Las Operaciones de Liberación del Pueblo, plan de seguridad que implementó el gobierno nacional para la pacificación de las zonas afectadas por la inseguridad, se ha vuelto un buzón de acusaciones por violaciones a derechos fundamentales en vez de ser un procedimiento que le brinde tranquilidad a las barriadas populares.
Durante estos operativos de seguridad se hicieron rutinarios los allanamientos, las detenciones arbitrarias y, el más denunciado por las organizaciones en defensa de los derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales.
El sociólogo Roberto Briceño León aseguró que este tipo de respuestas violentas son el tipo de acciones que la gente espera contra la delincuencia. Sin embargo, denuncias sobre las “bajas”, como se conoce en el argot militar, es que en la mayoría de los casos las víctimas no eran personas asociadas a ningún tipo de delito o banda delictiva.
Organizaciones como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) publicó en su informe anual de 2015 que además de las 245 personas asesinadas durante los procedimientos de la OLP hubo 460 casos de violación al derecho a la vida.
En otro documento, publicado en conjunto con Human Right Watch, la ONG recibió la denuncia de al menos 20 asesinatos a personas que no se les dio ni el derecho de ser procesadas ante la justicia.
El allanamiento
Entre los casos denunciados por Provea figura el de los hermanos Jonathan y Jorge Luis Olivares , de 32 y 31 años, respectivamente, quienes fueron ultimados durante un procedimiento de las Operaciones de Liberación del Pueblo.
En la madrugada del 14 de septiembre de 2015, Jonathan y su esposa Yamileth Núñez fueron atacados en su casa, por sorpresa, por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc). El operativo se realizó en el sector de Santa Rosa de Aguas en Maracaibo, estado Zulia.
Por la forma en la que entraron al lugar, la esposa de Jonathan pensó que todo se trataba de un robo. “Ellos, que no tenían ningún tipo de identificación, llegaron disparando y violentando rejas y ventanas. Estábamos con nuestra hija de 4 años, que por ser tan pequeña dormía con nosotros en ese momento”, relató Núñez.
El mayor de los hermanos Olivares fue sometido, encapuchado y sacado por la fuerza por los funcionarios de seguridad.
A pocos metros de la casa, vivía Jorge. Yamileth, después de la captura, llamó al hermano de su esposo para solicitarle ayuda.
Según información de los vecinos de la zona, en la entrada de la urbanización de Santa Rosa de Aguas hay una caseta de la policía regional del estado Zulia, razón por la que Jorge, sin pensarlo mucho, se dirigió al lugar para solicitar ayuda.
Al salir de la casa, los funcionarios de seguridad se percataron de la presencia de Jorge por lo que decidieron aplicar el mismo procedimiento. Al igual que su hermano, fue capturado amordazado y encapuchado por los funcionarios de seguridad.
Los mismos testigos de la zona aseguraron que los hermanos Olivares fueron subidos a una camioneta que pertenecía al Cicpc. Fue la última vez que se les vio con vida.
“Fue una equivocación”
La mañana siguiente, los familiares de los hermanos Olivares salieron a su búsqueda porque no se sabía nada desde que fueron detenidos durante el procedimiento de la OLP en el sector.
Al no tener respuesta por parte de las autoridades, la familia Olivares acudió al lugar menos deseado para buscar a una persona: la morgue, donde se encontaba el cuerpo de Jonathan Luis Olivares Calixto, quien era técnico de mecánica diésel. La hora aproximada de muerte fue a las 4:00 am, cuando fue detenido por los funcionarios de seguridad.
Para ese momento la situación empeoró. A los familiares de Jonathan les informaron que el cadáver de Jorge Luis Olivares Calixto, ingeniero de Pdvsa por más de 12 años, también se encontraba en la morgue. Murió a la misma hora que su hermano.
Luego de incontables solicitudes y un par de reuniones con el gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, los familiares de los hermanos Olivares no han podido exigir que se continúen con las averiguaciones en el caso o que se determine cuál fue la razón para la ejecución de estas personas, que no estaban implicadas en hechos delictivos.
“Nos dicen ‘que todo fue equivocación’, con la única intención de que nos resignemos a los hechos. Ningún funcionario quiere hablar porque entre ellos, según nos dijeron, ‘no se pisan la manguera”, expresó Elvimar Olivares, hermana de las personas asesinadas, en una entrevista a El Nacional Web.
Cabos sueltos
Elvimar ha sido una de las personas que más ha solicitado que continúen las investigaciones acerca del asesinato de sus hermanos.
“Hemos pedido que se haga seguimiento a este caso pero se han presentado retrasos en el proceso. Entre los retrasos está el cambio de tribunales y fiscal, no proceder a la exhumación de los cuerpos para los exámenes y la evidente falta de interés de las autoridades por llegar a una conclusión”, dijo.
Elvimar también fustigó que el día que allanaron la casa de uno de sus hermanos, y de las otras personas de la urbanización, la actitud de los funcionarios de seguridad no era precisamente la de estar realizando un procedimiento de pacificación o de detención de algún criminal.
“La esposa de mi hermano aseguró que los policías ingresaron destruyendo todo y hasta se llevaron muchas de las cosas que había dentro de la casa. Cuando solicitaban que les dieran agua y se les negaba, porque no había, eran mucho más violentos”, resaltó.
La hermana de los Olivares declaró que la zona de Santa Rosa de Aguas, que está poblada en su mayoría por pescadores, sólo presenció un procedimiento de la OLP el día que mataron a sus hermanos.
“No te voy a mentir, Santa Rosa de Aguas es una zona peligrosa, pero eso no quiere decir que todos ahí seamos delincuentes”, agregó.
El procedimiento de ese día dejó 5 personas fallecidas y más de 200 detenidas, de las cuales sólo una fue procesada. Según la información oficial, fue por posesión de droga, aunque testigos afirman que la sustancia “fue sembrada”.
“Esa persona que fue procesada tenía a su padre como testigo del hecho. Lo sospechoso es que el testigo fue asesinado semanas después durante un presunto robo”, testificó Elvimar.
Hasta la fecha ninguna de las ejecuciones extrajudiciales ha sido tomada en cuenta por las autoridades gubernamentales, luego de que el Ministerio Público no especificara si existen investigaciones penales contra los funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado.
Los familiares de las víctimas sólo exigen justicia y esclarecimiento de un procedimiento de la OLP que terminó destruyendo más de lo que construyó.
El Nacional
