El Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) solicitó al Banco Central de Venezuela (BCV) actualizar, informar y publicar el Índice Nacional del Precio al Consumidor (INPC) y el índice de escasez, datos que se desconocen desde diciembre y febrero del 2014, respectivamente.
A través de un derecho de petición Provea solicitó a Nelson Merentes, presidente del BCV, cumplir con el mandato establecido en el artículo 319 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), que establece la obligación del principal ente emisor del país en el sentido de rendir informes periódicos “sobre el comportamiento de las variables macroeconómicas del país y sobre los demás asuntos que le soliciten, e incluirán los análisis que permitan su evaluación”.
El desconocimiento de esta información tiene un impacto negativo en la calidad de vida de los venezolanos, quienes tienen derecho a una vida digna y al ejercicio de la contraloría social y acceso a la información. Conocer estos índices macroeconómicos es fundamental para que organismos públicos y privados puedan tomar decisiones de naturaleza económica que inciden en las condiciones de vida de la población.
La falta de esta información impide el cumplimiento del mandato constitucional sobre el derecho humano que tienen trabajadores y trabajadoras del país a un salario suficiente para vivir con dignidad y cubrir para sí y para sus familias las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. La ausencia de las cifras impide además que el cálculo del salario mínimo vital de los venezolanos se haga tomando como referencia el costo de la canasta alimentaria.
Ante la falta de información, trabajadores y trabajadoras ven afectado sus derechos como la indexación y los ajustes salariales periódicos contemplados en las contrataciones colectivas para los que es necesario conocer el porcentaje de inflación.
Han transcurrido ocho meses desde que inició el 2015 y hasta la fecha no se ha publicado el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
El índice de escasez no se publica desde febrero del 2014, más de un año sin que la población tenga información de una fuente oficial sobre la situación de escasez en el país, generando mayor incertidumbre y un impacto real y psicológico que afectaría la estabilidad de la economía.
Antecedentes:
El pasado 4 de agosto el TSJ declaró inadmisible la demanda por abstención o carencia que introdujo la organización Transsparencia Venezuela contra el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, por incumplir la obligación de rendición de cuentas establecida en la Constitución y la opacidad generada por la no publicación de las principales estadísticas del país tal como lo establece el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela.
