La Defensoría del Pueblo de Venezuela y la Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ratificaron su compromiso de seguir reforzando la protección de los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de esta condición en el país.
De acuerdo con un boletín de prensa del organismo internacional, el acuerdo apunta a profundizar los procesos de formación de los funcionarios de la Defensoría, Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de cuerpos policiales a nivel nacional, estatal y municipal, considerando la importancia del rol de estos entes de seguridad en los procesos migratorios.
En el convenio mutuo también se insta a reforzar la presencia institucional en la oficina de la Defensoría, ubicada en San Antonio, estado Táchira, ya que por su posición geográfica estratégica, constituye uno de los principales puntos de movimientos migratorios en la frontera entre Colombia y Venezuela.
Además se proponen jornadas de seguimiento conjunto a los protocolos de actuación institucional, a fin de garantizar el principio de «no devolución», el cual establece que ninguna persona refugiada o solicitante de dicha condición puede ser devuelta bajo ningún concepto a su país de origen, en el caso de que su vida o integridad corran peligro.
En este contexto, Tarek William Saab, defensor del Pueblo, reafirmó que mediante este convenio ambos organismos se comprometen a afianzar la atención de personas refugiadas en el país, en materia educativa, alimentaria y legal, especialmente ante casos en riesgo de deportación.
Por su parte, Monica Sandri, representante de Acnur, resaltó que de acuerdo al objetivo principal de esta institución en la protección efectiva de los Derechos Humanos, «es natural y prioritario reforzar la cooperación con la Defensoría cada vez más para proteger a los refugiados y solicitantes en Venezuela», dijo. (AVN, 13.01.2016)