Entre el asesinato del primero y el último miembro de la familia Barrios pasaron 14 años, 8 meses y 17 días. Los 27 sobrevivientes de este núcleo familiar aún esperan que se haga justicia por la muerte de los 10 parientes y que el Estado cumpla con su obligación de garantizarles la vida.
A Eloisa Barrios aún se le quiebra la voz cuando recuerda cada uno de los episodios y las circunstancias en las que sus familiares fueron asesinados. Ella es hermana de cuatro de las víctimas y tía de seis.
Además del luto, sobre sus hombros también recae el peso de una batalla legal que ha librado contra la justicia sin éxito y que ha llevado a instancias internacionales a pesar de los obstáculos.
Teme por su vida, pero asegura que no descansará hasta que se haga justicia.
“Hemos vivido en varios sitios, hemos tenido que dejar el lugar donde vivimos, movernos constantemente porque en vista de que el Estado no ha cumplido con las medidas de protección, uno toma las previsiones y busca resguardarse”, dijo Barrios.
A siete de las víctimas de su familia las mataron en Guanayen, un pueblo al sur de Aragua. Dos más murieron en Cagua y el primero de ellos fue hallado muerto en el hospital de Barbacoa, también en ese estado.
En la población donde todo comenzó sólo quedan cuatro miembros de esa familia, de los cuales tres son menores de edad.
El abogado Luis Aguilera, que ha sido el apoyo legal de la familia Barrios, considera que todo lo que ha ocurrido a raíz del asesinato de Benito Antonio Barrios en 1998 es consecuencia de la impunidad que hay en Venezuela: “El Estado ha violado las ocho resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no ha garantizado la vida de los integrantes de la familia Barrios, tampoco se les ha indemnizado y ocho de los expedientes apenas están en fase de investigación”.
Aguilera señaló que el Estado está obligado a diseñar las medidas de protección que debe adoptar para proteger a los Barrios, pero en la última audiencia, celebrada el 29 de mayo en San José, Costa Rica, el representante de Venezuela ante el Sistema Interamericano, Germán Saltrón, se excusó diciendo que el Estado no podía protegerlos a todos porque no tenía la dirección exacta de las 27 personas que quedan de la familia.
“Vivimos preocupados, en zozobra. De noche casi no dormimos pensando que en cualquier momento nos llamarán para decir que mataron a otro de nuestra familia. Yo le pido al Estado que se haga justicia y que todo se aclare porque han pasado tantos años en esta lucha y no hemos encontrado protección. Yo considero que desde el asesinato de mi hermano Luis Alberto Barrios, las demás muertes han sido por venganza, por las denuncias que hemos hecho”, dijo la mujer en su casa en la capital de Aragua.
Los representantes legales de la familia Barrios organizan un documento con todos los datos y direcciones actualizadas de los miembros que deben ser protegidos por el Estado y lo consignarán ante la CIDH para dejar registro de lo solicitado por Saltrón.
Sin embargo, aún esperan que el Gobierno pueda garantizar que a los hombres de la familia que quedan no les ocurra nada. De los hermanos de Benito, Luis, Narciso y Juan José sólo queda vivo Pablo Barrios. A Eloisa le preocupan su hijo Víctor Daniel y algunos de sus sobrinos mayores.
Una familia de víctimas
–Benito Antonio Barrios, de 28 años de edad: Lo mataron el 28 de agosto de 1998. Su cadáver fue hallado en el hospital de Barbacoa, estado Aragua.
Por este homicidio fueron imputados por la comisión del delito de homicidio intencional en grado de responsabilidad correspectiva tres funcionarios de la policía de Aragua, identificados como Alexis Mujica, Amílcar Henríquez, Carlos Sandoval y Rizzon Superlano, pero no han sido enjuiciados.
-Narciso Barrios, de 22 años de edad: Lo mataron el 11 de diciembre de 2003. Tres policías de Aragua se lo llevaron detenido en Guanayén y lo mataron frente a una licorería. Por este caso fueron enjuiciados y sentenciados los funcionarios José Riasco, Leomar Mendoza. Un tercero aún espera sentencia.
-Luis Alberto Barrios, de 24 años de edad: Lo mataron el 20 de agosto de 2004 en la noche. Salió porque escuchó ruidos fuera de su casa y le dispararon cuando abrió la puerta. Su cuerpo quedó en la puerta de la vivienda. No hubo testigos del hecho.
-Rigoberto Barrios, de 16 años de edad: Murió el 19 de enero de 2005 después que estuvo recluido nueve días en un hospital. Le dispararon unos hombres vestidos de negro.
-Oscar Barrios, de 22 años de edad: Lo mataron el 29 de noviembre de 2009 cuando iba con un amigo en una camioneta al Club San Francisco.
-Juan José Barrios, de 26 años de edad: Lo mataron el 28 de mayo de 2011. Su cadáver fue hallado en una laguna en Guanayen. Era hermano de Benito, Narciso y Luis Alberto Barrios.
-Wilmer José Barrios, de 17 años de edad: Era hermano de Rigoberto Barrios. Lo mataron el 11 de septiembre de 2011. Hombres armados le dispararon cuando salía de un río en Guanayen.
-Víctor Tomás Barrios, de 17 años de edad: Lo mataron el 9 de septiembre de 2012 a 20 metros aproximadamente de su casa en Cagua, estado Aragua.
-Jorge Barrios, de 24 años de edad: Lo mataron el 15 de diciembre de 2012. Salió con un primo a buscar una torta de cumpleaños y le dispararon por la espalda cuando iba de parrillero en una moto. Era hijo de Benito Barrios.
-Roni David Barrios, de 17 años de edad: Lo mataron el 15 de mayo de 2013. Su cadáver fue hallado en una vía del sector La Oficina de Guanayen. Es el único que ha muerto por heridas de arma blanca, específicamente un hacha. Lo consiguió muerto su hermano menor. Era hijo de Luis Alberto Barrios.
Caso emblemático
En Venezuela, la organización Cofavic ha respaldado a los miembros de la familia Barrios para que se haga justicia y cesen las amenazas y homicidios en su contra. “El caso de la familia Barrios es atípico por el incremento de la violencia que hubo durante el litigio internacional.
Llegó a esas instancias por tanta impunidad y por el proceder de los grupos parapoliciales en Aragua, aunque este conflicto no ha sido exclusivo de ese estado, pero que en Venezuela el fenómeno tiene que ver con la debilidad institucional”, dijo Liliana Ortega, directora de Cofavic.
La defensora de derechos humanos señaló que han catalogado el caso como “el exterminio de la familia Barrios”, debido a la cantidad de personas que han sido asesinadas y amenazadas en varias circunstancias y situaciones.
Ortega denunció el recrudecimiento de la violencia después de la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de los Barrios porque después de la emisión de medidas provisionales de protección fueron asesinados ocho de las diez víctimas. (Thabata Molina, El Nacional, 10.06.13)
