Tras la enésima masacre en una cárcel venezolana, esta vez en la Cárcel Nacional de Maracaibo, conocida como cárcel de Sabaneta, Amnistía Internacional urge a las autoridades venezolanas a priorizar la resolución del problema del hacinamiento y de la violencia en las cárceles del país.
Según informes de prensa, luego confirmados por las autoridades, el 16 y 17 de septiembre internos de la cárcel de Maracaibo en el estado Zulia se enfrentaron usando armas de fuego y explosivos causando la muerte de 16 detenidos y 5 heridos.
Según información proporcionada por una organización local de derechos humanos, el Observatorio Venezolano de Prisiones, la cárcel tiene capacidad para 700 personas, pero alberga a casi 3,700.
La misma organización ha contabilizado que en lo que va del año 69 detenidos han fallecido en la sola cárcel de Sabaneta a causa de la violencia que allí se vive, y 289 personas a nivel nacional en los primeros seis meses de 2013.
Estas cifras dejan una vez más de manifiesto la crisis penitenciaria en Venezuela y las condiciones de hacinamiento y de violencia vividas por muchas personas privadas de libertad.
Es inaceptable que en los centros penitenciarios de Venezuela algunos detenidos tengan acceso tan fácil a armas de fuego y constituyan un peligro tan grave para los demás presos.
En julio de 2011, el gobierno instituyó el Ministerio de Servicios Penitenciarios para buscar una solución al problema del sistema carcelario, que va desde el hacinamiento crónico y la falta de acceso a atención médica adecuada, hasta las demoras extremas en la administración de justicia y la inexistencia de un sistema independiente de inspección de centros penitenciarios.
Amnistía Internacional vuelve a instar a las autoridades venezolanas, y en particular el Ministerio de Servicios Penitenciarios, a tomar acciones urgentes para enfrentar esta grave situación.
Es imprescindible que se pongan en práctica medidas para resolver la situación de hacinamiento a través de la provisión de infraestructura y servicios adecuados a las necesidades y en línea con los estándares internacionales, como las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos, y asegurarse que los presos vivan en condiciones de dignidad y se preserve su seguridad e integridad física.
También es urgente que se tomen acciones concretas para prevenir y sancionar la violencia entre reclusos e incluir medidas para poner fin a la posesión de armas de fuego y explosivos.
Las autoridades deben asegurar que haya suficiente personal capacitado en los penales y que se investigue y sancione a los responsables del ingreso de armas a las cárceles. (Prensa Amnistía Internacional, 20.09.13)