entonces titular del Tribunal 5° de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, fijó la fecha de juicio fuera del límite máximo que permite la ley, violando el principio de continuidad.
Posteriormente, el segundo juicio que se interrumpe el 24 de noviembre de este año comenzó el 20 de mayo de 2010, después de varias suspensiones.
En la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz estamos indignados ante la situación de impunidad que se vive en este caso. Como expresa Rafael Garrido Álvarez, abogado de la Red de Apoyo, quien acompaña este caso, “La interrupción del juicio fue, a todas luces, una estrategia de los abogados de la defensa para entorpecer la administración de justicia.
Lo que es aún más grave es que el juez Nelson García tomó y avaló la táctica dilatoria de interrumpir el juicio, quien pudiendo tomar medidas para evitar la interrupción, se abstuvo de hacerlo, vulnerando el debido proceso y los derechos de las víctimas.”
Asimismo, es alarmante la complicidad del Poder Judicial, que ha jugado un rol fundamental en la consolidación de la impunidad y, además, ha vulnerado flagrantemente los derechos de las víctimas, quienes siguen clamando justicia pese al dolor y al desgaste generado por la impunidad y la negligencia de los operadores de justicia.
Como organización de derechos humanos manifestamos nuestra profunda indignación por la impunidad que reina en este caso, pues a seis años de la ejecución de Mario Buroz, Edgar Soterán y Francisco Mora, funcionarios dela Policíade Aragua, sigue sin determinarse la presunta responsabilidad de los funcionarios dela Guardia Nacionalacusados por el Ministerio Público.
Los y las familiares esperan que los responsables sean sancionados penalmente. Felicia Hernández, hermana de Mario Buroz, pide al Gobierno Nacional que “coloque más visión sobre los tribunales de Aragua porque están viciados. Hay una parcialización total de parte del juez, Nelson García; nos sentimos burladas y maltratadas porque es la segunda vez que se interrumpe el juicio. Tenemos seis años y medio en la búsqueda de justicia y lo que queremos es algo muy sencillo: que se aplique la justicia y que contemos con el apoyo de las instituciones de Gobierno”.
La Redde Apoyo por la Justiciayla Paz exige una investigación y las sanciones a que haya lugar para el Juez Nelson García Morales, titular del Tribunal 5° de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, por contravenir el debido proceso, vulnerar los derechos de las víctimas, obstaculizar la justicia y actuar en contra de la ética profesional inherente a la administración de justicia.
