No solamente en las cárceles hay mafias. En las comisarías, los funcionarios también se aprovechan de las situaciones para hacer dinero, informa un reportaje del diario Tal Cual. El negocio comienza desde que detienen, probablemente de forma arbitraria, a una persona e intentan cobrarle a cambio de dejarla en libertad.
El caso de los tres fallecidos de la División de Aprehensiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, ubicada en El Rosal, destapó en gran medida lo que se vive en los retenes policiales del país.
«Hay una serie de privilegios que sólo tienes si cancelas una suma de dinero. Por ejemplo, te ponen en celdas con prisioneros que no sean de peligrosidad o en las que haya menos gente, te permiten ver a tus familiares, te trasladan a donde te tengan que trasladar, te dan acceso a una cama o a una colchoneta… Todo tiene un precio. Es una situación bastante similar a la de los recintos penitenciarios», explica Rafael Uzcátegui, investigador de Provea.
La abogada de la Red de Apoyo para la Justicia y la Paz, Laura Roldán, estima que los efectivos pueden cobrar más de mil bolívares para que la persona no sea detenida o cada vez que los familiares quieran visitarla.
«Son hasta Bs. 5 mil para que el juez no se entere de este proceso», dice al tiempo que aclara que en su ONG no han recibido a ciudadanos que denuncien directamente extorsiones, pero que siempre hacen referencia a situaciones de este tipo.
«Esto no es algo nuevo, ha existido desde siempre. Hace muchísimos años, cuando teníamos el Código de Enjuiciamiento Criminal, los familiares tenían que pagar para que no detuvieran a sus hijos antes de pasar a tribunales y para tener acceso al debido proceso. Este delito, hoy en día, es una práctica reiterada por estos cuerpos que siempre tratan de negociar con el detenido. Si no tienen el dinero, van presos tengan o no tengan responsabilidad en la detención. Lo peor es que se hace con la complicidad de los comisarios y de los jefes», añade.
CON SUS PROPIOS OJOS
Los hechos hablan por sí solos. En noviembre del año pasado, el presidente de la Fundación para las Garantías, Prevención y Defensa de los Derechos Humanos, Luis Ugas, estuvo detenido en las divisiones de capturas de Barcelona y de El Rosal, en Caracas.
«Cuando llegué al Cicpc de Barcelona me rompieron la frente con un cachazo y me metieron en un calabozo de 2×1 con 23 personas. Dormí tres noches parado y ahora tengo los pies hinchados y me salió una infección», denunció en aquel momento.
A los cuatro días, lo reubicaron en El Rosal. «Ahí fue peor. Es un cuartito de 4×2 con 78 personas. Dormí abrazado con un hombre durante un día y una noche. Eso lo que crea es violencia porque ni siquiera nos pasan comida ni tenemos baño», aseguró.
Ugas señaló entonces que en ese sitio de capturas hay clasificación, pero no precisamente por grado de delito, sino por dinero. «Hay dos calabozos para malandros y dos para los que tienen plata que deben pagar Bs. 3.500 semanales. Esos tienen televisores y DVD. Hay 43 presos ahí, así que el director de ese lugar y sus funcionarios se deben meter como Bs. 700 millones al mes», estimó. (Patty Fuentes, Tal Cual, 03.06.11)
