La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización social que defiende y promueve los derechos humanos en Venezuela desde hace 30 años y que atiende a víctimas y familiares de víctimas de abusos policiales y militares, hace pública la nota de la familia Franco Suárez a propósito de cumplirse dos años de la desaparición forzada de Juber Adolfo Franco Carmona y Lilia de Jesús Suárez Guarín y se solidariza con sus hijas e hijos en su búsqueda de justicia por las violaciones de derechos humanos de las cuales fueron víctimas sus padres. Manifestamos nuestra profunda preocupación por este hecho. Este delito se considera no sólo como una violación al derecho a la vida, sino también como una de la más graves violaciones de los derechos fundamentales de una persona. Este delito está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 45, donde lo prohibe. Han transcurrido dos años y se desconoce el paradero de Lilia y Juber.
A continuación compartimos la nota:
“El ocho de junio del año 2013 son víctimas de desaparición forzada nuestros padres de nacionalidad colombiana: Lilia de Jesús Suárez Guarín y Juber Adolfo Franco Carmona, hechos ocurridos en territorio venezolano, en la Ciudad de Rubio, Municipio de Junín, Estado Táchira. Allí residían nuestros padres desde hacía dos años, cuando fueron sacados de su vivienda por presuntos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Desde el día de su desaparición hasta el momento, no hemos cesado en buscarlos y de exigirle al gobierno venezolano que esclarezca los hechos que rodearon la desaparición de nuestros padres.
El caso ha pasado ya por 4 fiscales del Ministerio Público, lo que ha ocasionado retrasos en la investigación. Algunas de las diligencias que se solicitaron por parte de la familia durante el primer año no fueron realizadas oportunamente y el caso estuvo sin ningún tipo de gestión durante 9 meses entre el año 2013 y el año 2014, tiempo en el que se notó poco interés por resolverlo.
Actualmente el caso se encuentra en una fiscalía con Competencia en Derechos Fundamentales y aunque se han logrado algunos avances en la investigación en los últimos 10 meses, en abril del 2015 nos encontramos con la noticia de que el fiscal que llevaba la causa fue cambiado por un fiscal provisional, lo cual ocasiona más retrasos en la investigación. Por lo tanto solicitamos al Ministerio Publico la celeridad en las diligencias actuales, las cuales pueden llevar al esclarecimiento de los hechos.
Hemos acudido a diferentes instituciones con el fin de denunciar el caso como: Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Dirección General Nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Sub-Delegación del CICPC del Estado Táchira, Comisión Nacional para los Refugiados, Servicio de Jesuitas para Refugiados, Dirección Política de la Gobernación del Estado Táchira, Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, FEDEFAM, PROVEA, entre otros. Además de organizaciones en Colombia y España.
Solicitamos igualmente a las personas que los hayan visto o tenga información sobre nuestros padres comunicarse a los teléfonos: (0212) 574.80.05 / 574.54.74 / 574.28.45
Hoy se cumplen dos años de la desaparición forzada de nuestros padres, y el dolor, la frustración e impotencia nos invade al no hallarles. Sin embargo, la esperanza sigue y nuestros esfuerzos por encontrarles no desfallecen, por eso hoy 8 de junio en su aniversario hacemos nuevamente un llamado al gobierno venezolano y al Ministerio Público para que las investigaciones lleguen al resultado que queremos: encontrarlos. Seguiremos en este camino buscándolos y exigiendo justicia para nuestros padres.
NO MÁS DESAPARECIDOS NO MAS IMPUNIDAD
HIJAS E HIJOS DE LILIA Y JUBER”
