Con el propósito de revisar aquellos casos en las que están imputados campesinos o campesinas por presunta ocupación ilegal de tierras, la Defensoría del Pueblo convocó este miércoles una mesa de trabajo interinstitucional, en el estado Yaracuy, para establecer estrategias que permitan garantizar la protección, respeto y defensa de los derechos humanos de las comunidades del campo de la región.
La mesa fue presidida por el Director General de Atención al Ciudadano de la institución defensorial, Daniel Ramírez Carrillo, quien indicó que esta reunión busca estudiar las causas en las cuales los trabajadores y trabajadoras del campo son imputados por el delito de invasión, a pesar de detentar instrumentos administrativos que autorizan la permanencia, ocupación y tenencia de las tierras.
“Cuando el Inti (Instituto Nacional de Tierras) le otorga al campesino un acto administrativo, éste adquiere unos derechos para la ocupación de la tierra, pero se dan situaciones donde los propietarios denuncian a los campesinos de invasores”, explicó Daniel Ramírez.
El representante de la Defensoría del Pueblo aseveró que estas mesas de trabajo se han instalado en 10 estados del país y, de acuerdo al balance que maneja la institución defensorial, las entidades que presentan el mayor número de imputaciones son Zulia, Miranda y Guárico.
Asimismo, ratificó que se elevó al Ministerio Público la solicitud de revisar 458 causas en las que se está estudiando la posibilidad de otorgar un sobreseimiento de las mismas.
Por su parte, el Defensor Delegado de la región yaracuyana, Oscar Cedeño, refirió que la articulación de los organismos públicos es fundamental porque permite perfilar todos los esfuerzos para proteger los derechos y garantías constitucionales de las comunidades campesinas, lo cual redunde en la consolidación de la soberanía y la seguridad agroalimentaria.
El Defensor Delegado explicó que la Defensoría del Pueblo ha asumido la defensa de los derechos humanos de los campesinos de manera prioritaria y su sede regional realizará un seguimiento y evaluaciones periódicas de cada unos de los casos que se presentan en el estado.
Finalmente, Ricardo Bravo, Fiscal 60 Nacional, apuntó que “han disminuido algunas imputaciones a nivel nacional, porque hay una coordinación con el Instituto Nacional de Tierras, ente rector en esta materia, al momento de entregar los instrumentos administrativos”.
Bravo explicó que estas reuniones han permitido establecer algunas estrategias conjuntas en pro de garantizar el derecho a la tierra a los hombres y mujeres del campo.
A la cita asistieron representantes del Ministerio Público, Defensa Pública, Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, cuerpos de seguridad del Estado, entre otros. Dp;27.07.2011
