Las órdenes eran simples. “Si hay que disparar, se dispara; si hay que matar, se mata”, reveló un funcionario de la Brigada Motorizada de la Policía Nacional Bolivariana que participó en los operativos de la Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP).
“Antes de entrar al barrio nos reunimos afuera, todo sospechoso se para a la derecha, lo revisamos”, dijo el funcionario en declaraciones exclusivas a El Nacional Web. También destacó que si los delincuentes abrían fuego contra los oficiales, ellos responderían de la misma manera sin dudarlo ni un segundo. Es la norma. Si debían darle de baja, también lo harían.
Los allanamientos sin orden judicial y las ejecuciones extrajudiciales son dos de las denuncias que desenmascaran violaciones de las garantías universales, perpetradas durante las acciones de la OLP.
Sobre las inspecciones irregulares, el funcionario de la PNB, que prefirió mantenerse en el anonimato por miedo a represalias, señaló que cuando un antisocial es visto cometiendo un delito «la policía tiene toda la autoridad de ingresar al espacio donde ocurre el delito sin necesidad de una orden de cateo”. “Entrar porque si, no se puede”, advirtió.
Aseguró que es complejo que un funcionario de su núcleo dé de baja. “Automáticamente, si alguien hace esto durante un procedimiento se mete en problemas. Para que un efectivo mate a alguien debe cumplirse la ley de proporcionalidad: si el delincuente dispara, el funcionario dispara. Así sea mala conducta, así sea la peor persona de este país, no se debe disparar antes de un ataque”, indicó.
Otras fuerzas de seguridad encaran a la ciudadanía
De acuerdo con el funcionario, “los militares se ocupan de la defensa de la nación y la Ley del Estatuto Militar les permite ejercer cargos de defensa ciudadana, en el sentido de patrullaje de barrios”. Sin embargo, su entrenamiento no es el mismo que recibe un policía, por lo que son vulnerados los derechos de los vecinos de las zonas cuando se realizan redadas.
“Siempre, entre policías y militares, ha existido ese roce. Ellos quieren cumplir funciones netamente policiales”, manifestó.
Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, aseguró que la participación de las fuerzas militares en los procedimientos de la OLP son una violación a la Constitución, que estable que los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil.
Sin rigor legal
La noche del 10 de junio de 2016, un operativo de la OLP causó terror en el barrio Agricultura de Petare Norte, en Caracas.
Luego de un día en el que se registraron saqueos en diversos comercios de La Urbina y Palo Verde, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanaron diversas casas y apuntaron con armas largas a sus residentes.
Una de las afectadas relató que alrededor de las 9:00 pm los uniformados ingresaron a su casa y arrodillaron a su familia. «Pensé que nos iban a matar allí mismo», confesó.
Luego de recorrer el sitio, fotografiar sus documentos de identidad e interrogarlos sobre datos personales, tomaron de rehén a la mujer para entrar en otras casas.
Las familias víctimas del episodio aún temen. Existen otras personas que sufren violaciones generalizadas de sus garantías como ciudadanos durante otros operativos.
La militarización de las políticas de seguridad ciudadana y la ausencia de mecanismos internos y externos de control a la actuación de las policías y militares figuran como las principales causas que impulsan la violación de derechos en la Operación y Liberación del Pueblo.
El Nacional
