Con las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) el Gobierno venezolano exhibe a los delincuentes como un trofeo. Con base en esta acusación, el abogado y activista de derechos humanos, Rafael Narváez, exige que cesen los operativos y que se trabaje en una política integral de seguridad.
La OLP “es un grupo de exterminio que aplica la pena de muerte”, aseveró Narváez a Contrapunto.
¿Más de mil asesinatos a manos del hampa?
El revocatorio es importante y es un derecho, pero la agenda política está centrada en esta consulta y ha dejado a un lado el problema de la seguridad ciudadana, deploró Narváez. A su juicio, el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, en lugar de presentar un plan maestro con coordinación policial ha optado por violencia. “Los delincuentes trabajan las 24 horas y con tecnología de punta”, y eso debe ser combatido con inteligencia, señaló.
Aun cuando no hay cifras oficiales, Narváez dijo que extraoficialmente se supo de 535 homicidios en julio, 482 en agosto y 478 en septiembre: “Esa es la mortandad que asume la gestión de Reverol”.
El uniforme no salva
Los organismos de seguridad tampoco están a salvo de la delincuencia. En lo que va de año, afirmó, han sido asesinados 99 funcionarios en la Gran Caracas, además de 130 mujeres. El abogado llamó la atención acerca del ensañamiento del hampa contra las mujeres.
No obstante, sostuvo que el fracaso de las políticas de seguridad no puede ser excusa “para matar a la gente”. Se preguntó si las políticas de seguridad ciudadana “van a reposar en la matanza de los presuntos delincuentes”. Y sumó otra inquietud: si en los últimos tres meses del año aumenta la inseguridad, ¿de qué manera se va a afrontar?
